El próximo 7 de julio en Buenos Aires, los gobiernos de Chile y Argentina retomarán formalmente las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera. Este histórico acuerdo, firmado originalmente en 1997, busca dinamizar la logística e impulsar fuertes inversiones transnacionales en la alta cordillera. Sin embargo, la comunidad científica y diversas organizaciones sociales ya manifestaron su profunda preocupación por el severo impacto ambiental sobre las reservas hídricas estratégicas de la región.
El avance institucional se consolidó el pasado 14 de abril, cuando el ministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, y el secretario de Minería argentino, Luis Enrique Lucero, destrabaron la agenda bilateral. Desde el Ministerio de Minería de Chile, bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, confirmaron que el objetivo es aprovechar la infraestructura chilena para potenciar proyectos fronterizos, especialmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso. De esta manera, se pretende generar empleo local mediante la transferencia de conocimiento y el soporte logístico mutuo.
El polémico espacio legal que unifica las operaciones en las altas cumbres
Por el diseño de sus Protocolos Adicionales Específicos (PAE), el pacto binacional crea un espacio legal que prácticamente borra los límites fronterizos tradicionales para las empresas mineras. Las compañías adjudicatarias pueden operar en las altas cumbres andinas unificando yacimientos conjuntos y coordinando su logística como si ambos países fuesen un solo territorio económico.
Por consiguiente, este reimpulso político encendió las alarmas en la sociedad civil. Expertos locales señalan que las normas fijadas a finales de los noventa ignoran por completo la realidad física actual del territorio, marcada por un retroceso sin precedentes de las masas de hielo debido al cambio climático.
El impacto crítico de la crisis climática en los glaciares
«Un tratado suscrito a fines de los 90, y cuya última modificación fue en 2001, no está en concordancia con los cambios que han ocurrido en los últimos 25 años en materia regulatoria, como tampoco en el territorio mismo», advirtió Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ONG chilena Fundación Terram.
El peligro sobre las reservas de agua estratégicas de la cordillera
El núcleo de la controversia ambiental radica en la ubicación de los yacimientos metalíferos, concentrados en las cumbres más elevadas de los Andes, coincidiendo exactamente con el límite internacional. El geógrafo argentino Marcelo Giraud detalló que las áreas de concesión industrial se superponen directamente con glaciares descubiertos, cubiertos, de escombros y con el sensible ambiente periglaciar.
El valor oculto del permafrost en las zonas áridas
En las zonas áridas andinas, como el norte de Chile y la provincia de San Juan en Argentina, el agua vital no siempre es visible. Álvaro Ayala, glaciólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), explicó que el verdadero valor hídrico reside en estructuras subterráneas como los glaciares de roca y el permafrost (suelo congelado). Estos sistemas absorben el agua de las escasas nevadas y lluvias, congelándola para luego liberarla de forma paulatina hacia los ríos.
En este sentido, las investigaciones bilaterales arrojaron datos contundentes. Durante ciclos de megasequía extrema como el registrado desde 2010, estas reservas estratégicas ocultas aportan más del 50 % del caudal de los ríos navegables, amortiguando la falta de precipitaciones en los valles bajos. Destruir o remover estos suelos congelados implica dilapidar el seguro de agua básico de las comunidades dependientes.
Constanza Espinosa, directora de la Fundación Glaciares Chilenos, puntualizó que las operaciones de la minería pesada conllevan riesgos graves:
- Remoción física directa de suelo con presencia de glaciares rocosos ocultos.
- Uso intensivo de agua de vertientes y riesgo severo de contaminación química.
- Generación de material particulado en suspensión, el cual se deposita sobre la nieve acelerando drásticamente el derretimiento por absorción térmica.
Las profundas diferencias en los controles ambientales entre Argentina y Chile
Otro de los puntos álgidos de cara a la cumbre del 7 de julio es la profunda disparidad en las regulaciones de control. El diputado nacional argentino Esteban Paulón (Bloque Unidos) alertó sobre un escenario de franca asimetría: mientras el monitoreo ambiental en Chile se centraliza en el gobierno nacional, en Argentina recaerá exclusivamente sobre las administraciones provinciales.
Esta descentralización del control generó fuertes rispideces tras la polémica reforma de la Ley de Glaciares en Argentina. La normativa original unificaba la protección bajo criterios estrictamente científicos provistos por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Sin embargo, las modificaciones introducidas otorgan facultades a los ejecutivos provinciales para objetar la condición de «reserva hídrica estratégica» de ciertos bloques helados. Si una provincia dictamina que no reviste carácter estratégico, podría ordenar su exclusión del Inventario Nacional y dar vía libre a la explotación industrial, abriendo la puerta a su destrucción.
Por el momento, la validez de esta reforma está judicializada. Giraud precisó que la flexibilización ambiental fue impugnada ante la Justicia Federal argentina por quebrantar el principio de no regresión ambiental, el derecho a la participación ciudadana amparado en el Acuerdo de Escazú y la consulta previa estipulada en el Convenio 169 de la OIT. Del lado chileno, Flavia Liberona aportó que la vulnerabilidad es mutua, dado que Chile aún carece de un marco normativo específico que resguarde los glaciares y recursos hídricos en alta montaña. Al realizarse evaluaciones de impacto por separado y con estándares disímiles, el control ecosistémico global queda totalmente fragmentado.
Distrito Vicuña y el fantasma de Pascua Lama
El ejemplo más directo del impacto que tendrá la reactivación del tratado se ubica en el límite entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama.
Allí se asienta el megaproyecto Distrito Vicuña, un masivo complejo de extracción de oro y cobre controlado por la alianza de las corporaciones multinacionales Lundin y BHP, que engloba yacimientos clave como Josemaría, Filo del Sol y Los Helados.
Por su ubicación geográfica en plenas cumbres fronterizas, el proyecto se encuentra plenamente supeditado al régimen del tratado binacional. Las asambleas socioambientales locales ya lo denominan públicamente como el «nuevo Pascua Lama», en alusión al fallido proyecto binacional clausurado definitivamente por la Justicia chilena tras constatarse daños irreparables al ecosistema de alta montaña.
Científicos del CEAZA explicaron que el proceso extractivo remueve toneladas de roca profunda rica en metales pesados. Al quedar expuestos de forma directa al oxígeno y la escorrentía superficial, estos materiales desencadenan drenajes ácidos que contaminan las nacientes de los ríos, reproduciendo de manera exacta los mismos fallos técnicos que sepultaron la iniciativa de Pascua Lama en el pasado.
A este pasivo ambiental se le adiciona la presión sobre las comunidades de Atacama, que pasarán a ser el nodo logístico del mineral extraído en Argentina, implicando un tránsito pesado masivo de camiones e infraestructura portuaria de embarque de gran escala.
Frente a la inminente cumbre de julio, los investigadores instan a los gobernantes a reformular la diplomacia andina hacia un paradigma de conservación unificada, considerando la cordillera como un ecosistema compartido indivisible en lugar de una mera traza cartográfica para la explotación mineral.
Las tres alarmas económicas y laborales que preocupan al sector industrial argentino
Más allá del plano ambiental, con la reactivación del acuerdo los proveedores locales de bienes y servicios manifestaron preocupación, debido a la imposibilidad de competir en precios y costos contra la oferta chilena.
Esta marcada desventaja competitiva se debe principalmente a las asimetrías impositivas y fiscales que abaratan los presupuestos corporativos en Chile, lo que podría amenazar con marginar a las pymes argentinas de las órdenes de compra dentro del polígono del tratado.
A esto se suma la definición operativa de los desarrolladores del megaproyecto Distrito Vicuña (complejo controlado por Lundin y BHP en el límite de San Juan y Atacama, que engloba a Josemaría, Filo del Sol y Los Helados). La corporación dejó en claro que la minería aplicada en territorio argentino será estrictamente extractivista. El esquema contempla únicamente la extracción primaria a boca de mina en las altas cumbres. Posteriormente, todo el transporte, el procesamiento industrial y la elaboración del concentrado final se realizarán en territorio chileno, saliendo directamente al mercado internacional por los puertos del océano Pacífico, privando a la Argentina de generar valor agregado local.
La presión gremial por el control de los operarios en la frontera
Finalmente, la integración forzosa de la mano de obra abre una compleja arista gremial. El flujo constante de operarios chilenos que cruzarán la frontera para trabajar en yacimientos ubicados en suelo argentino exige una regulación binacional estricta. Los gremios mineros argentinos demandan esquemas de homologación claros sobre escalas salariales, encuadres sindicales y aportes previsionales para evitar fricciones y prevenir medidas de fuerza que paralicen las operaciones en la cordillera.
De esta manera, la cumbre del próximo 7 de julio en Buenos Aires no será una reunión diplomática más. Por el contrario, se convertirá en un escenario de alta tensión donde se pondrán a prueba la soberanía ambiental, el futuro de las pymes locales y los derechos de los trabajadores.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.