La reciente reforma de la Ley de Glaciares, impulsada con fuerza por la administración de Javier Milei, se topó con su primera barrera legal significativa.
En una resolución que resuena en los despachos oficiales y las cámaras empresarias, la Justicia Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los cambios normativos en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz.
Esta decisión no solo introduce una cuota de incertidumbre para las inversiones mineras proyectadas, sino que también reaviva la histórica tensión entre el desarrollo extractivo y la preservación de los recursos hídricos estratégicos de la Patagonia.
El origen del conflicto: quién y por qué frenó la justicia
En el planteo inicial, los representantes de El Calafate pidieron la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma, y solicitaron una medida cautelar de no innovar para impedir su aplicación mientras se resuelve el fondo del conflicto.
La presentación está realizada por el Concejo Deliberante de El Calafate, a través de su presidenta Celia Barría, la Municipalidad de El Calafate, representada por el Intendente Héctor Javier Belloni, el Diputado Provincial por distrito, Carlos Alegría y la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni.
Argumentaron que la reforma “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”.
Uno de los cuestionamientos centrales fue el impacto sobre el federalismo ambiental. Los actores sostuvieron que los glaciares y los sistemas hídricos no reconocen jurisdiccionales, por lo que una regulación aislada por provincia podría habilitar una reducción de estándares.
Argumentos de la Fiscalía Federal para actuar
Antes de la resolución judicial, la fiscal federal de Río Gallegos, Sandra Susana Fernández dictaminó que el Juzgado Federal de Río Gallegos era competente para intervenir.
En su dictamen, firmado el 23 de abril, al que accedió Acero y Roca, la fiscalía señaló que los efectos de la norma cuestionada podían proyectarse sobre sistemas hídricos interjurisdiccionales y sobre la provincia de Santa Cruz, que contiene dentro de su territorio el tercer campo de hielo continental actual más grande del planeta, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.
La fiscalía también consideró procedente la vía del amparo ambiental. En ese punto, sostuvo que, por la naturaleza de los derechos involucrados, el amparo era una herramienta idónea para analizar la posible inconstitucionalidad de la reforma, al estar en juego derechos de naturaleza ambiental.
En el dictamen se recoge ese planteo de los actores, al señalar que convalidar una regulación exclusiva e inconsulta permitiría “flexibilizar estándares” y explotar económicamente glaciares sin previsión de los daños que ello podría generar en el territorio nacional.
Ante la denuncia y la presencia de la fiscalia la justicia dictamino
Tras analizar los hechos, el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, dio curso favorable a un amparo ambiental colectivo iniciado desde la localidad de El Calafate. El planteo, respaldado por autoridades locales y sectores de la comunidad, cuestiona la constitucionalidad de la reforma de la Ley 26.639 (Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial).
El magistrado fue tajante en sus argumentos, señalando que la aplicación del nuevo esquema podría derivar en una «regresión ambiental». Bajo esta premisa, ordenó al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo o autorización basado en la normativa modificada que pudiera comprometer glaciares o zonas periglaciales en suelo santacruceño.
¿Qué cambió con la reforma de Milei?
El núcleo de la controversia reside en la flexibilización de los criterios de protección. Mientras que la ley original de 2010 brindaba un blindaje amplio, la nueva reglamentación introdujo cambios conceptuales profundos:
- Redefinición del área protegida: Se limitó la protección estricta únicamente a aquellos glaciares que cumplan con una «función hídrica relevante».
- Potestad provincial: La reforma otorgaba a las provincias la facultad de determinar qué áreas se consideran estratégicas, quitándole peso al inventario nacional gestionado por el IANIGLA.
- Apertura productiva: Estos cambios buscaban explícitamente «destrabar» proyectos de oro, plata, cobre y litio que actualmente se encuentran en zonas de protección periglacial.
Un impacto directo en el corazón de la minería argentina
Santa Cruz es, actualmente, la principal provincia exportadora de minerales del país. La decisión judicial funciona como un freno de mano para un esquema que el Gobierno nacional considera vital para atraer divisas. Al suspenderse los efectos de la reforma, los proyectos que planeaban expandirse hacia zonas antes vedadas quedan en un limbo jurídico.
Desde el sector minero, existe preocupación por la estabilidad de las reglas de juego. Sin embargo, para las organizaciones ambientales y los demandantes de El Calafate, el fallo es un triunfo del principio precautorio, que establece que ante el riesgo de daño irreversible, se debe priorizar la protección del ecosistema.
El escenario que se viene: ¿Hacia la Corte Suprema?
Si bien el fallo de Vázquez rige únicamente para la jurisdicción de Santa Cruz, sienta un precedente judicial que podría replicarse en otras provincias cordilleranas como San Juan o Mendoza. El Gobierno nacional ya anticipó que apelará la medida, por lo que es muy probable que la disputa escale hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La batalla por los glaciares no es solo legal; es una discusión sobre qué modelo de desarrollo elegirá Argentina para las próximas décadas. Mientras el mercado global demanda minerales para la transición energética, las comunidades locales exigen garantías sobre el agua, un recurso cada vez más escaso frente al cambio climático.
La batalla legal recién comienza y según parece, será larga y podría tener réplicas en otras provincias. Si bien la minería es esencial, lo que se pone en la mesa es el modelo de minería que cada región está dispuesta a aceptar.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.