Finning interpuso una millonaria demanda para frenar los cortes de ruta. La disputa dejó de ser un simple desacuerdo paritario para convertirse en un dolor de cabeza judicial. Con una acción civil presentada en el 4° Juzgado Civil de Antofagasta, la firma exige una compensación de 774,7 millones de pesos por los perjuicios económicos sufridos durante enero.
El origen del conflicto y el bloqueo de rutas
La medida de fuerza comenzó el 20 de enero a raíz del fracaso rotundo en las mesas de negociación colectiva. En medio de un clima tenso, los operarios decidieron montar piquetes que bloquearon los accesos neurálgicos en el sector La Negra y la Ruta de la Minería. Esta interrupción directa cortó la cadena logística destinada a la gran minería. Por este motivo, la compañía endureció su postura institucional y sumó esta demanda civil a la querella penal ya presentada bajo la Ley de Seguridad del Estado.
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Desglose de los daños financieros reclamados
La corporación detalló minuciosamente el impacto financiero de la paralización en cuatro áreas críticas.
Los montos exigidos reflejan el ahogo operativo que vivieron durante esos cinco días de conflicto:
- Pérdidas operacionales tasadas en 336,8 millones de pesos por contratos incumplidos con Escondida.
- Un bache abrupto en la productividad valuado en 300,3 millones de pesos.
- Gastos extraordinarios que escalaron hasta los 97,6 millones de pesos.
- Un daño reputacional estimado en 40 millones de pesos.
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La estrategia de los proveedores y el rol indirecto de BHP
Frente al avance judicial impulsado por la empresa, la defensa de los trabajadores movió sus fichas legales. Los representantes sindicales sostienen que este pleito carece de competencia en la justicia civil y exigen que recale en los tribunales laborales, al tratarse de un conflicto originado en una negociación colectiva.
Además, la representación legal exigió que la compañía precise la responsabilidad individual de cada uno de los implicados: los dirigentes Germán Barahona, Alejandra Espinoza, Hugo Escobar, Víctor Daza, Lucio Chamaca y el abogado Rodrigo Sandoval. En paralelo, este escenario sitúa a BHP bajo una atenta observación estratégica.
Aunque la multinacional opta por el silencio y no figura formalmente como demandante en el expediente, los intereses de la operadora se alinean de manera tácita con la ofensiva de su proveedor. Para la cúpula de la gran minería, permitir que los cortes de ruta queden impunes representa un riesgo inaceptable, por lo que respaldar implícitamente una respuesta judicial de «mano dura» busca disuadir futuros piquetes en el corazón cuprífero del país.
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