El Poder Ejecutivo de Mendoza remitió formalmente a la Legislatura provincial el proyecto de ley para ratificar la Declaración de Impacto Ambiental de Cobre San Romeleo. La iniciativa superó el procedimiento técnico administrativo conducido por la Autoridad Ambiental Minera, habilitando la etapa de explotación minera metalífera bajo los términos exigidos por el marco normativo provincial.
La propuesta apunta a abastecer con insumos de origen local a la industria agrícola y vitivinícola regional mediante la obtención de óxido de cobre, insumo base para la formulación de sulfato de cobre y fungicidas orgánicos. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el cierre de la etapa técnica:
«Cobre San Romeleo completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales, y atravesó además una audiencia pública con una amplia participación ciudadana y más del 90% de las expresiones a favor del proyecto. La Declaración de Impacto Ambiental reúne el resultado de ese proceso e incorpora las condiciones y obligaciones que deberán cumplirse durante las distintas etapas del proyecto».
A su vez, Latorre remarcó la complementariedad sectorial del emprendimiento en el sur mendocino: «Es un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza: busca generar en la provincia la materia prima necesaria para producir sulfato de cobre utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura».
Integración productiva entre minería y agricultura
Por su parte, el titular de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal, ponderó el impacto del yacimiento para el departamento de Malargüe:
«Producir en Mendoza parte de los insumos que necesita nuestra agricultura significa avanzar hacia una matriz productiva más integrada, generar actividad económica y reducir dependencias externas».
Evaluación técnica, expediente y participación ciudadana
El análisis socioambiental tramitó mediante el expediente administrativo EX-2022-06032664-GDEMZA-DMI#MEIYE, articulado bajo los preceptos de la Ley provincial 5961 y su Decreto reglamentario 820/06.
Al respecto, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, detalló el alcance de la evaluación. «El Informe de Impacto Ambiental fue sometido a una evaluación integral. Incluyó el Dictamen Técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo y la intervención de los distintos organismos sectoriales de acuerdo con sus competencias. Las observaciones formuladas durante ese proceso fueron analizadas. Las condiciones ambientales resultantes quedaron incorporadas a la DIA, con obligaciones que alcanzan las distintas etapas de desarrollo del proyecto».
De esta forma, el trámite sumó la intervención vinculante de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). La misma está conformada por especialistas del INTA; la Municipalidad de Malargüe; la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); el Departamento General de Irrigación (DGI). También por las direcciones de: Áreas Protegidas, Biodiversidad y Ecoparque y Planificación Territorial; el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería.
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Parámetros operativos y circuito de lixiviación amoniacal
El proyecto pertenece a la firma titular LABSA S.A., en tanto que la operación integral del yacimiento estará bajo la responsabilidad de AREX MINING S.A. El emprendimiento se emplaza en el Puesto Aguas de Isaac, dentro de la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de Malargüe.
- Escala de tratamiento: Capacidad nominal de procesamiento de 40 toneladas de mineral diarias.
- Recursos cubicados: Reservas calculadas en 257.000 toneladas con una ley media de 1,29% de cobre.
- Vida útil estimada: Horizonte operativo proyectado para 20 años de explotación continua.
- Inversión de capital: Desembolso inicial estimado en USD 3 millones.
Asimismo, el esquema hidrometalúrgico implementará un circuito cerrado de disolución amoniacal para el tratamiento del mineral. Este sistema tecnológico permite recuperar y recircular reactivos mediante la captura y condensación de gases, regenerando la solución lixiviante para mitigar el consumo químico y anular la generación de efluentes hacia el exterior.
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Obligaciones ambientales, gestión hídrica y control postcierre
La DIA remitida a los legisladores fija un cronograma de exigencias escalonadas para las fases previa a la construcción, construcción, operación, clausura y postcierre. Previo a iniciar labores civiles, la compañía deberá acreditar una Línea de Base Ambiental integral. Se analizarán protocolos de preservación de fauna, programas de monitoreo sobre agua, suelo y aire, planes de contingencia y la constitución de un seguro o garantía financiera para recomposición de eventuales pasivos ambientales.
Por último, la preservación del recurso hídrico supedita las obras a la obtención del permiso definitivo de uso otorgado por el Departamento General de Irrigación. La empresa operadora deberá someter a aprobación la ingeniería de detalle del dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, incorporando barreras de impermeabilización, monitoreo hidrogeológico y estudios de lixiviación de metales pesados. Tras la etapa extractiva, regirá un Plan de Cierre Técnico y Monitoreo Ambiental Post Cierre. El plazo mínimo obligatorio será de cinco años, bajo la fiscalización permanente de la Policía Ambiental Minera.
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