¿Con qué vara se mide?: la fragilidad técnica detrás de las encuestas e índices porteños sobre la minería sanjuanina

ANÁLISIS

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A partir de una encuesta de 200 casos y un índice de transparencia sobre la minería en San Juan realizados por una consultora privada y una asociación civil de Buenos Aires, una investigación de ACERO Y ROCA analiza los alcances reales de ambos relevamientos. Auditoría técnica de especialistas, la palabra de las operadoras, la postura institucional de CAEM y la respuesta de los autores.

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Las encuestas sobre el empleo local y el cobre sanjuanino

Recientemente diario Clarín publicó un artículo, que luego fue levantado por una gran cantidad de medios argentinos, basado en una encuesta privada de Poliarquía Consultores realizada en junio sobre una muestra de 200 casos. Según los datos difundidos, el 80% de los consultados consideró que los beneficios de la producción de cobre deben quedar principalmente en San Juan. El rechazo a la llegada de trabajadores de otras provincias o del exterior se ubicó en el 75% (frente al 64% de un año atrás), mientras que el apoyo a la actividad cuprífera se situó en el 63%, con un 24% de indecisos. La publicación enmarcó estos indicadores en el debate por la ley provincial de desarrollo local y las metas de contratación.

Salvedad periodística. Al tratarse de un informe privado al que accedió Clarín y no de un documento de libre acceso público, no es posible determinar si la omisión de los condicionamientos técnicos, método de recolección, cuotas o cobertura territorial, responde a un déficit de origen en la ficha técnica de Poliarquía o a una decisión editorial del diario. En cualquier caso, la divulgación masiva de conclusiones porcentuales sin su correspondiente respaldo metodológico traslada ese vacío al debate público.

La representatividad técnica y el tamaño muestral

«Para que una muestra sea representativa de la opinión provincial (822.853 habitantes según el Censo 2022) mediante un muestreo aleatorio simple con un 95% de confianza y ±5% de error, se necesitan como mínimo 384 respuestas válidas. La alternativa ideal es un muestreo estratificado por territorio, edad y sexo que evite la exclusión de perfiles clave», explicaron las especialistas.

Sin embargo, la alternativa metodológica ideal es aplicar un muestreo estratificado por territorio, edad y sexo. Este enfoque, apoyado en datos censales, asegura una representación proporcional, evita la exclusión accidental de perfiles clave en zonas específicas y aumenta tanto la precisión de las respuestas como la capacidad de comparar desigualdades».

El margen de error y el riesgo de sesgo

En cuanto al margen de error y la afirmación difundida, señalaron. «En el artículo del Diario Clarín se menciona que el 75% de la población rechaza que lleguen trabajadores de otras provincias o países, no se refiere al rechazo de una actividad productiva. Bajo un supuesto favorable de muestreo aleatorio simple (con un 95% de nivel de confianza), una muestra de 200 casos opera con un margen de error teórico de ±7 puntos porcentuales. Sin embargo, el riesgo metodológico principal es la falsa precisión. Si la muestra no fue probabilística, existe un sesgo sistemático que supera ampliamente ese margen y que no se corrige calculando un intervalo. Por lo tanto, carece de rigor proyectar ese 75% a todos los habitantes sin un método verificable. Así también resulta inválido compararlo con mediciones de años anteriores sin verificar las fichas técnicas y el texto exacto de las preguntas de ambos estudios».

La distorsión en los departamentos mineros

Al analizar la proporción de casos que le correspondería a los departamentos mineros, puntualizaron. «Una asignación proporcional sin sobrerrepresentación implicaría asignar 3 casos a Calingasta, 2 a Iglesia y 11 a Jáchal. Estos valores pueden contribuir a una estimación provincial bien diseñada y ponderada. Pero si lo que interesa es la opinión de estos departamentos, se requiere un diseño con sobremuestreo deliberado y márgenes propios por departamento».

El impacto social y las limitaciones del estudio

Las investigadoras remarcaron que el problema central residiría en omitir las limitaciones intrínsecas de la muestra, como proyectar porcentajes sin ponderación territorial o prescindir de los márgenes de error (algo que no se cuestiona en este caso). Y concluyeron: «Extrapolar resultados a nivel provincial sin rigor metodológico genera una falsa apariencia de consenso u oposición, invisibilizando las posturas reales de los territorios directamente afectados…».

El estándar de mercado

La advertencia técnica del ámbito universitario coincide con la mirada del propio sector de la opinión pública. Desde Ethos Consultora analizaron el diseño técnico del relevamiento a la luz de los estándares metodológicos que aplican en sus propias mediciones de opinión pública, centrándose exclusivamente en la consistencia del instrumento y no en las respuestas registradas.

El primer déficit señalado apunta a los parámetros básicos. «El reporte difundido omite el modo de recolección (telefónica, presencial, panel online o IVR), el tipo de muestreo, el esquema de ponderación o cuotas, y la cobertura geográfica precisa (si abarcó sólo el Gran San Juan o incluyó a Iglesia, Calingasta y Jáchal)». Para la consultora, la ficha técnica completa «es un requisito mínimo para que un tercero pueda evaluar la robustez del dato, no un detalle accesorio».

Umbrales de muestra y los límites del seguimiento territorial

Respecto al volumen de la muestra, desde Ethos remarcaron que, bajo el supuesto teórico más favorable, 200 casos implican un margen de error piso de ±6,9%, el cual se incrementa si el relevamiento no fue probabilístico puro. Al contrastar esta cifra con sus propios estándares operativos para San Juan, donde fijan 384 casos (±5%) como umbral mínimo para un diagnóstico rápido y 600 casos para un estudio representativo sólido, concluyeron que el sondeo porteño «no solo no alcanza el estándar sólido, sino que tampoco llega al umbral más laxo».

A su vez, los analistas de la consultora advirtieron sobre el límite estructural del relevamiento. «Con 200 casos y sin apertura declarada por departamento, cualquier lectura territorial diferenciada, por ejemplo, contrastar la opinión de las zonas con impacto minero directo frente al Gran San Juan, queda fuera del alcance metodológico del estudio».

La pregunta de fondo, al final, es siempre la misma: ¿con qué vara se está midiendo? La duda que dejan los 200 casos de la encuesta se repite al mirar los índices del informe ITMA (Ïndice de Transparencia de la Minería Argentina), donde los criterios elegidos podrían terminar condicionando el resultado antes de empezar.

La penalización técnica a los yacimientos de la provincia

Como se observa en el ranking general elaborado por la ONG (ver Imagen 1), las operaciones ubicadas en San Juan quedaron concentradas en los escalones intermedios y bajos del índice. En el desglose de los fundamentos (ver Imagen 2), el propio informe introduce una salvedad respecto a Los Azules. Reconoce que su bajo puntaje en esquemas normativos voluntarios es «explicable en parte porque se trata de un proyecto todavía en etapa de permisos, sin certificaciones que requieren operación activa». Sin embargo, al aplicar una matriz de evaluación uniforme sin ponderar la fase del ciclo de vida del yacimiento, el índice terminó computando como déficit la ausencia de estándares que están concebidos para operaciones en explotación.

La auditoría técnica al índice de transparencia

El análisis ITMA también fue sometido al análisis de las especialistas Sila Mugnani y Marcela Rodriguez. El foco estuvo puesto en el instrumento utilizado por la ONG para recolectar información. El envío de requerimientos a buzones web generales o correos electrónicos corporativos.

El sesgo de no respuesta y el canal informal

Respecto a la validez de medir la transparencia a través de estos canales, las consultoras explicaron. «El principal problema estadístico radica en el tratamiento del sesgo de no respuesta. Que una empresa no conteste un requerimiento informal no puede interpretarse metodológicamente como prueba de la inexistencia del documento (como el IIA) ni de un incumplimiento legal. Al utilizar canales de atención general, el investigador es incapaz de aislar las variables de ruido administrativo. El ‘dato faltante’ puede deberse a una deficiente derivación interna de los correos, y no a una decisión corporativa de ocultamiento».

A su vez, remarcaron el encuadre normativo. «A esta debilidad instrumental se suma una limitación normativa que afecta la validez del constructo. Según la Ley 25.831, la obligación legal de gestionar los pedidos de acceso a la información ambiental recae sobre las autoridades públicas, por lo que las empresas no tienen un mandato jurídico explícito de responder de forma directa. Por lo tanto, aunque el estudio complemente los datos con otras fuentes, el indicador de respuesta directa carece de rigor, si no aplica una estricta trazabilidad de la muestra (estandarización del envío, destinatarios precisos, confirmación de recepción y recordatorios), y no realiza una triangulación de datos contrastando la falta de respuesta empresarial con la disponibilidad de los mismos documentos en los expedientes oficiales del Estado».

La confusión entre proyecto, empresa y Estado

Asimismo, abordaron la dificultad asumida por los autores al definir qué entidad se estaba calificando. «El reconocimiento de esta dificultad metodológica no invalida los datos recolectados, pero sí limita su comparabilidad y la capacidad de atribuir responsabilidades. Al presentar el ranking por ‘proyecto’, el índice consolida bajo un mismo puntaje a operadoras locales, socios y empresas controlantes. Esto impide distinguir qué actor corporativo específico aporta cada adhesión o certificación. Adicionalmente, el indicador mezcla variables corporativas con gestiones estatales. Por ejemplo, la evidencia de participación ciudadana depende en gran medida de cómo cada provincia documenta sus procedimientos. Para ganar robustez estadística, el modelo debería definir reglas claras de atribución societaria y separar la evaluación pública de la privada. En consecuencia, el resultado debe interpretarse estrictamente como un ‘puntaje de información verificable asociada a un proyecto’. No como una métrica del desempeño individual de una empresa».

Las tres preguntas clave frente a las estadísticas de impacto

A modo de cierre metodológico, las investigadoras detallaron. «Ante la proliferación de rankings y estadísticas de alto impacto, cualquier lector debe formularse tres preguntas metodológicas básicas: ¿qué y a quiénes se midió? (define el universo y los límites de inferencia), ¿cómo se construyó el dato? (para auditar fuentes, variables y ponderaciones), y ¿qué factores podrían alterar la conclusión? (mide la sensibilidad ante la no respuesta o el cambio de umbrales). Como buena práctica, todo dato debe publicarse junto a su denominador y su método.

Aplicando este tamiz al informe ITMA, la herramienta resulta útil como auditoría exploratoria de información pública, pero presenta una debilidad estructural. Mezcla indicadores de la empresa, del proyecto y del Estado bajo una misma calificación. En consecuencia, sus puntajes no permiten extrapolar una ‘tasa nacional de opacidad’ ni inferir episodios de contaminación o incumplimientos legales comprobados. Para evolucionar hacia un índice público reproducible y estadísticamente robusto, requiere transparentar su matriz detallada y someter sus parámetros a rigurosos estudios de sensibilidad».

La respuesta del sector minero frente a las evaluaciones

Frente a los resultados del relevamiento, las operadoras de los yacimientos sanjuaninos aportaron precisiones documentales. Desde Minas Argentinas señalaron respecto de Gualcamayo: «La operación ya funciona bajo un Sistema de Gestión Integrado respaldado por exigentes certificaciones obtenidas de organismos autorizados, incluyendo: ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 45001 en salud y seguridad, ISO 26000 en responsabilidad social empresaria y Código Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMC)». A su vez, detallaron que en su sitio web institucional se encuentra accesible su Reporte de Sostenibilidad 2025, bajo el estándar internacional GRI 14, canales de solicitud de información y formularios de quejas y reclamos, además de participar en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Por su parte, desde Veladero expresaron: «Veladero presenta ante la autoridad minera competente toda la documentación ambiental exigida, incluidas sus correspondientes actualizaciones, en tiempo y forma. En ese sentido, los indicadores vinculados al acceso público a expedientes, actas, convocatorias u otros documentos administrativos deben analizarse teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades de los distintos actores que intervienen en esos procesos». En esa línea, destacaron que sostienen de manera continua los monitoreos ambientales participativos de agua en la cuenca del río Jáchal junto a las comunidades locales, como parte de una política de diálogo y acceso a la información.

El estándar EITI y la postura institucional de la CAEM

A nivel sectorial, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) fijó su posición institucional frente a los informes: «La minería es una de las actividades productivas más monitoreadas y reguladas, y está acostumbrada a trabajar bajo estándares, sistemas de reporte y mecanismos de control que buscan elevar permanentemente sus niveles de desempeño. En ese marco, la transparencia no puede evaluarse a partir de criterios aislados o definidos unilateralmente. Para que una medición sea rigurosa y permita extraer conclusiones válidas, es fundamental considerar la metodología utilizada, la representatividad de quienes participan en su elaboración, la calidad y trazabilidad de los datos y, especialmente, la posibilidad de contrastar los resultados con parámetros reconocidos internacionalmente».

En esa línea, desde la cámara empresaria recalcaron. «En materia de transparencia, uno de los principales referentes globales es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Se trata de un estándar internacional. Un estándar de transparencia tiene valor por la legitimidad de su metodología, la calidad de la información y los mecanismos de revisión a los que está sometido. La totalidad de las empresas mineras convocadas por EITI Argentina a reportar han enviado sus datos.

En marzo de 2026, Argentina obtuvo una calificación ‘muy buena’ en la implementación del Estándar EITI 2023. La validación destacó el involucramiento de las partes interesadas, la ampliación de la implementación a nivel provincial y las mejoras en accesibilidad de datos. La transparencia debe medirse con transparencia. Con estándares consolidados, fuentes verificables, metodologías robustas, participación de las partes involucradas y parámetros que permitan comparar resultados y evaluar avances a lo largo del tiempo».

La respuesta de ICD: cartas simples, casillas en reserva y la exclusión del Estado

Frente a las consultas puntuales remitidas por ACERO Y ROCA, Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), la asociación civil responsable del ITMA, dio su versión formal a través de su coordinadora institucional, Camila Cordisco.

El método de envío y el anonimato de las casillas

Consultada sobre los canales utilizados y las constancias fehacientes de recepción que sustentaron el reporte de «cero respuestas» en la remisión del IIA, Cordisco precisó que las solicitudes se enviaron entre febrero y marzo de 2026 mediante un esquema simultáneo por carta física y correo electrónico a CEOs y áreas de relaciones comunitarias o sostenibilidad. Sin embargo, reconoció los límites de trazabilidad de los envíos postales: «Las solicitudes enviadas por carta se despacharon por correo postal simple, por lo que no se cuenta con acuse de recibo de esa vía». En cuanto a la vía digital, aseguró que «no se registraron rebotes ni errores de entrega» en sus registros, registrando respuestas institucionales de Vicuña y Rio Tinto. No obstante, la entidad evitó transparentar la vía exacta de contacto. «En relación a las casillas de email y direcciones de correo postal por empresa, esa información se mantiene en reserva».

La omisión de las autoridades provinciales

Respecto a por qué no se recurrió a los Ministerios y Secretarías de Minería provinciales, custodios oficiales de los expedientes según la Ley 25.831, desde ICD admitieron que las autoridades públicas quedaron directamente excluidas de la medición. «A la fecha del informe no se remitieron solicitudes de información a las autoridades provinciales de aplicación. El primer relevamiento de esta edición correspondió a solicitudes de información dirigidas a las empresas y al relevamiento de fuentes públicas disponibles». Según explicaron, evaluar el rol de los organismos del Estado forma parte de una «próxima etapa del proyecto».

Medición binaria de prácticas voluntarias

Al justificar los bajos puntajes a compañías privadas que no tienen obligación jurídica de entregar expedientes por correo a particulares, la entidad sostuvo que el indicador mide una conducta discrecional. «La ausencia de respuesta no constituye, por tanto, un incumplimiento legal de la empresa, pero sí representa una falta de transparencia activa que el ITMA registra como tal». Y argumentaron: «Por eso se consulta a las empresas: no porque estén obligadas a responder, sino para registrar si, pudiendo hacerlo, comparten la información… El puntaje negativo corresponde a lo no verificado, no a lo inexistente ni a lo incumplido». Asimismo, defendieron la exigencia de digitalizar y publicar estudios de miles de páginas citando como antecedente al proyecto Rincón.

Vacíos de criterio temporal en yacimientos reactivados

Finalmente, consultada sobre el caso de Casposo, de Austral Gold, calificada con la peor nota del índice (25 puntos) a pesar de haber formalizado su reactivación tras años en cuidado y mantenimiento, Cordisco justificó que el puntaje obedece a «la ausencia total de adhesión verificada a esquemas normativos voluntarios (0/25) y por la falta de evidencia sobre respuesta a solicitudes». Sin embargo, admitió un déficit de diseño metodológico en el corte temporal. «El diseño original no estableció un criterio de vigencia, cuánto tiempo puede sostenerse una certificación, una DIA o un mecanismo de diálogo para seguir contando como verificado, lo que llevó a resolver esta cuestión caso por caso durante la verificación, en lugar de aplicar una regla única desde el inicio».

ACERO Y ROCA buscó la palabra del gerente general de Casposo, Rubén Femenía, pero una vez más no hubo respuesta. Los reiterados intentos de este medio por obtener precisiones de la compañía chocan, sistemáticamente, con el silencio de su directivo.

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En una actividad estratégica donde conviven el interés público, el control ambiental y grandes proyecciones de inversión, la consistencia de los datos define la calidad de la conversación social. Contrastar fichas técnicas, explicitar denominadores y auditar los procedimientos de recolección resulta indispensable para no reemplazar la evidencia empírica por lecturas parciales. La solidez metodológica no constituye una mera exigencia académica, sino el estándar necesario para que las estadísticas aporten claridad y sustento técnico a las decisiones de las comunidades y del sector.