La actividad minera argentina sumó un nuevo foco de tensión en su cadena de abastecimiento industrial tras la paralización intempestiva de las instalaciones de Stanley Black & Decker en la localidad puntana de Justo Daract. La firma clausuró sus operaciones de manufactura de insumos abrasivos y notificó la desvinculación total de su nómina, compuesta por 60 trabajadores.
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Frente a la determinación corporativa, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) dispuso la ocupación pacífica del establecimiento para custodiar los activos productivos e inició acciones legales inmediatas contra la pretensión patronal de liquidar las compensaciones al 50%.
El impacto en la cadena de valor minera y la competencia externa
La planta radicada en San Luis cumplía un rol estratégico en la provisión directa al sector extractivo nacional mediante la elaboración de lijas y discos abrasivos de corte y desbaste. Sin embargo, la irrupción de bienes importados desarticuló la competitividad del establecimiento local.
En este sentido, el secretario general de AOMA Seccional San Luis, Leandro Pérez, puntualizó que la causa de fondo radica en la política comercial de apertura desregulada.

«El problema es que están haciendo competir a la industria local contra productos chinos que entran sin ningún tipo de certificación de calidad ni control. Es un golpe fuertísimo para la industria nacional».
Por su parte, la multinacional Stanley Black & Decker difundió un comunicado institucional donde justificó la medida aduciendo que resolvió el cese luego de «realizar una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad» a raíz de las modificaciones acontecidas en la plaza interna. En simultáneo, analistas sectoriales señalaron que incidieron el freno general de la construcción y el parate de la obra pública, aunque la compañía aclaró que mantiene sin alteraciones sus restantes unidades operativas en territorio argentino.
Crónica de una clausura intempestiva en Justo Daract
El conflicto se desató a las 6 de la mañana del martes 10 de noviembre. Momento en que el personal del primer turno se presentó en el predio fabril para iniciar su jornada regular de tareas. No obstante, la plantilla se encontró con los accesos bloqueados por personal de seguridad privada y la comunicación formal de que la empresa cancelaba definitivamente sus actividades, a pesar de haber operado con normalidad hasta la tarde previa.
Por consiguiente, los operarios resolvieron permanecer de manera pacífica dentro del complejo fabril. La conducción nacional de AOMA, encabezada por Héctor Laplace, rechazó el cierre, demandó la reincorporación de los despedidos y fundamentó la permanencia como una medida indispensable para resguardar la maquinaria instalada.
«No nos vamos a mover de acá ni a levantar la guardia hasta que estén dadas las garantías y la seguridad de cobro de cada compañero», ratificó Pérez.
Disputa legal: artículo 245 versus artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo
El epicentro de la controversia administrativa y judicial radica en la cuantía de las liquidaciones de egreso. Stanley Black & Decker notificó a los cesanteados su encuadre bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), precepto legal que habilita abonar únicamente la mitad de la indemnización ordinaria cuando median causales de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador fehacientemente acreditadas.
A pesar de ello, la representación sindical de los mineros impugnó de raíz la validez de dicha figura. El sindicalista puntano enfatizó que «la empresa pretende ampararse en el artículo 247 pero el gremio y los trabajadores lo rechazamos categóricamente. Exigimos el pago del 100% de las indemnizaciones».

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Asimismo, desde la entidad sindical esgrimieron sólidos argumentos jurídicos y fácticos:
- Omisión de instancias preventivas: La compañía prescindió de solicitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), herramienta obligatoria contemplada por la legislación para evaluar suspensiones, reordenamientos o racionalización antes de aplicar despidos masivos o justificar reducciones indemnizatorias.
- Continuidad de la persona jurídica: El sindicato remarcó que el grupo empresario no tramita quiebra ni cesación de pagos y continúa con su giro comercial bajo la misma razón social en la provincia de Buenos Aires. Como sintetizó Pérez: «Black & Decker no se declaró en quiebra. No se va de Argentina. Cierra solamente este módulo, el de Justo Daract».
- Alcance de las cesantías: Mientras el artículo 247 estipula que los despidos deben comenzar por el personal con menor antigüedad por especialidad, la medida barrió con la totalidad de la dotación fabril y técnica.
Por su parte, la empresa aseguró mediante un comunicado que dará cumplimiento estricto a las exigencias normativas. «Estamos enfocados en garantizar una transición ordenada para todos los empleados afectados y nos comprometemos a acompañar a cada persona durante este proceso, cumpliendo íntegramente con las obligaciones legales aplicables y ofreciendo apoyo para la reinserción laboral».
La paradoja laboral en minas y canteras
El desenlace en Justo Daract no constituye un episodio aislado, sino que expone tensiones estructurales en el mercado de trabajo minero e industrial. De acuerdo con relevamientos del Observatorio de Condiciones de Trabajo (OCT-CITRA/CONICET), ramas como la minería, la intermediación financiera y la hotelería registraron incrementos globales en sus niveles de actividad económica, pero cayeron cerca de 30.000 puestos laborales formales desde diciembre de 2023.
En particular, el rubro de minas y canteras experimentó un avance del 29,5% en su nivel de actividad y, de modo paralelo, sufrió una merma de casi el 8% en su plantilla de empleo registrado.
A su vez, en el ámbito provincial de San Luis se trata de la segunda clausura relevante de una firma multinacional ligada a insumos y extracción en lo que va del año. En febrero previo, el consorcio británico SSQ Group dispuso la clausura definitiva de Master Laja en Juana Koslay, dedicada a la piedra laja, lo que implicó la desvinculación de 54 trabajadores mineros.

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