Diputados peronistas buscan frenar en la Justicia el fideicomiso de US$ 250 millones del proyecto Vicuña

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Apenas 48 horas después de la sanción legislativa que destraba los aportes del distrito cuprífero (Josemaría y Filo del Sol), el bloque giojista San Juan Vuelve pidió una medida cautelar ante la Defensoría del Pueblo.

Diputados peronistas buscan frenar en la Justicia el fideicomiso de US$ 250 millones del proyecto Vicuña
La Legislatura sanjuanina aprobó el instrumento financiero tras una sesión marcada por las abstenciones y ausencias del bloque justicialista.

La maniobra expone un movimiento coordinado en el tablero justicialista: mientras el PJ orgánico evitó oponerse en el recinto mediante abstenciones y ausencias, un sector avanza por vía judicial para cobrar factura por el «Acueducto-gate» y dejar al Ejecutivo sin obras antes de las elecciones.

El tablero minero y político de San Juan sumó un capítulo de alta tensión. Solo dos días después de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el contrato del «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña», el vehículo financiero mediante el cual el megadistrito integrado por Josemaría y Filo del Sol aportará hasta US$ 250 millones para infraestructura, los legisladores provinciales Mario Herrero y Graciela Seva (San Juan Vuelve) acudieron a la Defensoría del Pueblo.

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Detrás de los argumentos técnicos emerge el trasfondo político. Si bien en lo formal los legisladores cuestionan el esquema de regalías del 3%, el diferimiento de la contribución adicional del 1,5% sobre ventas brutas hasta el sexto año de producción, el rol del Banco San Juan como agente fiduciario y supuestas modificaciones en las obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en los pasillos de la política local la ofensiva tiene una lectura mucho más profunda: la devolución de favores por el «Acueducto-gate».

La sospechosa fragmentación en el recinto

Un dato que llamó la atención en la lectura política de la sesión es la llamativa coreografía que mostró el peronismo a la hora de votar. El espacio dividió sus fuerzas de manera funcional para no pagar el costo político de bloquear la inversión minera en el recinto, pero dejó abierta la puerta al ataque judicial:

  • Las abstenciones: Siete diputados del bloque mayoritario del PJ (referenciado en el uñaquismo) pidieron autorización formal para abstenerse. De ese modo, evitaron acompañar al oficialismo sin quedar expuestos votando en contra de la minería.
  • Las ausencias: Otros cuatro legisladores justicialistas (Omar Ortiz, Miguel Vega, Eduardo Cabello y Fernanda Paredes), sumados al massista Franco Aranda, directamente no ocuparon sus bancas al momento de definir.
  • Los votos positivos aislados: Solo los albardoneros Pedro Albagli y Cristina López de Abarca acompañaron al bloque orreguista y sus aliados (22 votos en total).
  • La punta de lanza: Herrero y Seva quedaron como los únicos dos votos negativos y asumieron el rol de llevar el conflicto fuera de la Legislatura.

Para diversos observadores políticos, ese reparto de roles entre abstenciones, ausencias y una denuncia externa dista de ser casual.

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Diputados peronistas votaron en contra del fideicomiso de vicuña
Los legisladores provinciales Mario Herrero y Graciela Seva (San Juan Vuelve) votaron en contra del fideicomiso de Vicuña y acudieron a la Defensoría del Pueblo.

La herida abierta del Acueducto Gran Tulum

En el peronismo sanjuanino todavía cala hondo el expediente judicial por la licitación del Acueducto Gran Tulum, causa que sentó en el banquillo de los acusados al exgobernador y actual senador Sergio Uñac y al diputado nacional y potencial candidato a gobernador Cristian Andino. Durante todo el proceso, los cañones del PJ apuntaron directamente contra la Fiscalía y denunciaron una maniobra de persecución política.

El malestar partidario encontró un nuevo blanco. Aunque las defensas lograron la nulidad de las actuaciones, dejando sin efecto las imputaciones y retrotrayendo el proceso, el enojo quedó vivo. El acuerdo estrella de la gestión minera actual se convirtió así en el objetivo elegido para devolver el golpe.

Un puente estratégico hacia la Defensoría del Pueblo

Otro elemento que alimenta las suspicacias es que Herrero y Seva evitaron presentarse de forma directa en Tribunales. En su lugar, llevaron el reclamo ante la Defensoría del Pueblo, institución que conduce Florencia Peñaloza, una dirigente con marcado ADN peronista cuya llegada al cargo impulsó originalmente el propio esquema de Uñac. De este modo, el expediente queda ahora bajo análisis de la Defensora, quien deberá resolver si legitima el reclamo y acciona ante la Justicia en representación de los intereses colectivos.

Florencia Peñaloza, de la defensoría del pueblo decidirá ai avanza o no la causa
Defensoría del Pueblo, institución que conduce Florencia Peñaloza, será la encargada de decidir si se judicializa, o no, el Fideicomiso minero de Vicuña.

Claves técnicas para una posible paralización del fideicomiso

Desde el Ejecutivo provincial salieron a cruzar la maniobra. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, calificó el planteo como una «chicana política» y defendió la transparencia del convenio. Más allá del cruce discursivo, en el sector minero y en Casa de Gobierno analizan con lupa el impacto operativo real de esta presentación.

  • Sin efecto suspensivo automático: El pedido que ingresó a la Defensoría no frena el cronograma vigente. Según lo que establece la ley, los fondos estarán operativos a partir del 20 de diciembre. A diferencia de acuerdos anteriores, el dinero no entra de una sola vez al Tesoro provincial: el Banco San Juan actuará como fiduciario y Vicuña realizará los desembolsos contra la aprobación de certificados de avance de obra.
  • El filtro de la cautelar: Para detener la maquinaria administrativa, primero la Defensoría debe decidir demandar (o bien hacerlo terceros por vía judicial) y, fundamentalmente, un juez debe dictar una medida cautelar de «no innovar». Mientras se sustancia un eventual juicio de fondo, el contrato sigue plenamente operativo.
  • El doble blindaje legislativo: Jurídicamente, lograr esa cautelar enfrenta una valla alta. El entendimiento cuenta con doble respaldo de ley: la Legislatura ratificó el Acta Compromiso original en agosto mediante la Ley 2836-M y sancionó el contrato del fideicomiso este martes. En la jurisprudencia argentina, los magistrados suelen rechazar cautelares contra leyes vigentes por su «presunción de legitimidad», especialmente cuando se discuten criterios económicos o de oportunidad política (como los porcentajes de regalías o plazos de gracia).
  • El flanco ambiental como llave: Conscientes de esa barrera, los denunciantes introdujeron el cuestionamiento sobre las exigencias de la DIA. En el derecho minero y ambiental, el principio precautorio es la única herramienta que suele habilitar a un juez a dictar una suspensión preventiva si detecta verosimilitud en un posible daño o incumplimiento normativo.

Impacto electoral y riesgo de frenar las obras

Para el gobernador Marcelo Orrego, el riesgo no es menor. El fideicomiso de US$ 250 millones, cuyos proyectos priorizarán los ministerios de Infraestructura y Minería con fuerte foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal, constituye el pulmón financiero extrapresupuestario más importante de su gestión.

Gustavo Fernández apunta al peronismo
El ministro Gustavo Fernández habla de «chicana política».

El desenlace judicial definirá el ritmo de la obra pública. Si la demanda prospera y una cautelar logra congelar las licitaciones y los certificados de obra en el Banco San Juan, el oficialismo sufrirá un severo contratiempo en su hoja de ruta y quedará privado de ejecutar y exhibir las grandes obras de infraestructura comprometidas de cara al próximo escenario electoral.

De política de Estado a trinchera judicial

Este nuevo episodio confirma un quiebre profundo en la historia reciente de San Juan: la minería dejó de funcionar como una política de Estado intocable para convertirse en moneda de cambio de la coyuntura partidaria. Durante décadas, más allá de las diferencias ideológicas, el arco político local sostuvo un consenso básico para blindar las inversiones y dar previsibilidad al sector productivo. Hoy ese acuerdo tácito parece roto. La política sanjuanina trasladó sus disputas internas a los tribunales, transformando a la Justicia en el verdadero campo de batalla donde se define el futuro económico de la provincia, o los posibles candidatos a gobernadores.

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