El director de ACERO Y ROCA, viajó a La Rioja para entrevistar al gobernador Ricardo Quintela. El mandatario expuso el esquema minero provincial. Habló sobre la priorización de alianzas estatales, el desarrollo de proveedores regionales, la recuperación de la licencia social y su oposición al RIGI nacional, para garantizar la soberanía sobre los recursos no renovables.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
En entrevista con Carlos Fernández, director de ACERO Y ROCA, el mandatario de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela ratificó 27 proyectos mineros en La Rioja sustentados en participación estatal, licencias comunitarias, regalías compartidas, capacitación universitaria en el Valle del Bermejo y estricto resguardo ambiental ante litigios limítrofes con San Juan.
¿Qué postura mantiene La Rioja frente al RIGI y a la política minera del Gobierno Nacional?
Durante la entrevista periodística, el jefe del Ejecutivo riojano, Ricardo Quintela, marcó una tajante diferenciación respecto del esquema económico impulsado por el presidente Javier Milei. El mandatario provincial sostuvo que las políticas tributarias centralistas postergan a la industria nacional para favorecer la concentración de capitales extranjeros.
«El RIGI nosotros no lo compartimos bajo ningún concepto. Primero porque da beneficios para la gente que tiene una acumulación de riqueza que no la tiene ninguna empresa de la República Argentina, mientras los pequeños comerciantes u operadores industriales nuestros tienen que pagar todo», aseguró Quintela
El gobernador profundizó su argumento señalando la insuficiencia de los esquemas extractivos tradicionales que se limitan a ofrecer puestos de trabajo temporales sin volcar recursos tributarios significativos en las comunidades de origen. «Nosotros precisamos mucho más que la mano de obra, mucho más que el trabajo. Necesitamos las riquezas que son nuestras».
A su vez, cuestionó la pasividad de otros gobiernos provinciales ante la pérdida de recursos fiscales, advirtiendo que un retorno fiscal de apenas 25% de ganancias, resulta inaceptable para las regiones propietarias del suelo.
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¿Cómo plantea la provincia la asociación estatal con empresas privadas y la industrialización en origen?
Frente al interrogante sobre la matriz operativa que impulsa el gobierno riojano, Quintela detalló que se exige un esquema de articulación donde las firmas privadas compartan ingresos brutos directos con la administración pública. La estrategia contempla la intervención de la firma estatal EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado) y la proyección de una entidad hidrocarburífera y minera nacional semejante a YPF.
«Nosotros queremos que vengan y se asocien con la provincia con un porcentaje de la facturación para La Rioja. Con mano de obra local y proveedores de distintos servicios».
En la misma línea, la gestión gubernamental condiciona las concesiones a la instalación de plantas de refinamiento en territorio argentino, evitando la salida de minerales sin procesar. La política riojana busca utilizar a la minería como un motor para potenciar áreas productivas de la región como la hotelería, el transporte, la gastronomía y la actividad agroindustrial.
El mandatario remarcó que el desarrollo debe contar indefectiblemente con el aval ciudadano expresado mediante la licencia social, actuando con prudencia institucional en cada departamento. «El agua y los minerales son recursos no renovables. Cada kilo de oro o metros cúbicos de gas que se extraen, no se reponen. Por lo tanto, si no hay un beneficio tangible para el conjunto del pueblo, no tiene sentido la explotación», subrayó en su declaración.
¿De qué manera abordan el diferendo limítrofe con San Juan y el impacto del proyecto Vicuña?
Lejos de una declaración de guerra política, Ricardo Quintela optó por bajar los decibeles para plantear una salida institucional con su par sanjuanino, Marcelo Orrego. Frente a ACERO Y ROCA, el mandatario riojano evitó el choque frontal y buscó enmarcar la controversia bajo el prisma de la fraternidad regional. «Nuestra intención no es armar una polémica ni entrar en una pelea con los hermanos de San Juan. Son hermanos, pero tengo la obligación, el deber y la responsabilidad institucional de defender los intereses nuestros. Corresponde que nos sentemos, lo hablemos y lo veamos. Si tiene razón San Juan, lo admitiremos, pero queremos discutirlo en una mesa».
Esa mesa de diálogo que reclama La Rioja tiene dos motores inmediatos. El primero es el control sobre las cuencas hídricas en la alta cordillera, donde el avance del megaproyecto cuprífero Vicuña, que engloba a Josemaría y Filo del Sol, aceleró las alarmas del gobierno vecino. «Nosotros tenemos derecho de saber de qué manera afecta el impacto del ambiente nuestro, y esa información todavía no la tenemos de Vicuña. Estamos ahí del límite, de un supuesto límite que de acuerdo a nuestra visión no es el definitivo», advirtió Quintela, aclarando que el planteo no busca frenar el polo de cobre: «No es por trabar a Vicuña, sino porque corresponde, por lo menos, que lo hablemos y lo veamos».
El segundo factor pasa por el desgaste logístico en el departamento Felipe Varela. El mandatario remarcó que las empresas «llevan 10, 15 o 20 años utilizando el camino de la provincia de La Rioja sin pagar un solo peso y sin dejar un beneficio en la zona», fundamentando allí la necesidad de acordar obras viales y contratación de proveedores locales.
La propuesta de regalías compartidas y el antecedente del norte
Frente a este escenario, Quintela insiste en que el camino no es la vía judicial cerrada sino un esquema de cooperación similar al que acordaron Salta y Catamarca en el salar del Hombre Muerto. «Luego, por algún tipo de acuerdos que nosotros consideramos inconstitucionales, se acordó que pasara a propiedad de San Juan con otro nombre. Nosotros no pretendemos quitar nada; pretendemos que compartamos las cosas que puedan y deban ser compartidas», sintetizó el mandatario, destacando que localidades como Guandacol y Chilecito cuentan con trabajadores y prestadores capacitados tras años de experiencia en minas como Gualcamayo, listos para sumarse a la cadena productiva del cobre si se abre el diálogo regional.
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La administración provincial recurrió a los tribunales para visibilizar el reclamo y establecer un canal formal de diálogo que permita evaluar el impacto ambiental en las cuencas riojanas. Se citó como referencia la resolución de límites alcanzada entre Catamarca y Salta, donde se acordó la distribución conjunta de beneficios en franjas compartidas. «Nosotros no pretendemos confrontar, pretendemos compartir lo que debe ser compartido. Lo que se desarrolle en esa franja tiene que aportar a la provincia».
Asimismo, resaltó la preparación técnica de los pobladores de Guandacol y Chilecito, quienes acreditan trayectoria laboral en emprendimientos mineros como Gualcamayo y poseen conocimiento preciso sobre el territorio.
¿Cómo se resguarda el agua pública y el medio ambiente en las zonas mineras?
Al ser consultado sobre el impacto ambiental y el uso de fuentes hídricas en la Cordillera de los Andes, la autoridad provincial enfatizó que el control del recurso hídrico representa un deber irrenunciable del Estado. Comparó esta responsabilidad con la gestión de empresas prestadoras de agua potable como AISA, argumentando que la fiscalización pública resulta indispensable para resguardar la salud de la población. «El agua es un elemento vital e imprescindible para la vida humana, por lo que debe contar con una presencia mayoritaria del Estado para garantizar su calidad y equilibrio normativo».
Actualmente, hay 27 proyectos en total en etapas de prospección y exploración. Dentro de ese grupo, 10 proyectos ya se están explorando. Todos los emprendimientos deben someterse a estudios de impacto ambiental y controles permanentes para evitar la contaminación de las fuentes de agua utilizadas por las comunidades y la producción agrícola local.
¿Qué garantías de seguridad jurídica ofrece La Rioja y qué sucede si no hay acuerdo con las operadoras?
Ante los planteos de previsibilidad formulados por el sector inversor, el gobernador aseveró que la provincia otorga reglas claras y estables respaldadas por el cumplimiento estricto del ordenamiento legal vigente, descartando la imposición de gravámenes intempestivos. «La fortaleza de La Rioja es la seriedad y la seguridad jurídica en serio. Las normas están fijadas con anterioridad a la llegada de las inversiones», enumeró el titular del ejecutivo provincial.
Las compañías privadas deben abonar las cargas tributarias correspondientes, incluyendo Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque, Ganancias y retenciones a las exportaciones. El mandatario advirtió que, si las empresas rechazan las condiciones de participación estatal y desarrollo comunitario, el gobierno mantendrá la decisión de no avanzar en la extracción. «Si no le conviene a la provincia, las riquezas no se mueven. Serían la ‘joya de la abuela’ que explotarán los adolescentes o jóvenes del futuro, pero los minerales no se van a regalar».
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¿De qué forma se capacita al personal y se prepara a los proveedores regionales?
En lo relativo a la formación de capital humano e integración de PyMEs locales, la provincia articula programas de instrucción junto con la Universidad Nacional de La Rioja. Además de las carreras de grado en Geología e Ingeniería de Minas, se abrieron dictados específicos en los departamentos del oeste.
En paralelo, la Secretaría de Minería acompaña a las empresas proveedoras riojanas para que obtengan las homologaciones de calidad requeridas por operadoras internacionales. El plan apunta a certificar capacidades en logística, transporte, catering e insumos industriales para asegurar la contratación de firmas regionales.
Mirada sobre el escenario político, la soberanía nacional y el legado
Al evaluar la decisión de otros mandatarios de su espacio político que optaron por sumarse al régimen nacional, la posición fijada marcó un claro distanciamiento doctrinario. «Nosotros no lo compartimos bajo ningún concepto, pero tampoco tengo la verdad absoluta. Los otros gobernadores que aceptan mansamente y algunos en estado de sumisión», definió.
En el plano nacional, las críticas hacia la conducción del Poder Ejecutivo cuestionaron la falta de consideración institucional hacia las provincias. «A ellos La Rioja se les ha rebelado. No somos esclavos de este señor (por el presidente de la Nación Javier Milei). Es un payaso de poca monta que está al servicio de intereses… precisamente no de los argentinos».
Finalmente, al analizar el modelo histórico de San Juan, reconoció la expansión registrada durante la gestión de José Luis Gioja, aunque se advirtió la falta de retención de valor en emprendimientos como Veladero y la escasa integración comunitaria. «Si antes estaba Veladero sin RIGI hace 20 y pico de años. ¿Por qué dar más ventajas que no benefician al pueblo sanjuanino? Se llevan toda la riqueza y deja muy poco a la provincia. Te deja el trabajo, pero han sido bastante mezquinos porque han traído una ciudad prácticamente completa China, y si siguen así van a venir a hacer lo que quieran».
El jefe provincial concluyó señalando que la prioridad de su gestión radica en atender la emergencia social de los sectores más vulnerables y dejar un camino institucional ordenado. «Tenemos que reconstruir un tejido social profundamente dañado, atendiendo la emergencia de los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores que pierden sus puestos», concluyó.
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