Con la Declaración de Impacto Ambiental ratificada en el Boletín Oficial, el emprendimiento minero operado por Arex Mining tiene luz verde. Apunta a sustituir importaciones proveyendo sulfato de cobre a la vitivinicultura mendocina.
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El paso burocrático definitivo quedó sellado ayer lunes. Tras la promulgación firmada por el gobernador Alfredo Cornejo, el Boletín Oficial de Mendoza publicó la Ley 9739, que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Cobre San Romeleo. A partir de este martes, la operadora Arex Mining y la titular LABSA S.A. cuentan con el aval legislativo para iniciar la etapa de explotación, aunque el camino hacia la extracción real está condicionado a un estricto filtro de controles previos.
Ubicado a 160 kilómetros al sur de la cabecera departamental, en la zona de Puesto Aguas de Isaac (distrito Río Barrancas), el yacimiento se perfila como un emprendimiento de pequeña escala con un presupuesto inicial de 3 millones de dólares. Los números finos de la empresa apuntan a procesar 40 toneladas diarias de mineral. Con reservas calculadas en 257.000 toneladas y una ley media del 1,29%, la vida útil proyectada alcanza las dos décadas.
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De la montaña al viñedo: el encadenamiento productivo
El principal diferencial de San Romeleo frente a los megaproyectos de la cordillera es su objetivo comercial. No apunta a la exportación masiva de concentrado, sino a encadenarse de manera directa con el agro cuyano.
La hoja de ruta técnica contempla aplicar un método de lixiviación amoniacal en circuito cerrado para obtener óxido de cobre al pie del yacimiento. Ese material será la base para alimentar una segunda planta, que se instalará en el parque industrial de Malargüe, destinada exclusivamente a la fabricación de sulfato de cobre pentahidratado.
Este producto final funciona como un fungicida crítico para la vitivinicultura y otros cultivos locales. Según los registros de la Dirección de Agricultura de la provincia, Mendoza consume cerca de 1.000 toneladas anuales de sales de cobre, obligando al sector a importar gran parte de ese volumen. La puesta en marcha de esta mina busca, precisamente, sustituir el insumo extranjero por producción local.
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Los controles ambientales antes de mover la tierra
Tener la ley publicada no implica un inicio automático de las obras. Todo lo estipulado en la DIA (avalada previamente por la UNCuyo, el INTA, Irrigación y la UTN tras la audiencia pública de 2025) es de cumplimiento obligatorio. Desde Arex Mining estiman que completar los requerimientos exigidos por la provincia demandará entre 3 y 6 meses.
La normativa impone las siguientes condiciones innegociables antes de iniciar la construcción:
- Permiso hídrico: La operadora debe tramitar la autorización formal de uso de agua ante el Departamento General de Irrigación, detallando el volumen exacto previsto para el proyecto.
- Línea de base y fauna: Es obligatoria la presentación de un protocolo de protección vial y un esquema detallado para el rescate y la relocalización de la fauna menor del lugar.
- Ingeniería de detalle: El Gobierno exige la documentación técnica final de instalaciones sensibles como el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado. Esto incluye pruebas de impermeabilización, planes de prevención de derrames y evaluación de riesgos.
- Monitoreo y fiscalización: La empresa debe garantizar el acceso sin aviso previo a las autoridades provinciales y ejecutar un plan constante de monitoreo sobre el agua, suelo, aire y flora. En caso de incidentes, el plazo máximo para comunicarlos oficialmente es de 12 horas. Además, la declaración deberá actualizarse cada dos años o cada vez que existan modificaciones técnicas de peso.
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Una vez superada esta barrera de permisos y papeleo, la compañía proyecta un plazo de entre 12 y 18 meses para construir la cantera y montar la primera planta extractiva en la mina, mientras avanza en paralelo con las instalaciones industriales en la ciudad de Malargüe.
Editora de Acero y Roca. Redactora de crónicas de actualidad, piezas de investigación y análisis especializado sobre el desarrollo minero regional y global.