Las firmas de inversión Petersen Energía y Eton Park presentaron una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el objetivo de reinstaurar un fallo de 16.100 millones de dólares contra la República Argentina. Esto en el marco del extenso litigio por la estatización de YPF.
El recurso busca revocar una resolución adoptada en marzo por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.. En dicho dictamen, el tribunal determinó que las demandas deben tramitarse en la justicia argentina y no en la estadounidense. Esto anula una sentencia favorable previa emitida tras más de una década de litigio. Según argumentaron los demandantes, el fallo del Segundo Circuito permite de manera indebida que un Estado extranjero apele a sus propias leyes para eludir responsabilidades ante los tribunales norteamericanos.
El reclamo por 16.100 millones de dólares y el estatuto de YPF
El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de la española Repsol, ejecutada por el Gobierno argentino en 2012. Petersen Energía y Eton Park sostienen que la Argentina violó los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios tras retomar el control mayoritario.
Previo a la salida de la petrolera a la Bolsa de Nueva York en 1993, la Argentina modificó los estatutos societarios de YPF. Dicha normativa interna exigía la obligación de lanzar una oferta de compra a la totalidad de los accionistas. Ello en caso de que el Estado recuperase el control mayoritario de la empresa energética.
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En la instancia previa, un tribunal de distrito de los Estados Unidos fijó la indemnización en 16.100 millones de dólares luego de un juicio de tres días enfocado en la determinación de daños. Esta cifra fue catalogada en la demanda como la mayor reparación por daños comerciales en la historia judicial de ese país.
Argumentos legales presentados ante el tribunal supremo estadounidense
La presentación de los inversores ante el máximo tribunal de Estados Unidos estuvo a cargo del exprocurador general estadounidense Paul Clement. El escrito plantea si un Estado soberano puede invocar su legislación interna para exigir que las demandas se radiquen en sus propios tribunales, habiéndose establecido previamente la jurisdicción bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
Asimismo, el recurso cuestiona si la justicia estadounidense debe diferir ante la interpretación que un país realiza sobre sus propias leyes cuando dicha postura es presentada por primera vez en una instancia de apelación. En ese sentido, Clement sostuvo que la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito contradice precedentes de la Corte Suprema y genera un conflicto de criterios entre los tribunales federales de apelación.
La respuesta de la Procuraduría del Tesoro de la Nación
Frente a esta nueva presentación judicial en el exterior, desde la conducción legal del Estado argentino manifestaron que la medida estaba dentro de las previsiones oficiales. Una vocera de la Procuraduría del Tesoro de la Nación afirmó que «este recurso constituye un paso procesal que ya había sido previsto por la República Argentina y sobre el cual ya estamos trabajando».
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