Ambas operadoras han dado el pistoletazo de salida para la construcción de sus operaciones. Primero fue Los Azules, ahora lo hace Vicuña. Las dos compañías arrancan en 2027 sus proyectos. La clave del futuro desarrollo será gestionar la demanda energética.

Con Vicuña Corp (Lundin y BHP) y Los Azules (McEwen Copper) apuntando a 2027 para el inicio de sus obras, la provincia se enfrenta a una realidad física ineludible: la energía no alcanzará para todos.

La batalla de las cifras: Un choque de 22.000 millones de dólares

Cuando analizamos el impacto de ambos proyectos, los números hablan de una transformación total de la economía argentina. Aquí los datos clave:

• Inversión Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): 18.000 millones de dólares en diez años.
• Inversión Inicial Vicuña (Etapa 1 Josemaría): 7.100 millones de dólares hasta 2030.
• Inversión Los Azules: 4.000 millones de dólares en su etapa inicial.
• Inversión en infraestructura eléctrica (Vicuña): 500 millones de dólares para la línea de 500 kV.
• Inversión estimada en red propia (Los Azules): 440 millones de dólares.
• Mano de obra estimada para la construcción (2027): 12.000 puestos de trabajo directos entre ambos proyectos.
• Empleos totales estimados (operación): 24.000 puestos entre directos e indirectos.
• Producción conjunta estimada para 2030: 400.000 toneladas de cobre por año.
• Prioridad de uso de red eléctrica para Vicuña: 90 por ciento de la capacidad por 25 años.
• Plazo de construcción principal: Inicio en 2027 y puesta en marcha prevista para 2030.

El factor crítico: Por qué la ventaja es de Vicuña

Aunque ambos proyectos son robustos, la infraestructura es el cuello de botella que marca la diferencia. En el mundo de la gran minería, la energía no es solo un servicio, es la ventaja competitiva definitiva.
Vicuña Corp ya obtuvo la prioridad del 90 por ciento sobre la capacidad de transporte de la línea de 500 kV (Nueva San Juan–Rodeo). Al financiar los 500 millones de dólares necesarios para que esa línea sea operativa, se ha garantizado el derecho de admisión a la red eléctrica nacional.

Por su parte, Los Azules necesita esa misma potencia para su planta de lixiviación, pero al quedar con una prioridad marginal, se ve obligado a renegociar o a costear su propia infraestructura, lo que añade presión financiera a sus plazos de cara a 2027.

La alta tensión se siente en los despachos

Las tensiones y los chispazos ya se han producido, Los Azules impugnó formalmente ante el ENRE la Resolución 79/2026, denunciando un «monopolio de facto» sobre la red eléctrica sanjuanina. La operadora canadiense objetó la prioridad de Vicuña sobre la línea de 500 kV por 25 años. El reclamo sostuvo, que se omitió una audiencia pública obligatoria para otorgar tal ventaja estratégica.

A su vez, alegaron que esta medida bloquea el desarrollo de otros proyectos al capturar capacidad de transporte ya existente. Esta judicialización pone en riesgo los plazos de construcción previstos para el 2027. La minera exige un acceso equitativo para garantizar la viabilidad de su planta de cátodos.

El gobierno de San Juan toma el control y hace de arbitro

Ante la polémica por la prioridad otorgada a Vicuña Corp, el Gobierno de San Juan ha tomado una postura activa para garantizar la competencia. La provincia busca administrar directamente el excedente de potencia de la línea de 500 kV, asegurando que la inversión privada no bloquee a otros jugadores.

El objetivo oficial es que los 500 millones de dólares aportados por Vicuña sirvan para ampliar la red, pero que el control del transporte sobrante quede en manos del Estado provincial o del EPRE. Esta maniobra técnica permitiría que proyectos como Los Azules tengan acceso garantizado a la energía sin depender de la voluntad de su competidor.

Con esta medida, San Juan intenta desactivar el conflicto legal y dar una señal de equidad al mercado internacional bajo las reglas del RIGI. La gestión del excedente energético se convierte así en la llave para que el 2027 sea un año de crecimiento compartido y no de exclusividad para un solo proyecto.

2026 será el año del cónclave, 2027 el de la definición

La coincidencia de fechas en 2027 obligará a un nivel de coordinación entre el Estado y el sector privado que nunca se ha visto. San Juan tiene el cobre, tiene la voluntad política, la aprobación de la Ley de glaciares y las leyes del RIGI activas; ahora necesita que los cables soportan el peso de sus sueños y no se detone un blackout.