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Recientemente, se conoció la adjudicación de la segunda etapa del campamento modular de alta montaña del proyecto metalífero Vicuña a la corporación estatal PowerChina por un monto superior a los USD 52 millones, en detrimento de firmas nacionales argentinas que quedaron fuera de la licitación por precio, no por la calidad técnica de sus proyectos. Más allá de la asimetría comercial, el desembarco de PowerChina en la cordillera introduce un factor de inquietud respecto a sus antecedentes en América Latina.
Quién es el gigante detrás del desembarco de PowerChina
Para entender la magnitud del actor que acaba de desembarcar en el proyecto Vicuña, es fundamental desarmar su compleja estructura corporativa. Detrás del nombre PowerChina (Power Construction Corporation of China) no hay una empresa privada común, sino un mega consorcio industrial controlado de forma directa y absoluta por el Estado de la República Popular China, bajo la estricta vigilancia de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC), que actúa en nombre del Estado como accionista e inversor principal de las grandes empresas públicas no financieras.
Este holding estatal opera en los mercados globales y financieros a través de su brazo operativo cotizado en bolsa, Power Construction Corporation of China Ltd., la cual funciona como una «nave nodriza» que financia y coordina a las constructoras de infraestructura e ingeniería hídrica más grandes de Asia.
Las filiales operativas del consorcio en el terreno
El brazo ejecutor de este holding está compuesto por compañías de peso internacional, que actúan como sus principales constructoras asociadas:
- Sinohydro Corporation: La filial más grande y conocida del grupo, especializada en la construcción de represas, centrales hidroeléctricas y megas infraestructuras viales en todo el planeta.
- HydroChina: El brazo técnico encargado del diseño de ingeniería, consultoría ambiental y planificación de recursos hídricos y energías renovables.
- SEPCO: La división enfocada en el montaje de plantas de energía pesada y tendidos eléctricos de alta tensión.
Es precisamente este pulpo estatal, con un despliegue de miles de millones de dólares y presencia en los cinco continentes, el que hoy se encuentra bajo la mirada de los organismos de control internacionales por los antecedentes que detallamos a continuación. Esta investigación se ha centrado únicamente en algunos países de América Latina.
Ecuador: Grietas estructurales y la sombra del cohecho
El desastre técnico de Coca Codo Sinclair y el desvío de fondos
El caso más crítico para PowerChina se localiza en Ecuador, donde su filial Sinohydro ejecutó la construcción de la central hidroeléctrica «Coca Codo Sinclair», de 1.500 MW. De acuerdo con la información oficial, el proyecto energético costó US$2.245 millones y la mayor parte del financiamiento se obtuvo a través de un crédito concedido por China.
El problema fue que las auditorías técnicas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) revelaron fallas mecánicas catastróficas, detectando más de 17.000 fisuras y grietas en los distribuidores de presión de las turbinas hídricas.
En su informe, la Contraloría determinó que las fisuras en los distribuidores de la central hidroeléctrica «ocasionaron un perjuicio de US$10.088.551, por las ocho unidades y US$83.789.614 por su instalación», si se consideran los costos de la construcción. A su vez detallaron que un eventual colapso de la sala de máquinas podría significar pérdidas que superen los US$1.000 millones, según el documento.
También se habló de posibles problemas con los materiales usados en la construcción. Frente a esto Sinohydro señaló que todo lo utilizado estaba estipulado en el contrato.
El desastre técnico derivó en un extenso litigio ante la Corte Internacional de Arbitraje que demandaba USD 580 millones por vicios ocultos de obra.
La disputa concluyó mediante un laudo definitivo donde se acordó que Ecuador recibirá una compensación de USD 400 millones, y PowerChina (matriz de Sinohydro) asumirá la operación y mantenimiento de la central por los próximos 25 años.
Desvío de USD 76 millones en la mira judicial
Por otra parte, en Ecuador, la empresa china está involucrada en el llamado «Caso Sinohydro». Se trata de una de las tramas de presunta corrupción más grandes de Ecuador, centrada en el mismo proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La Fiscalía General del Estado investiga el delito de cohecho tras descubrirse que la empresa estatal china pagó aproximadamente $76 millones en sobornos entre 2009 y 2018 para obtener el contrato de la obra.
Los imputados en la causa son 21 personas, entre ellos familiares del expresidente Lenín Moreno, exfuncionarios públicos, excolaboradores, abogados y organizaciones y miembros de la Iglesia Católica.
Los peritajes contables de los tribunales determinaron que el dinero se trianguló mediante firmas intermediarias y cuentas fantasmas en paraísos fiscales. El caso se encuentra en la etapa de juicio, desarrollada en la Corte Nacional de Justicia.
Bolivia: Deforestación ilegal, abusos laborales y fallas viales
El paso de la constructora china Sinohydro por Bolivia dejó expedientes ambientales y laborales. En 2017, el entonces diputado Tomás Monasterio realizó 2 denuncias ambientales por deforestación. “Fue un desmonte salvaje”, expresó Monasterio. La firma fue multada por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) a pagar 14.000 bolivianos (2.000 dólares aproximadamente) por el primer caso, junto con la orden de reforestar toda la zona, y la duplicación de la multa (4.000 dólares) por el segundo caso.
A pesar de esto, y aunque se demostró el desmonte e incluso se realizó el hallazgo de desechos tóxicos enterrados, las demandas penales naufragaron en la justicia local por supuesta «insuficiencia de pruebas«.
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En 2023, la ONG Cedib denunció ante las Naciones Unidas que las obras de la empresa destruyeron más de 280 hectáreas dentro del Parque Nacional Carrasco, afectando a 18 comunidades y destruyendo el hábitat de especies de flora y fauna en extinción. Asimismo, en el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, la Defensoría del Pueblo constató infracciones por los esquemas de subcontratación, externalización y malas condiciones de los alojamientos de los trabajadores.
El escándalo técnico estalló a finales de 2023 con la ruta El Sillar (que une Cochabamba con Santa Cruz). A solo días de su habilitación, la millonaria obra sufrió graves derrumbes y roturas en el cemento. La diputada opositora Luisa Nayar Sosa presentó una denuncia penal por irregularidades cambiarias y sobreprecios que causaron un daño económico millonario al país. La misma involucra al ministro de Obras Públicas, a miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras y a los representantes de Sinohydro. Además disparó de forma categórica en una entrevista con Infobae que: “Tanto Evo Morales como Luis Arce son los responsables”.
Al mismo tiempo la funcionaria expuso que la normativa boliviana exige como requisito para la adjudicación de obras el Registro Único de Proveedores de Estado (RUPE). En el contrato no figura el RUPE de Sinohydro.
Perú: Contratos millonarios y el fantasma de la corrupción
El Club de la Construcción y las alertas de la Contraloría
PowerChina, a través de su filiar Sinohydro consolidó un millonario historial en el país, adjudicándose contratos públicos por más de 4,4 mil millones de soles (aproximadamente 1.260.000 dólares) desde diciembre de 2017. Sin embargo, su vertiginoso crecimiento financiero convive con un tendal de obras retrasadas y paralizadas y alianzas con empresas investigadas por corrupción.
Por otra parte algunas de sus obras fueron cuestionadas y multadas por la Contraloría General de la República. Ausencia de “personal clave” de la empresa supervisora y de la contratista, incluso de especialistas en seguridad y salud del trabajo; trabajadores sin el material de seguridad completo e instalaciones eléctricas para la iluminación y tomacorrientes deficientes, que no cumplían con las normativas. Asimismo advirtieron que la empresa china había incumplido lo acordado en el estudio de impacto ambiental.
Colombia: Sobrecostos en Hidroituango y parálisis operativa
En Colombia se repite el mismo patrón. Millonarias adjudicaciones bajo la lupa de los organismos de control. Desde su desembarco en el país en 2016, la firma logró posicionarse como un actor dominante en contratos de infraestructura hospitalaria y parques de energía solar. Sin embargo, su historial reciente está marcado por disputas contractuales y una preocupante inercia en los plazos de entrega.
Escalada de costos
El foco de mayor conflicto institucional estalló tras la adjudicación de uno de los contratos más grandes y polémicos del megaproyecto Hidroeléctrico Ituango. PowerChina integra el denominado Consorcio CYS. En 2023, este consorcio tenía a su cargo las obras civiles para la puesta en marcha de las unidades generadoras de energía.
El hecho es que la Contraloría General de Antioquia realiza una investigación formal del proceso licitatorio, ante la sospecha de un severo detrimento patrimonial.
La documentación oficial del caso revela que el contrato, que inicialmente se había estimado en un valor de 410.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 115.000 dólares), sufrió una escalada de sobrecostos hasta los 900.000 millones (243.000.000 dólares), llegando incluso a superar los 279 millones de dólares.
Paralelamente a esto, la gestión operativa de la multinacional acumula severos cuestionamientos en Colombia. Múltiples proyectos de alta prioridad en la salud pública y la transición energética registran grandes retrasos, disputas legales sobre los términos de los contratos y solicitudes reiteradas de prórrogas por parte de la constructora.
Venezuela: El «peaje» del 10% en Andorra y sobreprecios eléctricos
El historial de la constructora Sinohydro Corporation LTD en el territorio venezolano se encuentra ligado de forma directa a las investigaciones por corrupción institucional y desvíos financieros en el sector energético del país.
La firma asiática forma parte del entramado judicial por el presunto pago de comisiones ilegales a funcionarios públicos, destinadas a garantizar la obtención de contratos millonarios de infraestructura. Estas adjudicaciones se ejecutaron en el contexto del acuerdo bilateral de financiamiento, suscrito en 2010 entre los regímenes de Venezuela y China, denominado popularmente como el fondo de “Gran Volumen”.
Por otra parte, Sinohydro fue formalmente señalada por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional por haber cobrado grandes sobreprecios en las negociaciones y adjudicarse contratos directos.
En la imagen a continuación se detalla como el cliente (la sociedad Highland Assets Corporation vinculada al empresario Diego Salazar y operada junto a Pablo Laplana (exdirectivo de la Banca Privada d’Andorra – BPA) cobraba una comisión del 10% por asesorar a la empresa china Sinohydro Corporation Limited en la firma de contratos de obras públicas con CORPOELEC o PDVSA. El documento detalla que los proyectos tenían una valoración superior a los 3.000.000.000 USD (3.000 millones de dólares) e incluye una lista de 5 proyectos específicos y el desglose de las millonarias transferencias recibidas y enviadas a terceros.
Argentina: El freno de la megaobra santacruceña y el costo diario del parate
Los problemas con PowerChina en nuestro país se ubican en la Patagonia. El Complejo Hidroeléctrico del Río Santa Cruz (integrado por las centrales Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), representa el proyecto de infraestructura más grande financiado por la República Popular China fuera de sus fronteras, con un presupuesto que supera los 4.714 millones de dólares. Sin embargo, el megaproyecto estuvo completamente paralizado desde diciembre de 2023 debido a la falta de adendas financieras de los bancos chinos, desacuerdos de precios con el Estado y tensiones políticas.
Mientras la represa Jorge Cepernic (la más pequeña del complejo) registra un 46% de avance y tiene sus turbinas hidráulicas ya fabricadas, la central Néstor Kirchner apenas llega al 19,2%. Como consecuencia de este congelamiento de fondos, en marzo de 2024 la UTE constructora concretó el despido masivo de 1.800 trabajadores, dejando en las plantas únicamente dotaciones mínimas destinadas al mantenimiento de seguridad.
El impacto económico y la estrategia de reactivación
La parálisis le costó al país un estimado de 3,5 millones de dólares diarios (unos 1.300 millones anuales) ante la obligación estatal de importar combustibles líquidos alternativos para suplir la energía que el complejo no inyectó a la red nacional. Por consiguiente, para destrabar el conflicto, el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, firmó un nuevo entendimiento contractual con la UTE, que resolvió las controversias pendientes y gestionó ante la banca china el desembolso de los fondos indispensables para el reinicio de las actividades.
Minería si, pero no así
El millonario desembarco en el proyecto Vicuña pone a prueba los mecanismos de control locales. Frente a un pulpo estatal que arrastra un historial de grietas, sobreprecios y redes de opacidad financiera desde el Caribe hasta la Patagonia, la minería argentina no puede otorgar cheques en blanco. Proteger el desarrollo local y garantizar la transparencia no es una opción; es la única vía para garantizar el futuro de nuestra cordillera.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.