La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la reactivación del emprendimiento minero San Romeleo, situado en Malargüe. El aval legislativo se concretó por amplia mayoría de votos en la Cámara Baja, luego de haber obtenido con anterioridad la aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores. Únicamente los representantes del bloque La Unión Mendocina (LUM) manifestaron su voto en contra.
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El yacimiento pertenece a la firma LABSA S.A. y es operado por la compañía AREX MINING S.A., entidad que tramitó el permiso para reiniciar la actividad extractiva en la zona. De acuerdo con las actuaciones del expediente administrativo, la Dirección de Minería provincial encuadró la iniciativa bajo la categoría de mina a reactivar. En tanto, debido a que la planta de beneficio planificada prevé una capacidad operativa superior a las 80.000 toneladas anuales, el procedimiento técnico y normativo se tramitó bajo la etapa V del Decreto N.º 820/06.
En el marco del Decreto N.º 820/06 de la Provincia de Mendoza, que reglamenta la evaluación de impacto ambiental en la actividad minera. La etapa V corresponde al procedimiento aplicable a las plantas de tratamiento o beneficio de minerales cuya capacidad de procesamiento supera las 80.000 toneladas anuales, o bien a proyectos específicos categorizados bajo este esquema (como minas a reactivar que sobrepasan dicho umbral productivo).
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- Requisitos y exigencias: Al superar el límite de escala, el proyecto debe cumplir con un proceso riguroso de evaluación que incluye:
- Presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA).
- Dictámenes técnicos y sectoriales de organismos competentes (como el Departamento General de Irrigación, entes municipales y universidades).
- Instancias de participación ciudadana, talleres y audiencia pública.
- Intervención de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM).
- Aprobación del balance hídrico y permisos de agua previos a cualquier movimiento de suelo.
- Ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) según la normativa provincial vigente (como la Ley N.º 7.722).
El objetivo principal de la producción consiste en la obtención de óxido de cobre destinado a la fabricación de sulfato de cobre. Este insumo químico posee aplicaciones directas como fungicida agrícola en la industria vitivinícola y en diversos desarrollos agrícolas de la región.
Sanción legislativa y detalles del emprendimiento cuprífero
El proceso de evaluación del proyecto incluyó la intervención de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), organismo integrado por especialistas del INTA, la Municipalidad de Malargüe, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el Departamento General de Irrigación y reparticiones públicas provinciales. La CEIAM elaboró el dictamen final con observaciones y requerimientos técnicos sobre el Informe de Impacto Ambiental presentado por la operadora.
Asimismo, las actuaciones oficiales incorporaron un relevamiento técnico actualizado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dicho informe certificó que en el área delimitada para el desarrollo de las tareas mineras no existe superposición territorial con comunidades indígenas registradas, relevadas o identificadas por la institución nacional.
Evaluación técnica y participación ciudadana
En el marco de la participación ciudadana requerida por la normativa vigente, la Autoridad Ambiental Minera organizó dos talleres virtuales, a los que se sumó un taller adicional a cargo de la empresa operadora. Por su parte, la audiencia pública se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2025 en las cercanías del emplazamiento del proyecto, en el territorio malargüino.
De acuerdo con los registros oficiales citados durante el debate legislativo, la convocatoria contó con la asistencia de 237 personas y la exposición de 75 oradores registrados. Este proceso permitió canalizar consultas técnicas de los vecinos e instituciones locales antes de la remisión del expediente a la Legislatura provincial para su ratificación final.
Exigencias ambientales y fiscalización continua del agua
La resolución aprobatoria impone obligaciones operativas que la empresa deberá cumplimentar de manera previa al inicio de cualquier labor en el yacimiento. Entre las exigencias principales, la compañía debe acreditar la línea de base ambiental, presentar un protocolo formal para el rescate y la protección de la fauna autóctona, contratar un seguro de recomposición ambiental y efectuar la medición de su huella de carbono.
En lo relativo al uso de recursos hídricos, antes de ejecutar cualquier movimiento de suelos, la operadora requiere contar con los permisos correspondientes y la aprobación del balance hídrico emitida por el Departamento General de Irrigación. Adicionalmente, el marco regulatorio establece la obligación de instalar sistemas de aforo continuo y equipos de telemedición en tiempo real.
El esquema de control ambiental dispone la realización de pruebas de estanqueidad e impermeabilización en las piletas de proceso y escombreras, la colocación de estructuras de contención secundaria y la ejecución de ensayos geoquímicos para evaluar riesgos potenciales de lixiviación o movilidad de metales. La fiscalización permanente abarcará:
- Calidad del agua subterránea y superficial.
- Emisión de material particulado y niveles de ruido.
- Gestión integral de residuos.
- Protocolos de contingencia y resguardo de la calidad de los cielos de Malargüe.
Las pautas ambientales se extenderán durante las etapas de cierre y post cierre mediante un plan de recuperación ambiental aprobado en forma previa, respaldado por garantías financieras específicas. Las auditorías de impacto ambiental deberán actualizarse cada dos años, debiendo informarse a la autoridad competente toda modificación sobre la infraestructura proyectada.
Debate parlamentario y posturas de los bloques legislativos
En el tramo final del debate en la Cámara de Diputados, los referentes de las distintas bancadas expusieron sus consideraciones sobre la viabilidad del emprendimiento y su impacto económico provincial.
Tras la ratificación parlamentaria, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, remarcó la importancia de fortalecer nuevas alternativas productivas en la provincia. «Mendoza tiene la oportunidad de diversificar su matriz productiva sin perder de vista las actividades que forman parte de nuestra identidad. La minería y la agricultura pueden complementarse, generar valor agregado y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para los mendocinos».
«Con hechos concretos seguimos demostrando que no hay una contradicción entre minería y sostenibilidad. Hay una manera de hacer minería con reglas claras, controles y responsabilidad ambiental, para que los recursos de Mendoza se traduzcan en más producción y nuevas oportunidades».
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Por su parte, el diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) fundamentó el voto positivo señalando que el mineral extraído abastecerá a la vitivinicultura y a la agricultura mediante la elaboración de sulfato de cobre, destacando el acceso a los controles públicos durante la operación.
En consonancia, la legisladora Stella Huczack (PRO) aseguró que el proyecto cumple de manera rigurosa con la Ley 7722 y ponderó las instancias de consulta popular realizadas en el departamento. Asimismo, la diputada subrayó el impacto económico proyectado al manifestar que, de concretarse la producción local, Mendoza podría dejar de importar el 75% del sulfato de cobre que consume actualmente el sector agrícola.
Desde la bancada del Partido Justicialista, el diputado Gustavo Perret fundamentó el acompañamiento del bloque entendiendo que la propuesta resulta necesaria para la economía local, aunque observó la cantidad de informes requeridos para una cantera de extracción sin procesamiento químico en el sitio. Finalmente, el diputado Lucas Ilardo (FP) respaldó la ratificación ambiental al remarcar que durante el tratamiento en el Senado se sumaron sugerencias y aportes promovidos por su espacio político.
Fundamentos del rechazo de La Unión Mendocina
En contraposición a la mayoría parlamentaria, el diputado Jorge Difonso (LUM) argumentó la postura negativa de su bloque expresando que el expediente carecía de un inventario cartográfico de amenazas naturales y antrópicas. El legislador cuestionó además la ausencia de un índice de riesgos que evalúe la peligrosidad y vulnerabilidad social, así como la falta de programas específicos de prevención de desastres y proyectos pedagógicos orientados a la comunidad.
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