Con anuncios de inversión en cobre, reclamos de reforma para un régimen legal decimonónico y la articulación de proveedores industriales, la segunda jornada de la cumbre minera fijó las condiciones técnicas para el despegue productivo de la región cuyana.
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LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El segundo día de la cumbre en Guaymallén concentró el debate sobre actualizar el Código de Minería de 1887 frente al RIGI, detalló inversiones como los US$ 891 millones en cobre y fiscalizaciones ambientales con alta participación ciudadana, marcando el llamado a integrar proveedores locales para industrializar la cordillera.
Urgencia normativa: el Código de Minería frente al régimen de grandes inversiones
La segunda jornada de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, profundizó el debate sobre la seguridad jurídica y los instrumentos regulatorios que demanda la industria a escala global. La actividad, organizada por el Gobierno de Mendoza e Impulsa Mendoza, dedicó un espacio central al panel “Código de Minería y RIGI: el marco jurídico para los proyectos de la nueva minería argentina”, moderado por la periodista Roxana Villegas.
Durante el intercambio, el director de Minería provincial, Jerónimo Shantal, expuso la necesidad de compatibilizar la legislación de fondo con la dinámica de las inversiones estratégicas. En su alocución, el funcionario remarcó la distancia temporal entre las leyes vigentes y las exigencias de la producción moderna. “Tenemos un Código de Minería nacional de 1887 que el año que viene cumplirá 140 años. Si queremos avanzar hacia la minería del futuro, generar trabajo y construir condiciones de seguridad y confianza en la comunidad, tenemos que replantearnos si podemos seguir trabajando con una normativa concebida para una realidad completamente diferente”.
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Shantal recordó que distintas jurisdicciones avanzaron en la renovación de sus esquemas procesales, destacando a Río Negro, Catamarca y la propia Mendoza, que en 2024 actualizó un código de procedimientos mineros que acumulaba 80 años de rezago. El funcionario precisó que la provincia reestructuró sus mecanismos administrativos, los sistemas de adjudicación de áreas y las exigencias ambientales. Sin embargo, enfatizó las limitaciones que impone el marco general. “Todas las provincias queremos avanzar hacia una nueva minería, la que nos exige la tecnología actual y la necesidad de contar con estándares y normativas adecuadas. Pero tenemos un Código nacional que todavía conserva disposiciones que no se corresponden con la realidad de la actividad”.
El titular de la cartera minera local subrayó que cualquier actualización debe contemplar a las comunidades, los pueblos originarios, las buenas prácticas, la tecnología aplicada a la fiscalización, la responsabilidad empresarial y los planes de cierre de faenas. En ese sentido, puntualizó que “queremos que los derechos mineros se traduzcan en inversiones concretas, desarrollo de proyectos y generación de empleo”.
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A su turno, la directora nacional de Inversiones Mineras, Eugenia Bais, advirtió sobre la pérdida de eficacia que sufren los instrumentos legales frente a los avances del sector:
“Las modificaciones normativas son un desafío constante. El marco normativo tiene que responder a la realidad, y muchas veces la realidad avanza mucho más rápido que las propias normas, que quedan desactualizadas después de tantos años de vigencia”. A la vez que sumó “Creo que es un desafío que debemos asumir y que hay que tener valentía para hacerlo, porque una normativa clara y actualizada contribuye a la seguridad jurídica y a la previsibilidad que necesitan las inversiones para concretarse. En definitiva, cuando un inversor lee una normativa y no puede comprenderla, tomar una decisión de inversión resulta mucho más difícil que cuando las reglas son claras y están bien establecidas”.
Completando el análisis técnico, Alejandro Massot, integrante del Estudio Randle, abordó aspectos específicos del articulado nacional, focalizándose en las exigencias de inversión mínima y los plazos de caducidad por inactividad en las concesiones. Massot señaló la conveniencia de ponderar las particularidades de cada yacimiento y reconocer los estudios técnicos de gabinete y laboratorio previos, aun cuando no se observe maquinaria operando en superficie.

“Creo que hay muchos aspectos que sería interesante estudiar y mantener en agenda para evaluar posibles modificaciones. Sé que no va a ser fácil. Muchas veces se plantea que es preferible dejar el Código de Minería como está porque no sabemos cuál podría ser el resultado de intentar modificarlo”, sentenció Massot.
Exploración cuprífera y gestión ambiental en el territorio
La agenda técnica de la jornada continuó con el panel “La sostenibilidad como eje de la cadena de valor minera”, donde operadoras globales y autoridades ambientales detallaron la aplicación de estándares operativos desde la fase inicial de cateo.
El gerente de Exploraciones Chile-Argentina de Teck Resources, Andrés Castillo, expuso los avances en el proyecto de cobre Barroso Montura, ubicado en San Rafael, anunciado formalmente por el gobernador Alfredo Cornejo. Castillo explicó que la empresa lleva cerca de 3 años estudiando la franja geológica del Mioceno en la cordillera argentina, en una zona sin campañas exploratorias desde la década de 1990. La propiedad minera se emplaza a unos 50 kilómetros al este de la mina chilena El Teniente, utilizándose este dato como referencia estructural para determinar el potencial local.

“Estamos conectándonos con las universidades e intentando colaborar desde las etapas más tempranas para desarrollar la mejor línea base posible desde los inicios”, explicó Castillo.
En sincronía, la directora de Exploración de Cobre de BHP, Marian Moroney, presentó la implementación de un sistema de control geológico aplicado a las campañas de perforación. La especialista detalló que esta tecnología permite optimizar la tasa de acierto en los sondeos, minimizar la alteración física en el terreno y fortalecer la vinculación informativa con las comunidades del área de influencia.
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Por parte del Estado, la coordinadora general de la Subsecretaría de Ambiente, Soledad Barros, desglosó el protocolo de fiscalización ambiental minera articulado en tres instancias. La primera comprende la evaluación técnica de los estudios de impacto ambiental mediante comisiones multidisciplinarias. La segunda etapa asigna a la Policía Ambiental Minera inspecciones directas en el campo para auditar que las labores ejecutadas coincidan estrictamente con lo autorizado en las declaraciones juradas.
Como tercer pilar, Barros remarcó la participación ciudadana obligatoria, señalando como antecedente la audiencia pública del proyecto San Jorge, instancia que se extendió durante 10 días y registró la intervención de más de 3.800 personas.
En materia de planificación territorial, la coordinadora de Administración, Finanzas y Sostenibilidad de Impulsa Mendoza, Sofía Raich, expuso sobre el acondicionamiento de los distritos mineros. La funcionaria precisó que la compañía evalúa requerimientos de infraestructura, capacidad operativa de contratistas y esquemas de financiamiento, incorporando oficinas territoriales de articulación en Uspallata y Malargüe.
Federalismo, armonización normativa y desarrollo territorial
La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, Pamela Verasay, destacó antecedentes legislativos como la Ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería y la normativa asociada a la Ley de Glaciares, señalando “Para mí el federalismo, más que fragmentación, nos exige a todos coordinar constantemente para que no existan 24 sistemas distintos, sino alinearlos y armonizarlos”. En esa línea, Verasay ponderó las mesas de trabajo sectoriale, como el cobre, litio y proveedores, e instó a apuntalar el compre local mediante incentivos, crédito y respaldo estatal.
A su turno, la diputada nacional por Catamarca y ex secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, indicó que las operadoras internacionales indagan permanentemente sobre las particularidades regulatorias provinciales. Puso como referencia el trabajo de la Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Salta y Jujuy, tras resaltar también la conformación de la Mesa del Cobre, remarcó que «tenemos que pensar en la seguridad jurídica, en la necesidad de darle tranquilidad a los inversores, pero también en que estamos trabajando con normativas que son de otra época”.

Por su parte, el diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri, abordó el alcance del RIGI, recordando que registra más de 200.000 millones de dólares en iniciativas aprobadas o en evaluación. “Argentina tenía que buscar convertirse en un gran RIGI (…) Lo que necesitamos lograr es dar tranquilidad a los inversores de manera permanente”, sostuvo
Respecto al derrame territorial, Nieri precisó que “primero es necesario consolidar el crecimiento de la actividad y generar las condiciones para desarrollar todo su potencial, y después profundizar la integración de la cadena de valor y lograr una distribución más equilibrada de sus beneficios entre las provincias”.
La mirada de la banca global: condiciones de financiamiento y mitigación de riesgos
El banquero especialista en minería, Agustín Perri, señaló que el país cuenta con condiciones para captar inversiones en cobre, apuntando que el RIGI aporta certidumbre pero requiere complementarse con solvencia macroeconómica e institucional.

Al momento de evaluar proyectos, el Head de Minería para América Latina de UBS Investment Bank, Joao Auler, detalló que los acreedores auditan el yacimiento, la experiencia de los operadores, la estructura de costos y los contratos de venta anticipada (offtake). Asimismo, remarcó que la infraestructura básica (rutas, energía) y la licencia social con las comunidades resultan determinantes para habilitar el crédito. Frente a las oscilaciones de los precios internacionales, Auler advirtió que los activos con costos de producción más bajos preservan su rentabilidad, mientras que los más expuestos demandan coberturas comerciales firmes.
Finalmente, el director de Structured DCM Americas, Gonzalo De Gainza, analizó el acceso al mercado de capitales y ratificó que, pese a la volatilidad del riesgo país, la plaza externa se mantiene abierta para estructurar emisiones de bonos mineros

Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.