La administración encabezada por el presidente Donald Trump concretó la primera subasta comercial de áreas para minería en aguas profundas dentro de la jurisdicción federal de Estados Unidos. La licitación pública comprendió la adjudicación de dos bloques marítimos situados frente a las costas de Samoa Americana por un monto global de US$ 6 millones. Esta iniciativa gubernamental busca apuntalar el suministro estratégico de minerales críticos alojados en el lecho marino y confrontar la hegemonía que mantiene China sobre estos insumos a nivel global.
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Los datos clave de la licitación frente a Samoa Americana
El acto administrativo se desarrolló en Thousand Oaks, estado de California, bajo la conducción de la Administración de Recursos Minerales Marinos, organismo dependiente del Departamento del Interior. Durante la apertura de ofertas, la firma Wetstone U.S. Ventures resultó adjudicataria de una extensión cercana a las 12,7 millones de hectáreas.
A través de este proceso se dio cumplimiento efectivo a una directiva emitida por el Poder Ejecutivo durante el año anterior. El contrato formalizado entre el Estado norteamericano y la compañía establece una vigencia operativa de 20 años. Dentro de este esquema inicial, los permisos autorizan tareas de prospección técnica que contemplan el mapeo batimétrico del fondo oceánico y la confección de relevamientos de impacto ambiental.
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El fallo de la justicia federal de Hawái contra el proceso licitatorio
Pese al avance, las concesiones enfrenta trabas en los tribunales estadounidenses. Apenas unos días antes de la subasta, la jueza federal de distrito de Hawái, Jill A. Otake, magistrada que fue designada durante la gestión de Trump, resolvió a favor de un amparo presentado en agosto por la organización ambientalista Earthjustice.
En los fundamentos de su sentencia, la jueza determinó que el Servicio Nacional de Pesca incurrió en una transgresión de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La falta radicó en que los informes técnicos evaluaron exclusivamente los efectos iniciales de la actividad y omitieron examinar los impactos ambientales derivados de las etapas posteriores al otorgamiento de las áreas. En su escrito judicial, Otake remarcó que las dependencias oficiales «ni siquiera intentó considerar» los eventuales perjuicios sobre la fauna marina protegida.

Fauna en riesgo y pedidos de anulación judicial
La presentación realizada ante la corte federal detalló amenazas directas para la supervivencia de mamíferos marinos de gran porte, entre los que figuran las ballenas azul, de aleta, sei y cachalote. De igual manera, el expediente alertó sobre el impacto potencial en cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies protegidas de coral. Frente a la confirmación de la sentencia judicial, la entidad Earthjustice anticipó que interpondrá un requerimiento formal ante el juzgado para dejar sin efecto la adjudicación comercial.
Manifestaciones sociales y rechazo comunitario en las islas del Pacífico
El desarrollo de la licitación desencadenó protestas tanto en la sede de la subasta en California como en los territorios insulares del Pacífico. En Thousand Oaks, activistas vinculados a la filial norteamericana de Greenpeace y miembros de comunidades del Pacífico expresaron su rechazo a la operatoria.
En simultáneo, las críticas resonaron en Samoa Americana. Sabrina Suluai-Mahuka, fundadora de la organización comunitaria y juvenil Finafinau, denunció que las autoridades desestimaron más de 76.000 comentarios formales remitidos por la ciudadanía en oposición al proyecto, así como los pedidos de consulta previa y la resolución dictada por la jueza federal. Al fundamentar la resistencia comunitaria, la dirigente insular señaló que el mar representa «nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra identidad y nuestra responsabilidad protegerlo».


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