La tensión territorial en la provincia de Jujuy alcanzó un nuevo pico de exposición nacional. En el marco de la Semana de Pueblos Indígenas, la Comunidad Indígena Las Capillas, perteneciente al pueblo Ocloya, alzó su voz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para denunciar lo que consideran un plan sistemático de hostigamiento y avasallamiento por parte de la empresa Piuquenes SA.
Según los referentes comunitarios, esta firma transnacional, vinculada a capitales canadienses, busca concretar un desalojo ilegal en tierras que los pueblos originarios habitan de forma ancestral.
Un reclamo que llega a la Corte Suprema de Justicia
En primer lugar, es fundamental destacar que el cacique de la comunidad Las Capillas, Néstor Jerez, confirmó que la disputa legal ha escalado hasta el máximo tribunal del país. La decisión de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación surge tras una sentencia que califican de «arbitraria e ilegal» por parte del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. El pasado 10 de abril, este tribunal provincial revocó los sobreseimientos de varios comuneros que habían sido acusados por la empresa de «usurpación».
«Nosotros buscamos el sobreseimiento de todos los imputados, que ya obtuvimos con sentencia favorable tanto en primera y segunda instancia», enfatizó Jerez.
Esta resolución judicial generó una profunda preocupación, ya que anula fallos favorables obtenidos anteriormente y el dictamen del Procurador General del Ministerio Público de la Acusación. Jerez fue tajante al respecto: «Los imputados en esa causa no son usurpadores; somos una comunidad indígena preexistente».
El cacique recordó que cuentan con la carpeta técnica de relevamiento territorial desde el año 2016, bajo el amparo de la Ley 26.160, un marco legal que garantiza la propiedad comunitaria y prohíbe los desalojos.
Piuquenes SA: ¿Una empresa fantasma en territorio jujeño?
Por otro lado, uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la naturaleza de la contraparte. Desde la Comunidad Las Capillas califican a Piuquenes SA como una «empresa fantasma». Esta acusación se fundamenta en que la firma, patrocinada por el abogado Arturo Pfister Puch, no posee un domicilio físico declarado en la provincia de Jujuy ni registra catastros mineros vigentes sobre el área en disputa, ubicada a unos 22 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Además del conflicto legal, los comuneros alertan sobre un inminente daño ambiental. La empresa estaría impulsando procesos de deforestación de bosques nativos para reemplazarlos con especies exóticas, lo que constituye un despojo no solo territorial sino ecológico.
«Hay una violencia institucional muy fuerte», señaló Jerez, vinculando el accionar judicial local con una falta de compromiso con tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el Convenio 169 de la OIT al que Argentina adhirió en 1992.
Gestiones políticas y el pedido a la Embajada de Canadá
En consecuencia con esta situación, la comitiva ocloya aprovechó su estancia en Buenos Aires para tejer redes de apoyo político.
Se reunieron con la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria), a quien le solicitaron gestiones urgentes para obtener informes sobre el actual funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La comunidad denuncia un vaciamiento del organismo que debería velar por sus derechos fundamentales.
Asimismo, los referentes solicitaron una audiencia formal ante la Embajada de Canadá. El objetivo es claro: obtener información fidedigna sobre Piuquenes SA y los capitales que sostienen su operación en Argentina. La falta de transparencia de la minera es, para el pueblo Ocloya, la prueba de que se trata de una maniobra para desplazarlos de su hábitat natural, donde la vida comunitaria se desarrolla desde hace generaciones.
Cronología del Conflicto Territorial
| Año | Acontecimiento Clave |
|---|---|
| 2013 | Inicio de las denuncias y batallas judiciales en Jujuy. |
| 2016 | Obtención de la Carpeta Técnica de relevamiento (Ley 26.160). |
| 2019 | Piuquenes SA inicia proceso legal por presunta usurpación. |
| 2024 | El Superior Tribunal de Jujuy revoca los sobreseimientos. |
| Actualidad | Presentación de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. |
El contexto nacional: Ley Bases y extractivismo
Finalmente, cabe mencionar que el conflicto de Las Capillas no es un hecho aislado. Se inscribe en un panorama nacional que las organizaciones de la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) observan con alarma. Durante las jornadas realizadas en universidades del conurbano, se discutió el impacto de normativas como el RIGI, la Ley Bases y la reforma de la Ley de Glaciares.
Para los líderes indígenas, estas modificaciones legales vulneran el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional. Sostienen que la persecución a referentes y el incumplimiento de tratados ambientales por parte del Estado argentino solo profundizan la vulnerabilidad de las comunidades frente al avance de proyectos extractivos.
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