En la audiencia pública del 3 de junio, Vicuña Argentina defendió su prioridad de uso sobre la capacidad de transporte eléctrico. Pero Gualcamayo, Los Azules, Barrick y Hualilán cuestionaron el otorgamiento. Denuncian “exclusividad material sobre un corredor estratégico” y advierten que sus derechos preexistentes están en riesgo. El ENRE deberá resolver en los próximos días.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La audiencia convocada por el ENRE expuso el enfrentamiento por la línea de 500 kV Nueva San Juan – Rodeo. Vicuña Argentina (Josemaría y Filo del Sol) pide prioridad de uso del 90% de la capacidad por 25 años. Pero Gualcamayo, Los Azules, Barrick y Hualilán objetan el régimen. Denuncian que se crea una “exclusividad material” sobre una infraestructura preexistente pagada por todos. El EPRE San Juan y la provincia de La Rioja también presentaron reparos. La resolución del ENRE definirá el futuro energético de la minería sanjuanina.
Este 3 de junio de 2026, la sala virtual del ENRE se convirtió en el escenario de una disputa que define el futuro energético de la minería en San Juan. El objeto de la audiencia pública, convocada por Resolución ENRE N° 219/2026– era analizar la solicitud de Vicuña Argentina S.A. (proyectos Josemaría y Filo del Sol) para acceder al 90% de la capacidad remanente de la línea de 500 kV Nueva San Juan, Rodeo durante 25 años.
Pero lo que parecía un trámite técnico se transformó en un alegato cruzado. No solo por la magnitud de lo pedido (260 MW iniciales, que crecerán a 400 MW y luego a 700 MW), sino porque sobre esa misma infraestructura, construida con fondos públicos y aportes privados, ya hay otros proyectos mineros con derechos reconocidos o en desarrollo.
Desde el EPRE San Juan hasta la provincia de La Rioja, pasando por los municipios de Jáchal e Iglesia, y sobre todo por las otras empresas mineras, llovieron objeciones. Gualcamayo, Los Azules, Barrick y Hualilán tomaron la palabra. Y no fue para aplaudir.
El origen del conflicto: la Resolución ENRE 79/2026
El conflicto no nació en la audiencia. Viene de antes. En abril de 2026, el ENRE dictó la Resolución N° 79/2026, que otorgó a Vicuña Argentina prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad de transporte del corredor Nueva San Juan – Rodeo por 25 años. Esa decisión generó una catarata de oposiciones: el EPRE San Juan, la provincia de La Rioja, municipios y varias empresas mineras presentaron recursos.
La audiencia del 3 de junio fue la instancia pública para que todas las partes expusieran sus argumentos antes de que el ENRE tome una decisión final.
“La prioridad de uso solicitada por Vicuña es un aspecto específico del régimen de ampliaciones”
El primero en hablar fue Adriel Rizatto Lede, gerente de energía de Vicuña Argentina. Con los 15 minutos que le asignaron, defendió la legalidad del pedido.
“La resolución NR79 del 2026 no otorga a Vicuña control sobre el sistema eléctrico de San Juan ni exclusividad sobre la red de transporte. El SADI funciona bajo el principio de acceso abierto. Ese principio permanece vigente. La prioridad de uso solicitada por Vicuña es un aspecto específico del régimen de ampliaciones. Se refiere exclusivamente a la capacidad incremental generada por obras determinadas, promovidas y financiadas por quien origina la necesidad de la ampliación.”
Rizatto Lede detalló las obras que Vicuña financiará: una línea de 220 kV de 93 km, una nueva estación Chaparro a 3.000 metros de altura, una línea de 500 kV de 167 km hasta Rodeo, y la ampliación de la estación Nueva San Juan. Inversión millonaria que, argumentó, justifica la prioridad.
Pero el resto de los expositores no lo vieron tan claro.
“Se asegure el derecho persistente que nos asiste respecto al acceso de hasta 30 MW”
El primero en poner el dedo en la llaga fue Juan Pablo García Díez, director de Minas Argentinas S.A., operadora del proyecto Gualcamayo.
Su planteo fue concreto y legal: la provincia de San Juan sancionó en 2014 la Ley 1181, que reconoce a Gualcamayo el derecho a acceder hasta 30 MW de capacidad de las instalaciones de 500 kV.
“No nos oponemos a esta solicitud en tanto y en cuanto se asegure el derecho persistente que nos asiste respecto al acceso de hasta 30 MW de la capacidad de las instalaciones de 500 kV de la provincia de San Juan. Nos preocupa que la asignación de prioridad de uso del 71% (sic) sobre la capacidad total de la línea Nueva San Juan, Rodeo por un plazo de 25 años pueda en los hechos condicionar o restringir el ejercicio efectivo del derecho legal reconocido a Minas Argentinas.”
García Díez pidió que cualquier autorización del ENRE certifique que, tras la asignación a Vicuña, quede capacidad remanente real suficiente para abastecer sus 30 MW. Sin eso, advirtió, su derecho quedaría en papel mojado.
Los Azules: “Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”
El más duro de todos fue Miguel Federico Pugliese, en representación de Andes Corporación Minera S.A. (proyecto Los Azules). No solo objetó la prioridad de Vicuña: cuestionó la legalidad de la propia Resolución 79/2026.
“Lo que esta parte cuestiona, señor presidente, no es el instrumento, es la aplicación del instrumento que se hizo en este caso concreto y sobre un trabajo específico, la línea Nueva San Juan, Rodeo. Esta parte viene a decir que el artículo 9 de la resolución 79 carece de sustento técnico, normativo y procedimental suficiente. El artículo 3 de esa misma resolución, al fijar un plazo de 25 años, transforma una asignación de prioridad en una exclusividad material sobre un corredor estratégico ya construido.”
Pugliese fue al hueso: “La pregunta no es si Vicuña Argentina tiene derecho a obtener prioridad por la infraestructura nueva que financia. La pregunta es si esa prioridad puede extenderse por arrastre a infraestructura preexistente que no forma parte de su inversión.”
Y sentenció: “Asignar el 90% de un número que no fue auditado bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada y por 25 años no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable.”
Pugliese cerró con una advertencia: “El ENRE tiene ante esta audiencia una oportunidad concreta de corregir su propio acto y evitar la judicialización del expediente.”
Barrick: “Las empresas realizaron aportes sustanciales bajo un esquema jurídico específico”
Más moderada pero igual de firme fue Adriana Rodríguez Veladero, en representación de Barrick y Minera Argentina del Sol. Su planteo fue otro: Barrick también financió esa línea.
“Las empresas realizaron un aporte total de 55 millones de dólares destinados a la obra del tramo Nueva San Juan, Rodeo. La ley provincial número 1181A establece expresamente que los aportes de las empresas les dan derecho a acceder al uso de las obras hasta una potencia de 250 MW.”
Rodríguez aclaró que no se oponen a Vicuña, pero exigen que se respete su capacidad reservada. “No cuestionan el principio del acceso abierto. Solicitamos a este ente que cualquier decisión que adopte en el marco de este expediente lo haga teniendo en cuenta debidamente los aportes realizados por las empresas.”
Hualilán: “Configura sin duda una desproporción manifiesta entre la firmeza del beneficio otorgado y la consistencia técnica”
La última en hablar del lado de las mineras fue Sonia Mabel Delgado, presidente de Golden Mining, titular de la mina Hualilán. Fue directa: la resolución ya está afectando su viabilidad.
“Vengo a exponer en términos concretos y verificables por qué el régimen de prioridad establecido en los artículos 9 y 3 de la resolución ENRE número 79 afecta de manera directa la viabilidad de la mina Hualilán.”
Delgado detalló que Hualilán tiene una demanda inicial de 15 MW desde 2028 y final de 40 MW a partir de 2030. Y que su requerimiento de conexión es anterior al de Vicuña.
“Lo que el acto administrativo cuestionado califica como ‘capacidad permanente’ es, en rigor, capacidad de una infraestructura troncal pagada por la comunidad sobre la que se proyecta ahora una reserva del 90% por 25 años en favor de un único agente privado. La simetría entre la demanda comprometida y la capacidad reservada es superior de 2 a 1. Comprometer un corredor troncal del SADI por 25 años sin mecanismo de revisión y cláusula de liberación configura sin duda una desproporción manifiesta.”
Su pedido fue explícito: “Solicitamos que la prioridad otorgada por el artículo 9 sea revisada, ajustando su alcance a la capacidad estrictamente necesaria para satisfacer la demanda acreditada del solicitante. Corresponde que se revoque el acto administrativo impugnado.”
Los otros actores: EPRE, La Rioja y los municipios
Mientras las mineras se enfocaban en sus derechos preexistentes y en la legalidad de la resolución, otros actores institucionales pusieron sobre la mesa preocupaciones de fondo: el costo para los usuarios, el futuro de la interconexión provincial y el desarrollo local.
El EPRE San Juan y los acuerdos de mitigación
El más esperado de los expositores fue Roberto Ferrero, en representación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan. Ferrero no se opuso al proyecto, pero puso condiciones claras.
“Nuestra conformidad queda sujeta a la suscripción de los acuerdos de mitigación previstos en la norma subnacional ley provincial 1181A, por los cuales el proyecto minero debe internalizar los costos de mitigación de la demanda eléctrica que incorpora. También se solicita que la capacidad de transporte que exceda a las necesidades propias de Vicuña quede disponible para el resto de la actividad minera de la provincia.”
Ferrero fue contundente sobre el principio de igualdad: “Emprendimientos como Barrick, Minera Argentina, Gol, Casposo y Gualcamayo han integrado de manera oportuna a los fondos públicos provinciales un total de 133,8 millones de dólares para expandir y consolidar esta misma red de transporte que hoy se pretende usar. Permitir que un nuevo actor económico disponga de activos públicos sin internalizar sus costos vulneraría flagrantemente el principio de igualdad ante la ley.”
Además, alertó sobre el impacto técnico. “Al elevar a 500 kV el vínculo entre Nueva San Juan y Rodeo, se altera en forma irreversible la física de la red regional subyacente, provocando un redireccionamiento de los flujos de potencia de los parques solares al norte de la provincia. Esta reconfiguración agotará los márgenes de seguridad y vulnerará el criterio de contingencia n-1 del sistema eléctrico de San Juan.”
Ferrero pidió formalmente al ENRE que no otorgue la habilitación comercial hasta que se firmen los acuerdos de mitigación, y consideró que el plazo de 30 días sugerido por Vicuña es “marco adecuado” para concretarlos.
La Rioja: “Nos bloquean la interconexión que financiamos”
Por la provincia de La Rioja habló Alfredo Pedrali, su secretario de Energía. Su intervención fue una de las más políticas y estratégicas.
“Esta oposición se realiza en tanto que la resolución NR79 2026 puede generar perjuicios al funcionamiento técnico económico del sistema argentino de interconexión, afectando su disponibilidad para futuras interconexiones y las posibilidades de expansión eléctrica de la provincia de La Rioja.”
Pedrali recordó que la línea recreo, La Rioja Sur fue financiada con aportes del Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal, integrado por todas las provincias, incluida La Rioja. “Si la estación Rodeo es utilizada para interconectar con la futura estación Chaparro, la provincia de La Rioja no tendría dónde conectarse en 500 kV en ese nodo y el proyecto Rodeo, La Rioja quedaría bloqueado.”
Y fue al grano: “Se estaría otorgando a Vicuña la prioridad de uso de la capacidad disponible por hasta un 90% durante 25 años, lo que excede los requerimientos del proyecto. Esta secretaría solicita al ENRE que otorgue a la provincia de La Rioja un porcentaje de prioridad de uso por los aportes económicos realizados para su construcción, y que garantice la interconexión oportunamente prevista ordenando la construcción en la futura estación Chaparro de una calle en la playa de 500 kV.”
Los municipios: Jáchal e Iglesia ponen condiciones
Matías Espejo, intendente de Jáchal, apoyó el desarrollo pero exigió contrapartidas concretas.
“El municipio considera indispensable que el proceso de autorización y ejecución del proyecto incorpore mecanismos efectivos de protección de los intereses locales. Es imprescindible establecer mecanismos obligatorios de prioridad para trabajadores, empresas y proveedores del departamento. Consideramos razonable utilizar porcentajes mínimos de participación local durante las etapas de construcción y operación.”
También pidió un programa de responsabilidad social empresaria para infraestructura de agua potable, salud y un sistema de monitoreo ambiental participativo. “La prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad o disponibilidad del servicio para la comunidad.”
Por su parte, Jorge Espejo, intendente de Iglesia, departamento donde se ubica el proyecto Josemaría, fue más conciliador pero no menos firme.
“Estamos totalmente de acuerdo con el desarrollo de la minería. Sabemos que nos da trabajo, que nos da producción, sabemos que esta inversión va a ser solventada por la empresa Vicuña. Pero también adherimos a esto de que es necesario que se respete la legislación vigente, que se firmen los acuerdos necesarios y que quede disponibilidad de transporte para nuevos proyectos, respetando primariamente todos los usuarios del departamento de Iglesia.”
Espejo apoyó lo dicho por Ferrero y pidió que en los 30 días de gracia se “cristalicen oportunamente los acuerdos necesarios”.
El cierre: Vicuña pide 30 días más
Al final de la audiencia, Rizatto Lede ejerció su derecho a réplica. Insistió en que la prioridad no afecta a otros usuarios, que los costos son asumidos por Vicuña y que la obra es “una mejora significativa para el SADI”. Además, solicitó al ENRE que otorgue 30 días adicionales para seguir coordinando con los actores provinciales.
El ENRE deberá ahora emitir su resolución. Los expedientes están abiertos. Y las mineras, con sus abogados listos, ya anticiparon que si la decisión no corrige el rumbo, la judicialización es inminente.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.