La economista Gabriela Lirussi cuestionó el impacto real del RIGI, advirtiendo que un 1,1% del PBI se destinará a costear beneficios fiscales de proyectos preexistentes, sin garantizar el compre local ni el empleo en San Juan.

LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La economista Gabriela Lirussi analizó el alcance del RIGI y sostuvo que 7 de los 12 proyectos adheridos ya existían antes del régimen. Alertó por un costo fiscal superior al 1,1% del PBI, la reducción de ingresos públicos y el escaso impacto inmediato sobre el compre local y el empleo genuino en provincias como San Juan.
El debate por el verdadero impacto económico del RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a quedar bajo discusión luego de que distintos especialistas comenzaran a poner el foco no solo en las inversiones anunciadas, sino también en el costo fiscal que representa para el Estado nacional.
En ese contexto, la economista Gabriela Lirussi cuestionó la efectividad real del esquema y sostuvo que buena parte de los proyectos incorporados al régimen ya estaban planificados o en ejecución antes de su aprobación.
“De los 12 proyectos presentados, siete ya estaban prácticamente funcionando o en etapa preoperativa”, explicó la especialista al analizar casos vinculados a minería, litio, energía y obras logísticas.
Según detalló, proyectos como Los Azules, iniciativas de Río Tinto, desarrollos de litio en Catamarca, inversiones vinculadas a Vaca Muerta y una terminal portuaria en el sur del país ya se encontraban encaminados antes de adherirse al régimen.
Exenciones impositivas y el costo fiscal que enciende las alarmas de los analistas
Uno de los puntos centrales del análisis estuvo vinculado al impacto que las exenciones generan sobre las cuentas públicas. “¿Cuál es el costo fiscal? ¿Cuánto deja de percibir el Estado para sostener este tipo de proyectos?”, planteó Lirussi.
La economista explicó que las empresas adheridas al régimen acceden a beneficios impositivos de gran magnitud. Entre ellos, destacó:
- Retenciones cero a las exportaciones.
- Reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%.
- Beneficios adicionales en el denominado “super RIGI”, donde algunas iniciativas pasarían a tributar apenas 15%.
- Utilización de certificados de crédito fiscal para compensar IVA.
“Se están acotando cada vez más los ingresos públicos”, expresó. De acuerdo con los números aportados durante el análisis, el costo fiscal en la etapa preoperativa representaría alrededor del 0,3% del presupuesto, equivalente a entre 300 y 560 millones de pesos. Mientras tanto, en la etapa operativa proyectada entre 2026 y 2030, el impacto alcanzaría aproximadamente el 0,8%, superando los 1.060 millones de pesos. “Si sumamos ambos tramos, estamos hablando de un costo fiscal cercano al 1,1% del PBI”, indicó.
La comparación más directa surgió al contrastar ese porcentaje con el financiamiento universitario. “Por ejemplo la educación universitaria, tan discutida, representa alrededor del 0,6%. Para sostener estos beneficios fiscales hay áreas donde necesariamente se recorta”, remarcó.

¿Capitales genuinos o proyectos preexistentes?: la encrucijada del derrame en las provincias
Uno de los principales cuestionamientos giró alrededor del carácter “genuino” de las inversiones anunciadas. Para Lirussi, el RIGI no logró generar un volumen significativo de nuevos proyectos, sino que terminó absorbiendo inversiones que igualmente iban a concretarse. “Solo cinco proyectos pueden considerarse verdaderamente nuevos”, sostuvo.
Además, marcó que todavía existen vacíos regulatorios vinculados al compre local y a la participación de proveedores regionales.
“Ninguno de los proyectos tiene obligación concreta de comprar localmente”.
La especialista mencionó como ejemplo el caso de San Juan, donde algunas firmas extranjeras ya comenzaron a operar en zonas mineras brindando servicios de transporte y logística. “En Iglesia, por ejemplo, ya se han instalado empresas chilenas para alquiler de transporte y otros servicios”, señaló.
Según explicó, si bien este tipo de inversiones puede dinamizar parcialmente algunas economías regionales y generar movimiento laboral puntual, todavía no existe un derrame estructural consolidado sobre las cadenas productivas locales. “Ese escenario genera preocupación en sectores locales que esperan que la minería dinamice empleo y desarrollo regional más allá de las grandes inversiones iniciales”, explicó.

El «super RIGI» y la trastienda geopolítica en la búsqueda de inversiones tecnológicas
Otro de los ejes del análisis fue la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de Palantir, una de las firmas tecnológicas más importantes vinculadas al desarrollo de software e inteligencia de datos. La especialista vinculó ese encuentro con la estrategia detrás del “super RIGI” y la búsqueda de atraer inversiones tecnológicas de alto perfil. “Palantir trabaja tanto para el sector privado como para agencias de seguridad del Estado norteamericano”, explicó.
También remarcó que existe una competencia geopolítica y empresarial detrás de estos movimientos, especialmente en áreas vinculadas a inteligencia artificial, minería crítica y procesamiento de datos.
Recaudación en caída: el impacto del esquema sobre el promocionado equilibrio fiscal
La economista también cuestionó el discurso oficial sobre el equilibrio fiscal y advirtió que el esquema actual podría terminar debilitando sectores productivos tradicionales.
“Mientras se sostienen estos beneficios, vemos caída del consumo, menor inversión comercial y problemas en industrias como siderurgia, metalurgia y automotores”, analizó.
Según explicó, la reducción de actividad económica también comenzó a impactar sobre la recaudación tributaria nacional. “Ya estamos viendo problemas en los ingresos fiscales porque el Estado está cobrando menos impuestos”, afirmó.
En ese sentido, planteó que el desafío no pasa solamente por atraer inversiones, sino por negociar condiciones que permitan un retorno concreto para el país y las provincias. “No se trata de impedir inversiones, sino de discutir cuánto obtiene también el Estado a cambio de esos beneficios”, concluyó.

Calidad del impacto y los desafíos pendientes para el desarrollo de San Juan
El debate alrededor del RIGI dejó de centrarse únicamente en la magnitud de las inversiones anunciadas y comenzó a enfocarse en la calidad del impacto económico que podrían generar en el mediano plazo.
La discusión ya no pasa solamente por atraer capitales internacionales, sino por definir qué nivel de beneficios fiscales está dispuesto a resignar el Estado para sostener ese modelo y qué participación tendrán las economías regionales dentro de esa estructura.
En provincias mineras como San Juan, donde los grandes proyectos aparecen como motores de expectativa económica, el interrogante empieza a correrse hacia otro punto: cuánto empleo, desarrollo industrial y capacidad productiva quedará efectivamente dentro del territorio cuando las inversiones entren en etapa plena.
Notas relacionadas. Leé también
- Mendoza despega con el RIGI: Hebe Casado analiza los USD 891 millones de PSJ y El Quemado
- Seguridad en el RIGI: crean mesa oficial contra el crimen organizado y el narcotráfico
- El RIGI suma dos proyectos más en Mendoza y Jujuy por valor de 2.130 millones de dólares

Periodista especializada en minería y desarrollo productivo, enfocada en la cobertura de la industria, la innovación tecnológica y la formación de talento en San Juan y la región. Genero contenidos que conectan el ámbito académico, empresarial y social, con una mirada técnica, territorial y estratégica.