Colahuasi-Chile: quiénes son los jueces tras la sentencia de paralización del proyecto minero

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El debate sobre la judicialización de las grandes inversiones mineras en Chile sumó un capítulo trascendental. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago dictó un fallo de enorme impacto al anular parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva» de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Los jueces Cristián Delpiano, Marcela Godoy y Cristián López conforman el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

La historia del freno a una inversión multimillonaria en el norte chileno

Esta megainiciativa privada contempla una inversión global estimada en la impactante cifra de 3.200 millones de dólares. A pesar de haber obtenido su aprobación ambiental en el año 2021, la iniciativa comenzó a tambalear legalmente a partir de 2023 debido a las fuertes impugnaciones de comunidades locales.

En consecuencia, el conflicto escaló hasta los estrados judiciales luego de que el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric rechazara inicialmente las reclamaciones ciudadanas en 2023. Los denunciantes, nucleados en la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y la comunidad Aymara de Caleta Chanavaya, apuntaron contra las severas deficiencias en la evaluación de los impactos sociales y ambientales en el borde costero.

Puerto Collahuasi

El tribunal les dio la razón de forma acotada y golpeó directamente al sector denominado Puerto Collahuasi. Esto significó la parálisis de las obras de construcción y puesta en marcha de la planta desaladora de agua marina, un componente estratégico para la operación de la mina.

Sin embargo, tras un recurso de aclaración presentado con urgencia por la empresa minera, la justicia ambiental delimitó el alcance del golpe económico. Los magistrados aclararon que la invalidez aplica únicamente a las obras costeras y de transporte de agua, permitiendo que la compañía continúe ejecutando, bajo su propio riesgo, las obras en los Sectores Ductos y Cordillera. De esta manera, las operaciones extractivas en la alta montaña mantienen su vigencia legal.

La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de anular el permiso ambiental del proyecto por US$ 3.200 millones de Collahuasi volvió a tensionar el debate sobre la judicialización de inversiones en Chile. 

Esta estrategia judicial de contención y parálisis selectiva guarda una estricta similitud histórica con el accionar de estos mismos actores institucionales en el de Pascua Lama, el megaemprendimiento binacional de oro de Barrick Gold que la misma estructura jurídica paralizó de forma definitiva. En aquel proceso, al igual que ahora en Collahuasi, las comunidades indígenas estuvieron representadas por el abogado Lorenzo Soto Oyarzún, especialista en liderar litigios de alta complejidad contra corporaciones mineras.

Quién es quién en el tribunal: los perfiles de los magistrados garantes de la ley chilena

Detrás de este dictamen que sacudió al sector empresarial se encuentran tres profesionales de altísimo perfil técnico y académico. Sus antecedentes públicos explican la rigurosidad y el impacto de sus decisiones en la industria extractiva sudamericana.

Marcela Godoy Flores: la visión ambiental desde el norte

Godoy se caracteriza por ser una gran trabajadora habiendo participado como relatora en 58 causas, entre ellas, las relacionadas con el proyecto minero Pascua Lama.

Abogada, posee un máster en Ciencias del Medio Ambiente con especialización en Diagnosis Ambiental por la Universidad de Barcelona. Se desempeñó durante seis años como relatora en el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta. Durante ese período clave, le tocó revisar de cerca los expedientes del polémico proyecto Pascua Lama, así como diversos conflictos ambientales de Minera Escondida y controversias vinculadas a la explotación de salares en el norte del país.

Cristián López Montecinos: el equilibrio de las ciencias naturales

Ministro suplente del tribunal desde julio de 2021. Su formación de base es la ingeniería forestal, estudio que complementó con un doctorado en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental.

López es ingeniero forestal de la Universidad de Talca y doctor en Geografía, amante de la naturaleza , participó activamente en las causas como la paralización a Pascua Lama y la sanción ambiental a Minera Escondida, controlada por BHP

Ocupó el cargo de director regional en Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero, fue gobernador de la Provincia de Coyhaique, gestión en la que lideró el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra y enfrentó crisis socioambientales complejas, como la contaminación con arsénico derivada de desechos mineros.

Trabajó como asesor científico en el Primer Tribunal Ambiental, donde participó activamente en los análisis técnicos que derivaron en la parálisis de Pascua Lama y en las sanciones ambientales aplicadas a Minera Escondida por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Cristián Delpiano Lira: el redactor de las sentencias definitivas

Fue el encargado de redactar el fallo contra el puerto de Collahuasi, doctor en Derecho.

Delpiano, se ha caracterizado por su involucración en la defensa de los derechos de migrantes, y ha estado a cargo de redactar la sentencia de Collahuasi

En el año 2014 fundó y fue vicepresidente de la Corporación MigrAcción para defender los derechos de la población migrante. También fue ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental, espacio donde redactó la histórica sentencia de clausura definitiva de Pascua Lama en 2020.

El camino regulatorio tras la aclaración judicial

La reciente precisión del Segundo Tribunal Ambiental trazó un límite claro entre los componentes reprochados y aquellos que cuentan con luz verde para continuar. Al dictaminar que la invalidez ambiental afecta de forma exclusiva a las obras costeras de la planta desaladora y el transporte de fluidos, los magistrados mantuvieron bajo un régimen de plena vigencia legal las autorizaciones correspondientes a las obras situadas en el interior de la cordillera y la red de ductos de la minera.

De este modo, la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi quedó habilitada para avanzar con la ejecución de las faenas en los sectores no cuestionados, asumiendo el riesgo técnico y financiero que implica operar con el módulo marítimo suspendido.

La sentencia que le dio el revés a Collahuasi acogió solo los cuestionamientos realizados al sector llamado Puerto Collahuasi, en particular a los impactos sobre el medio humano y el medio marino de la planta desaladora.

A partir de este escenario, el conflicto administrativo regresa a la esfera estatal, donde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá reabrir el procedimiento técnico para subsanar los vicios metodológicos detectados en la costa. El organismo público tendrá que ponderar adecuadamente las observaciones ciudadanas de las comunidades de Caleta Chanavaya, evaluando nuevamente los impactos reales sobre el medio humano y el ecosistema marino local.

Hasta que las autoridades no emitan un pronunciamiento que repare estas omisiones y logre la posterior validación del tribunal, las megaobras del Puerto Collahuasi permanecerán completamente paralizadas.

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