La octava edición de la Agenda Ambiental Legislativa documenta con crudeza la reforma de la Ley de Glaciares. Un análisis técnico sobre el desmantelamiento de la protección hídrica frente al avance de la frontera minera en la Argentina.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Círculo de Políticas Ambientales (en adelante CPA) presentó una edición especial de su informe anual, centrada exclusivamente en la reforma de la Ley 26.639. El documento denuncia que la nueva norma desplaza la evidencia científica del IANIGLA por criterios políticos provinciales, poniendo en riesgo el suministro de agua para 7 millones de argentinos.
Un documento de registro ante el «paso al abismo» legislativo
La octava edición de la Agenda Ambiental Legislativa del CPA no es una publicación más; por primera vez en su historia, los editores María Eugenia Testa, Carina Quispe y Jonah Hawksley decidieron dedicar el volumen de forma íntegra a la reforma de la protección de glaciares. Según explican los autores en la introducción, este número funciona como un registro histórico ante un proceso que consideran un «retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes».
El informe detalla que, entre finales de 2025 e inicios de 2026, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.804 bajo una lógica de urgencia política que contrastó con la calidad deliberativa de la norma original de 2010. Para el CPA, lo que se reformó no fue solo un articulado técnico, sino el estándar con el que el Parlamento trata hoy las cuestiones ambientales, permitiendo que «las autoridades provinciales queden habilitadas a solicitar la exclusión de glaciares que, según sus propios estudios, no cumplirían funciones hídricas relevantes».
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El desbaratamiento del Inventario Nacional y el rol del IANIGLA
Uno de los puntos más críticos que desarrolla la Agenda 2026 es la transformación del Inventario Nacional de Glaciares (ING). Lo que antes era un registro científico vinculante elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ahora se reduce a una mera «herramienta de consulta» para las autoridades.
La incorporación del artículo 3 bis es señalada por Testa y Quispe como la modificación más trascendente. Este apartado establece que los cuerpos de hielo solo estarán protegidos hasta que la autoridad competente local verifique la inexistencia de funciones hídricas. El documento advierte que el IANIGLA se ve forzado a eliminar elementos del inventario si una provincia lo solicita basándose en estudios propios, lo cual «reduce la capacidad del organismo científico nacional para actuar como instancia técnica independiente».
Minería y RIGI: el motor económico de la reforma
El informe del CPA vincula directamente esta reforma con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según los datos procesados en la agenda por Paula Lertora, hasta junio de 2026, el 56,25% de los proyectos aprobados bajo este régimen pertenecen al sector minero (9 de 16 iniciativas).
Proyectos estratégicos en San Juan, como la ampliación de las fases 8 y 9 de Veladero (conducido por Minera Andina del Sol SRL) y el yacimiento de cobre Los Azules (a cargo de Andes Corporación Minera SA), aparecen en el radar del RIGI. El documento cita declaraciones de Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore en Argentina, quien reconoció: «Nosotros tenemos un glaciar en Pachón», pero argumentó que estudios de la Universidad Nacional de San Juan le restaban relevancia hídrica.
Riesgo de «Bancarrota Hídrica» y el impacto en San Juan
La especialista Elba Stancich introduce en la agenda un concepto alarmante: la Bancarrota Hídrica. Se trata de un estado de colapso donde los amortiguadores naturales, como los glaciares, han sido aniquilados al punto que una restauración convencional es inviable.
En la Argentina, al menos 7 millones de personas dependen directamente del agua de deshielo. Los glaciares actúan como el «ahorro» del sistema, aportando entre el 50% y el 70% del caudal de los ríos de montaña durante sequías extremas. Al debilitar la protección en las nacientes de las cuencas, la reforma pone en jaque la seguridad hídrica de regiones enteras.
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Fondos ATN y la movilización social sin precedentes
La Agenda 2026 también arroja luz sobre el proceso de votación. Matías Cena Trebucq analiza el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y adelantos de coparticipación previos al debate. El dato es escalofriante: el 74,1% de los ATN de enero y febrero de 2026 se asignaron tres días antes del tratamiento en el Senado. En la Cámara de Diputados, el 50% de los votos afirmativos provinieron de provincias que recibieron transferencias directas semanas antes.
Frente a esto, surgió lo que Agostina Rossi Serra define como «la mayor movilización ambiental de la historia argentina». A pesar de que se inscribieron más de 102.000 personas para la audiencia pública, solo se permitió hablar al 1%. El rechazo ciudadano, según encuestas citadas en el documento por Consuelo Bilbao, alcanzó el 61%, evidenciando una fractura total entre los representantes y la sociedad.
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El dilema de la sostenibilidad real
La Agenda Ambiental Legislativa 2026 concluye que la reforma de la Ley de Glaciares ha generado una inseguridad jurídica estructural. Al vulnerar tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el compromiso de no regresión del Acuerdo UE-Mercosur, el país se expone a litigios que podrían paralizar las mismas inversiones que el RIGI pretende fomentar. La protección de los glaciares no debería ser una moneda de cambio, sino una política estratégica de interés público que trascienda la coyuntura de los proyectos particulares. Sin agua en las nacientes, el futuro de la industria minera y de la vida en los oasis cuyanos queda pendiendo de un hilo de hielo que hoy, más que nunca, está desprotegido.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.