La percepción pública sobre la actividad extractiva en nuestra provincia transita por un terreno de profunda reconfiguración. La imagen positiva de la minería en San Juan experimentó un marcado y sostenido demérito en los últimos trece años.
Aquel sólido respaldo mayoritario del 75% que ostentaba el sector en el año 2012 se desplomó al 50% hacia diciembre de 2025, y acentuó su tendencia a la baja alcanzando un ajustado 49% en mayo de 2026. Este nuevo escenario de paridad y creciente escepticismo social marca el fin de lo que muchos denominaban un «cheque en blanco» por parte de la comunidad sanjuanina.
Las razones detrás del rechazo: el factor ambiental y la memoria colectiva
La pérdida de consenso social se apoya según los datos de la encuesta sobre bases complejas que van mucho más allá de las posturas ideológicas. El riesgo ecológico abstracto opera como el vector principal de rechazo con un 52.3%, seguido de cerca por el impacto específico sobre el recurso hídrico, que concentra un 16.8% de las preocupaciones.
La gran escala de consumo que demanda la industria genera una alarma estructural en la sociedad ante la escasez y los cambios normativos sensibles, tales como las modificaciones impulsadas en torno a la Ley de Glaciares.
No obstante, existe un marcado contraste informativo en la población: el desconocimiento respecto a eventos específicos, como el incidente en Cuesta del Viento, llega al 69.7% de los ciudadanos. Esto evidencia que el debilitamiento de la licencia social obedece a razones de raíz estructural más que a episodios puntuales.
Empleo local y la trampa del pseudoasociativismo
El verdadero quiebre de la confianza pública se localiza en la brecha que separa el discurso corporativo de los beneficios económicos de la población. Históricamente, la capacidad de generar empleo era la razón principal por la que el 64.4% de la gente apoyaba a la minería.
Sin embargo, hoy un considerable 30.9% de los habitantes que manifiestan rechazo sostiene de forma categórica que la minería «no tiene beneficios» o que estos no se distribuyen de manera equitativa.
Problemáticas que debilitan el entramado productivo
- Baja tasa de contratación local: Persisten severas restricciones para incorporar mano de obra sanjuanina cualificada en los puestos de alta competencia.
- La trampa del socio trucho: Grandes corporaciones extraprovinciales se asocian de forma instrumental con pymes sanjuaninas. Utilizan su localización, domicilio y nombre comercial como una pantalla legal para las licitaciones y una vez que ganadas desplazan a los locales, vaciándolos de participación.
Asimetrías laborales en los proyectos de San Juan
La dimensión empresarial expone contradicciones severas entre las metas de contratación y la realidad del territorio. Actualmente, operadoras líderes como Barrick encendieron luces de alerta al manifestar públicamente una marcada «falta de perfiles técnicos en San Juan» para cubrir sus estándares de alta competencia.
En lugar de financiar sostenidamente escuelas técnicas y carreras universitarias en los departamentos clave, las compañías que llevan años operando y recibiendo beneficios económicos en suelo local recortaron estasa acciones y ahora responsabilizan al sistema educativo público por la escasez de profesionales.
Esta histórica desinversión en capital humano impacta de forma directa en las planillas de las principales operaciones provinciales:
- Proyecto Vicuña: Con aproximadamente 2.600 trabajadores directos. Su informe corporativo celebra que el 95% son argentinos y 3 de cada 4 sanjuaninos,pero el desglose territorial arroja que solo un 11% pertenece al departamento de Iglesia y apenas un 7% a Jáchal (anillos 1). En contraste, un 8% de los operarios directos proviene de La Rioja.
- Trabajadores indirectos: Mientras que San Juan reporta 193 trabajadores indirectos sumando las localidades de Iglesia y Jáchal, La Rioja aporta por sí sola 100 trabajadores indirectos a la misma operación.
A este descontento laboral se suma el malestar generalizado por el uso de la infraestructura pública. Los anuncios de inversiones multimillonarias y grandes fusiones corporativas en el proyecto Vicuña suelen despertar suspicacias.
El conflicto por la línea de alta tensión de 500 kV
La tensión se incrementó luego de que el Gobierno Nacional priorizara en 2026, el uso exclusivo de la línea de alta tensión de 500 kV (desde la estación Nueva San Juan hasta Rodeo) para dicho proyecto.
Cabe recordar que esta obra clave fue financiada durante años mediante aportes que los propios usuarios sanjuaninos pagaron en sus facturas de luz para garantizar el crecimiento industrial y poblacional de la provincia.
Tensiones institucionales y el desafío regulatorio frente al RIGI
La consultora Ethos también apunta a investigaciones recientes basadas en los registros oficiales del Catastro Minero provincial, que expusieron una preocupante concentración de derechos privados en las esferas públicas.
El denominado “clan Bastías” según publica el informe, controla un total de 79 derechos mineros que abarcan 108.007 hectáreas, una cifra que representa el 5,12% de la superficie minera concesionada de San Juan y supera en casi un 35% a toda la superficie cultivada de la provincia.
La gravedad institucional radica en el vínculo familiar (el ministro de Minería Juan Pablo Perea, es yerno de Hugo Enrique Bastías, esposo de María Laura Bastías y cuñado de Gabriel Enrique Bastías). Paralelamente se encuentran Jorge Alfredo y Hugo Atilio Bastías, quienes aportan derechos históricos y distintas cotitularidades.
Esto coloca al ejecutivo en una posición compleja, ya que es quien debe fiscalizar, intimar y dictar la caducidad de las mismas concesiones que explota su familia.
Asimismo, se registran indicios de otros miembros del gabinete provincial explorando el posicionamiento en el rubro mediante la búsqueda de acuerdos privados con capitales extranjeros de origen chino.
Impacto del marco macroeconómico nacional
- El impacto del RIGI: Exime a las corporaciones del pago de retenciones a la exportación tras los primeros años y habilita la libre importación de maquinaria, insumos y servicios sin aranceles. Estas medidas nacionales desactivan el incentivo de compra a los proveedores locales y reducen la captura de renta por parte del Estado.
- Falta de capacidad punitiva: La legislación provincial existente y el proyecto de Ley de Proveedores Mineros carecen de herramientas de sanción reales, operando como declaraciones de buenas intenciones de jerarquía inferior ante el marco del RIGI.
- El Tratado con Chile: Permite la unificación logística, aduanera y laboral a ambos lados de la cordillera. Esto abre la posibilidad fáctica de que los grandes proyectos articulen su cadena de suministros y exporten el mineral directamente a través de puertos chilenos sobre el Pacífico, aislando por completo al entramado productivo sanjuanino.
El mantenimiento a largo plazo de la licencia social en San Juan exige abandonar las promesas institucionales abstractas y avanzar hacia un esquema de compromisos reales.
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