El debate sobre el marco normativo que regula la actividad minera en la Argentina continúa sumando diferentes visiones de economistas y referentes políticos. El exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, expuso un análisis detallado acerca de las normativas que condicionan el desarrollo de los proyectos en la provincia de San Juan, evaluando el alcance de las regulaciones nacionales y la interacción de la minería con el entramado manufacturero local.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El economista Guillermo Moreno analizó las políticas mineras nacionales y advirtió que normativas como el RIGI provocarán litigios jurisdiccionales. Afirmó que las provincias no pueden frenar solas los precios subsidiados de China y que el pleno empleo real solo se logrará reindustrializando la cadena de proveedores locales.
El debate jurisdiccional y la aplicación de las leyes ambientales
Sin lugar a dudas, la delimitación de competencias entre los organismos del Estado nacional y los estados provinciales en las áreas protegidas de alta montaña constituye uno de los focos de análisis técnico más complejos para el sector. Con respecto a las normativas vigentes, Guillermo Moreno argumentó sobre la necesidad de establecer una coordinación equilibrada: «La minería es una actividad indispensable en el desarrollo de las economías de los pueblos. Segundo, también es indispensable cuidar la casa común. Entonces hay que buscar el mecanismo que articule los dos temas».
En este sentido, el economista señaló que la descentralización o alteración de las facultades de supervisión que corresponden a los entes federales podría derivar en escenarios de incertidumbre jurídica. «Considero que la Nación tiene que mantener un criterio constructivo para las provincias, pero me da la sensación de que le sirve a las provincias que parte del poder de policía se mantenga en la Nación. Pienso que ahí hubo un problema de delegaciones que va a traer litigios jurisdiccionales y que va a tener que resolver la justicia».
Los plazos de la resolución judicial en los proyectos
Por otra parte, la eventual resolución de discrepancias regulatorias en los tribunales introduce variables de tiempo que son evaluadas con atención por los consorcios internacionales a cargo de las inversiones. «No sé si la justicia está apta para resolver estos temas en los tiempos que los proyectos necesitan. Porque no necesariamente en la justicia hay conocimiento sobre estos temas, y los peritos son los peritos que todos conocemos. El problema es que las decisiones de los jueces muchas veces están suficientemente fundadas. Entonces en esto hay que tener prudencia».
Asimismo, Moreno consideró que las últimas reformas legislativas orientadas a modificar los esquemas de protección ambiental no alcanzaron un consenso uniforme entre las jurisdicciones federales. «Está bien el tema de incentivar la producción, cuidar la casa común, y el cuidado de la casa común es un tema donde la Nación también tiene que opinar. Creo que en esta última legislación esto fue dejado de lado».
La implementación del RIGI y la cadena de valor local
La puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha generado paralelismos y comparaciones con otros marcos de promoción implementados en la historia económica reciente del país. Con respecto a esto, el entrevistado equiparó los lineamientos generales del sistema con acuerdos previos: «Básicamente lo que sean incentivos a la producción podemos estar de acuerdo. Se hizo también cuando se inició Vaca Muerta en un convenio con la empresa Chevron, que fue muy similar».
No obstante, Moreno manifestó sus discrepancias conceptuales con respecto a la visión macroeconómica del actual Poder Ejecutivo de la Nación y cómo influye en la exigencia de integración de proveedores nacionales. «Me parece que hay que incentivar la articulación vertical con las empresas locales, y que en la actual concepción de este gobierno es un tema que se deja de lado porque no se olviden que tenemos un gobierno centralmente anarquista, anarcolibertario, anarcocapitalista, entonces no cree en los países, y no cree en las fronteras, y no cree en los pueblos».
De acuerdo con su postura, la falta de incentivos explícitos para el compre nacional modifica los esquemas tradicionales de vinculación comercial entre las operadoras de los yacimientos y los talleres metalúrgicos de la región. «Me parece que a él no le interesa, es un globalizador extremo, entonces le da lo mismo que trabaje un pueblo o que trabaje otro. Eso habrá que corregirlo en los sucesivos proyectos. Los proyectos que ya están, por tema de continuidad jurídica, obviamente estarán como están. Básicamente la integración vertical con las empresas locales es lo que te garantiza una mayor penetración en la economía local de estos proyectos».
Competitividad y el impacto del mercado internacional
El análisis sobre las condiciones operativas de las pequeñas y medianas empresas nacionales frente al abastecimiento de insumos importados obliga a examinar las dinámicas de precios a escala global. De esta manera, el economista diferenció los costos de producción internos de las distorsiones que se generan por factores externos.
«No es complicado competir contra costos, lo que pasa es que no comparamos costo con costo, comparamos costo con el precio de venta, y el precio de venta está subsidiado por China. En esto hay que ser muy preciso en el lenguaje, si no hacemos un lío bárbaro. Porque si vos decís que hay un problema para competir en los costos, parece que los chinos tienen costos más baratos, y eso no es así».
En consecuencia, argumentó que el desafío para el entramado industrial argentino radica en contrarrestar las políticas de asistencia financiera que determinados Estados aplican sobre sus manufacturas exportables.
«Los chinos te venden a un precio que no está relacionado con el costo. En el medio están los subsidios del Estado chino. Entonces, costo contra costo la Argentina puede competir. Costo contra precio subsidiado de los chinos no podés competir. Si vos ponés costo contra costo parece que la Argentina es ineficiente. Si vos ponés costo contra precio, lo que hay que resolver es que los chinos no pueden seguir subsidiando la producción. Están destruyendo no solo la industria de la Argentina sino de todo el mundo».
La escala de las herramientas regulatorias provinciales
Frente a esto, Moreno sostuvo que las administraciones y los ministerios de carácter provincial carecen de las competencias aduaneras requeridas para establecer barreras de protección comercial ante el ingreso de productos subsidiados.
«Eso es muy difícil que lo pueda hacer la provincia, eso lo tiene que hacer el país. ¿Cómo vas a hacer vos para sacar una legislación provisional? ¿Y qué cómo vas a frenar los camiones si llegan a San Juan? Eso lo tiene que hacer el país. Yo entiendo la necesidad que hay, pero olvídense, ¿cómo lo van a hacer? Pasan los camiones y la policía te va a decir: -‘No, esto no entra, es una importación a San Juan desde Mendoza’-. Eso no existe en Argentina. La legislación tiene que ser nacional. Lamentablemente con legislaciones locales esto no lo vas a poder parar porque puede entrar por otra provincia y se terminó la historia».
Por lo tanto, concluyó que las medidas de corrección arancelaria deben gestionarse de manera centralizada mediante la política exterior del gobierno federal. «Hay que tomar el toro por las astas desde el gobierno versus China, cosa que no va a hacer Milei».
Empleo e industrialización en las provincias mineras
Finalmente, el exsecretario abordó el debate sobre la capacidad real de generación de puestos de trabajo de las actividades extractivas en comparación con el sector manufacturero tradicional urbano.
«No hay otra alternativa que reindustrializar el país, eso es falso. Eso son cantos de sirena que le hacen a sectores políticos un poco estudiosos. Cuando uno ve la densidad del empleo en la minería en países que son mineros se da cuenta que ni siquiera con el desarrollo antiguo minero han resuelto el tema. El tema del empleo se resuelve con la industria. Pensar que vas a reemplazar a la industria con la minería es un absurdo total».
En resumen, bajo su perspectiva económica, el rol de la minería debe orientarse a funcionar como un eslabón traccionador de la industria nacional de base metalmecánica.
«El empleo industrial solo es reemplazado con más industria. Hay que reindustrializar la Argentina y ahí entonces empezás a conducir al país hacia el pleno empleo. Pensar que vas a conseguir el pleno empleo por actividades extractivistas es desconocer la realidad del mundo en los últimos 100 años. Si no, el Zaire tendría o el Congo Belga tendría pleno empleo».
El objetivo central para la provincia de San Juan
Con respecto al caso particular de San Juan, Moreno puntualizó que el objetivo de desarrollo a largo plazo debe focalizarse en la transformación de la renta de los yacimientos en el fortalecimiento del tejido industrial de la región. «Si vos me vas a decir que vas a reindustrializar San Juan porque vendés alimentos o porque vendés metalmecánica, yo estoy de acuerdo, pero el objetivo es reindustrializar. Si vamos a poner la actividad minera al servicio de la reindustrialización de San Juan, vas a tener pleno empleo».
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.