En un escenario donde cada peso cuenta para el desarrollo de las comunidades, el ministro de Minería local, Juan Pablo Perea, salió a aclarar los tantos sobre el destino real de las partidas financieras. Según el funcionario, la provincia ya tiene asignado o bajo revisión técnica casi la totalidad del capital acumulado en los fideicomisos mineros, derribando cualquier duda sobre la liquidez disponible para nuevos proyectos sin planificación previa.

Cómo se reparten los recursos de las mineras en la provincia
Para entender a dónde va a parar la plata que genera la actividad de extracción, el Ministerio de Minería implementó un esquema de ordenamiento estricto. Por consiguiente, la caja de los fideicomisos se segmentó en tres grandes áreas operativas que permiten trazar el recorrido de las inversiones desde que se aprueban hasta que la máquina empieza a trabajar en el territorio.
“Lo que tenemos en el comité de fideicomiso lo hemos dividido en tres partes: las obras ejecutadas y en ejecución, las obras aprobadas y los proyectos pendientes de aprobación”, gatilló Perea en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan. Esta división busca transparentar el flujo de fondos y dar previsibilidad a las empresas contratistas y a los municipios beneficiados.
Qué son y cómo funcionan los fideicomisos mineros
Para entender de qué se trata esta caja financiera de la que habla el ministro, es importante no confundirla con las regalías comunes. En pocas palabras, los fideicomisos se pueden resumir en tres ejes fundamentales que explican su funcionamiento en el territorio sanjuanino:
- Origen por contrato específico: A diferencia de las regalías obligatorias por ley, son fondos que surgen de acuerdos públicos-privados particulares entre las empresas operadoras y el Gobierno provincial.
- Destino exclusivo para infraestructura: El capital acumulado no se puede usar para gastos corrientes ni sueldos municipales. Por el contrario, la plata se destina de forma única a obras de gran envergadura hídrica, vial y de desarrollo productivo.
- Caja cerrada y administración mixta: Los recursos no ingresan al presupuesto general de la provincia. Los administra un comité integrado por el Estado y las mineras, garantizando que cada peso se transforme en cemento y conectividad para los departamentos.
El margen que queda en la caja del comité

Cuando se pasa en limpio el borrador de las obras que están esperando el visto bueno en los despachos oficiales, el saldo que queda libre es mínimo. De hecho, si el aparato burocrático le da luz verde a los expedientes que hacen fila en las comisiones técnicas, el margen de maniobra financiera queda prácticamente al límite de su capacidad.
El ministro fue tajante al respecto para evitar falsas expectativas de financiamiento inmediato: “Con los proyectos pendientes de aprobación, en el caso de que se aprueben, tenemos una capacidad del 90% del fideicomiso cubierta”. En consecuencia, la prioridad de la gestión actual se concentra en blindar y terminar lo que ya se empezó, antes de abrir el grifo para nuevas carpetas de obras.
El agua en la mira: la prioridad absoluta de la inversión sanjuanina

En una provincia árida donde la crisis hídrica dejó de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana, el destino del dinero minero no es un tema menor. Por lo tanto, los fondos se orientaron de manera masiva a blindar el sistema de riego, la impermeabilización de canales y el aseguramiento del agua tanto para el consumo de la población como para el entramado productivo local.
Conectividad vial e impacto en los departamentos de San Juan
“Como eje transversal están las obras hídricas de la provincia”, remarcó Perea, dejando en claro que el recurso vital se lleva la atención preferencial de la mesa chica que define los desembolsos. Sin embargo, la billetera minera también tiene que atender urgencias históricas de los departamentos alejados, donde la falta de caminos rompe la cadena de desarrollo social.
Por ejemplo, una de las obras más esperadas y que ya se financia con estos aportes es la edificación de los puentes de Mogna, una localidad clave de Jáchal que suele sufrir las consecuencias del aislamiento cuando el clima complica las rutas de acceso convencionales. Al respecto, el titular de la cartera minera detalló el alcance de esta visión federal de las regalías: “Hay infraestructuras de ruta o conectividad y se están desarrollando obras sociales como los puentes de Mogna. Cada una tiene impacto según la zona”.
Millonaria inversión minera para el puente sobre el río Tafí

Con respecto a este proyecto clave para el departamento Jáchal, los detalles de la infraestructura confirman la magnitud del desembolso que se puso en marcha este año. La obra cuenta con un presupuesto oficial que superó los 1.653 millones de pesos, financiados de manera íntegra mediante los recursos del Fideicomiso Fase VI – Veladero.
El plan contempla la construcción de un puente recto de 50 metros de largo diseñado específicamente para soportar las crecidas extraordinarias que históricamente dejan aislada a la localidad de Mogna. Los trabajos, cuya apertura de sobres licitatorios se concretó en abril pasado, tienen un plazo fijado de 450 días corridos para devolverle la conectividad definitiva a la zona.
Una ley clave que se debate en la Legislatura provincial

El blanqueo de los números de los fideicomisos por parte de Perea no se da de manera aislada. Por el contrario, coincide con una semana caliente en la Cámara de Diputados de San Juan. Los legisladores provinciales se preparan para tratar en el recinto el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una normativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca cambiar las reglas del juego en la cadena de valor minera.
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El principal objetivo de este marco regulatorio es subir la vara de la participación local, obligando a las operadoras mineras a priorizar la contratación de mano de obra de la provincia, el compre sanjuanino en proveedores metalmecánicos y de servicios, y la inversión directa en los pueblos donde se encuentran los yacimientos. En resumen, el Gobierno busca asegurar que el derrame económico de los proyectos metalíferos se traduzca de inmediato en infraestructura real, bajo la premisa indiscutible de que el desarrollo regional se logra al potenciando cada rincón de la provincia.

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