La geóloga Adriana Luna estudió el cruce entre proyectos mineros y veranadas ancestrales. Su conclusión no plantea expulsar actividades, sino incorporar a crianceros y mineras a las decisiones sobre el territorio.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Una tesina analiza la coexistencia entre minería y trashumancia en los Altos Valles de Calingasta. Adriana Luna sostiene que el problema no es un conflicto abierto, sino reglas que no evolucionaron al ritmo del territorio y propone fortalecer la participación binacional de los actores involucrados.
Adriana Luna empezó a hacerse preguntas mientras subía a los proyectos mineros de San Juan. En el camino se cruzaba con crianceros, muchos de ellos llegados desde Chile, y preguntaba por su realidad. Más tarde los encontraba mencionados en los informes de impacto ambiental, pero siempre de forma superficial. Esa presencia invisible en los papeles terminó convirtiéndose en el eje de su Tesina de Especialización en Derecho Ambiental: entender qué ocurre cuando una práctica trashumante de larga historia y la minería moderna ocupan sectores de la misma cordillera.
Su punto de partida no es enfrentar ambas actividades. “En nuestra investigación concluimos que no existe un conflicto real, pero sí una modificación de lo que originariamente eran las veranadas”, explicó a ACERO Y ROCA. La diferencia que plantea Luna es central: “No es lo mismo coexistir que convivir. Convivir implica compartir espacios, tiempos y actividades; coexistir es ocupar el mismo territorio sin necesariamente interactuar. Hoy minería y trashumancia coexisten, pero no conviven”, sostuvo.
“La presencia minera trae mayor control ambiental, pero también nuevas reglas de juego que es necesario acordar”.
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Las reglas no avanzaron al ritmo de la minería
La frontera entre San Juan y Coquimbo no carece de instrumentos legales. El Tratado sobre Medio Ambiente de 1991 estableció cooperación ambiental entre Argentina y Chile, mientras el Tratado de Integración y Complementación Minera de 1997 creó un marco específico para proyectos transfronterizos. San Juan cuenta además con la Ley 1191-J, que aprobó el Acta Acuerdo de Reunión Técnica de Veranadas.
El problema que encuentra Luna está en otra parte. “Las condiciones de las veranadas son acordadas por los organismos de cada Estado, sin participación de los actores directamente involucrados: mineras y crianceros”, señaló. Por eso evita hablar de un vacío legal absoluto. “No podría hablar de ‘vacíos legales’ específicos porque no hice un análisis exhaustivo de todas las normas, pero sí puedo decir que la institucionalidad de la trashumancia no avanzó al mismo ritmo que la minería”, añadió.
Caminos, pasturas y operaciones: dónde puede aparecer la fricción
“La actividad minera transforma el territorio y esa transformación puede afectar las rutas y pasturas de los crianceros”, explicó la licenciada. Pero su investigación también encontró impactos asociados a la propia actividad ganadera: “En muchos casos la actividad criancera genera presión sobre el ecosistema, con sobrepastoreo, pérdida de suelo y cambios en la fisonomía del hábitat”.
“Hay que diferenciar los impactos de cada actividad porque tienen dimensiones diferentes”, sostuvo. Desde su interpretación, la presencia minera también puede aportar monitoreo y rehabilitación ambiental “siempre que haya acuerdos claros”. Esos acuerdos se vuelven especialmente importantes cuando una ruta tradicional o un ruco utilizado durante las veranadas queda dentro del área de influencia directa de una operación. “Esos son quienes deberían acordar los lugares de acceso”, planteó Luna sobre crianceros y empresas.
La tesina no propone crear una nueva institución ni presenta un diseño cerrado de gobernanza. Lo que identifica es una estructura que ya puede funcionar como punto de partida. Luna menciona los Comités de Frontera y el Comité de Integración Paso Agua Negra, y plantea que esos ámbitos deberían ampliarse. “Mi aporte es señalar que esos mecanismos deberían fortalecerse e incluir a los actores directamente involucrados”, explicó. En esa mesa deberían sentarse crianceros, empresas mineras, gobiernos provinciales y regionales y organismos ambientales.
El cambio que considera más urgente
A esa participación suma capacitación ambiental y cultural para ambas actividades y el fortalecimiento de los organismos encargados del control. El desafío que deja su investigación está, entonces, en el territorio: proyectos mineros y trashumancia continuarán utilizando la alta cordillera. La discusión pendiente es quiénes participan cuando se deciden los accesos, los tiempos y las condiciones bajo las cuales ambas actividades pueden seguir ocupándola.
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Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en Comunicación Política y Medios Digitales. Se desempeña, desde hace más de 8 años, en periodismo, comunicación digital y gestión de redes sociales. Actualmente forma parte de Acero y Roca, medio especializado en la actualidad minera. Su trayectoria combina el trabajo periodístico con la comunicación estratégica y la creación de contenidos.