El panorama minero regional se encuentra conmocionado luego de que el Segundo Tribunal Ambiental de Chile tomara la determinación de anular de forma completa la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) asociada al Proyecto de Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Esta megaobra, que contemplaba un desembolso estimado en los US$ 3.200 millones, recibió una orden directa para retrotraer todo su procedimiento administrativo ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Las causas del revés: Omisión de comunidades aymaras y fallas en el modelo marino
La decisión judicial se originó a partir de una serie de reclamos formales presentados por diversas comunidades aymaras de la zona. Durante el análisis del caso, los magistrados comprobaron una marcada falta de fundamentación tanto técnica como jurídica al momento de aprobarse los permisos originales.
El punto más crítico radicó en que el SEA omitió por completo la caracterización de los grupos humanos que habitan en la Caleta Chanavaya. Por consiguiente, estas poblaciones locales terminaron excluidas de manera errónea del proceso de consulta indígena, desoyendo incluso los reportes y advertencias previas emitidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Por otra parte, los problemas detectados no se limitaron únicamente al ámbito social y comunitario. El dictamen judicial expuso fallas severas en el modelamiento técnico del ecosistema marino. Específicamente, el tribunal halló deficiencias notorias en los estudios sobre la succión de agua de mar y en las proyecciones acerca de cómo se dispersaría la salmuera residual de la futura planta desaladora.
Sumado a esto, las autoridades judiciales determinaron que el plan de vigilancia ambiental propuesto para resguardar el entorno marino a largo plazo era totalmente insuficiente.
¿Cuáles son las apelaciones y los recursos legales que presentará la minera?
Frente a este adverso escenario judicial, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, que cuenta con el respaldo financiero y operativo de corporaciones globales de la talla de Anglo American, Glencore y Japan Collahuasi, se prepara para activar su última defensa legal.
La firma minera recurrirá al máximo tribunal del país mediante la presentación de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Chile, buscando revertir la anulación de sus permisos.
La urgencia de la compañía es total, dado que las obras del megaproyecto ya registran un avance físico cercano al 90% y la planta desaladora se encuentra en su última fase de edificación. Los asesores legales de la empresa focalizarán sus argumentos en demostrar que las observaciones planteadas por los pescadores y las comunidades aymaras, así como las falencias técnicas en las mediciones del agua, pueden ser corregidas mediante aclaraciones complementarias, sin que esto signifique desechar de cuajo la RCA obtenida hace cinco años.
Incertidumbre en Punta Patache: Los tres escenarios para una inversión al 90%
A partir de la inminente intervención de la Corte Suprema, el destino de los US$ 3.200 millones invertidos ingresa en un terreno de definiciones clave donde se vislumbran tres rumbos institucionales posibles:
- Ratificación definitiva del fallo: Si la Corte Suprema confirma la sentencia del tribunal inferior, la anulación de la RCA quedará firme. Las obras en Punta Patache deberán paralizarse de inmediato por falta de permisos válidos y el SEA tendrá que reabrir obligatoriamente el expediente desde la etapa del Informe Consolidado de Evaluación (ICE).
- Conciliación ambiental supervisada: Existe la alternativa legal de que las partes acuerden una conciliación bajo la tutela de los jueces. De este modo, Collahuasi podría sentarse a negociar directamente con los denunciantes de Caleta Chanavaya para consensuar nuevas compensaciones económicas, medidas de mitigación y monitoreos marinos compartidos, logrando destrabar el conflicto de mutuo acuerdo.
- Revisión administrativa acotada: El máximo tribunal podría admitir parcialmente los reclamos de la minera, permitiendo la continuidad provisoria de los trabajos constructivos mientras el SEA subsana a contrarreloj los errores informativos y convoca a las reuniones normativas correspondientes.
La sentencia
Repercusiones ambientales, judiciales y políticas en el escenario chileno
En el plano ambiental, este revés obliga a reconfigurar por completo la gestión del «maritorio» nortino. Si el fallo se mantiene firme, el SEA estará obligado a aplicar de forma estricta las directrices del Convenio 169 de la OIT mediante una Consulta Indígena formal con las comunidades de pescadores de la costa de Tarapacá. Adicionalmente, forzará a la minera a extender sus planes de vigilancia ambiental marina mucho más allá de los cinco años fijados al principio.
Desde la perspectiva judicial, la sentencia ratifica la absoluta independencia de los tribunales especializados frente a los grandes capitales económicos. El dictamen deja en claro que el volumen de la inversión o el estado avanzado de las obras no constituyen causales para eximir a una corporación del cumplimiento estricto de las normativas vigentes.
La lucha de poderes en plena transición política
Este conflicto socioregulatorio estalla en un momento político sumamente sensible para el país trasandino. La decisión del Segundo Tribunal Ambiental coincide de manera directo con el debate parlamentario de la ley de «Reconstrucción Nacional» impulsada por la gestión gubernamental de José Antonio Kast.
Esta iniciativa oficialista busca agilizar la denominada «permisología» y recortar las trabas burocráticas para dinamizar las inversiones mineras. En consecuencia, el fallo expone una clara pulseada de poderes: mientras el Ejecutivo presiona para destrabar proyectos y reactivar las cifras macroeconómicas, el Poder Judicial se consolida como un contrapeso riguroso que prioriza los derechos étnicos y la sustentabilidad técnica por sobre las urgencias de la agenda política tradicional.
Lección para la región: El fantasma de los «activos varados» llega a la minería trasandina
En última instancia, lo acontecido con Collahuasi marca un antes y un después para toda la industria extractiva en Sudamérica. Este caso introduce en la región el concepto de los «activos varados», evidenciando que edificar infraestructura sin una base socioambiental sólida representa un riesgo financiero extremo, capaz de congelar miles de millones de dólares de un momento a otro.
Para los futuros proyectos mineros y de plantas desaladoras multipropósito, las reglas del juego cambiaron de forma definitiva. A partir de ahora, la obtención de la licencia social mediante un diálogo transparente con las comunidades originarias y el desarrollo de estudios científicos predictivos rigurosos ya no son vistos como meros trámites formales, sino como los pilares indispensables para garantizar la viabilidad legal de cualquier inversión productiva en el largo plazo.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.