El mapa de la minería en Sudamérica ha entrado en una fase de competencia directa y feroz. Ante la creciente amenaza que representa la llegada de capitales masivos a la Argentina gracias a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno de Chile decidió mover sus fichas.
Con el objetivo de no perder su histórico trono como líder minero del Cono Sur, el país trasandino presentó un ambicioso proyecto de ley que busca seducir a los inversores mediante una fuerte baja de impuestos y una poda drástica en la burocracia de los permisos.
La iniciativa, bautizada como Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, tiene una meta clara: reactivar el crecimiento y destrabar proyectos estratégicos que hoy duermen en los despachos oficiales. Según estimaciones del gobierno chileno, este paquete de medidas podría impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) en unos 8,2 puntos durante la próxima década, una cifra necesaria para contrarrestar el renovado atractivo que hoy muestra el suelo argentino.
Menos impuestos y «blindaje» fiscal por 25 años
El corazón de la propuesta chilena apunta directamente al bolsillo de las grandes compañías. El eje central es la reducción gradual del impuesto corporativo, que actualmente se ubica en el 27%, para llevarlo al 23% hacia el año 2029.
Esta medida se complementa con la reintegración del sistema tributario, un reclamo histórico del sector privado para evitar la doble imposición.
Sin embargo, el dato que más resuena en las oficinas de las multinacionales es la creación de un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años. Este mecanismo funciona como un «blindaje» legal que protege a los grandes proyectos frente a posibles aumentos de royalty o la creación de nuevos gravámenes sectoriales en el futuro. Es, en esencia, la respuesta chilena a la estabilidad fiscal que ofrece el RIGI en Argentina, buscando dar la certeza que los inversores exigen para hundir capitales a largo plazo.
Guerra contra la «permisología»: plazos más cortos para el cobre
Uno de los mayores dolores de cabeza para la minería en Chile ha sido la demora en las aprobaciones ambientales y sectoriales, procesos que en muchos casos superan los 1.000 días de trámite. Con la nueva ley, el Gobierno busca agilizar estos plazos para que la burocracia deje de ser una barrera de entrada.
Para el sector del cobre, este punto es de vida o muerte. Mientras Argentina acelera con proyectos de escala mundial en San Juan y Salta, Chile reconoce que no puede permitirse trámites eternos si quiere mantener su competitividad. La consultora Plusmining destacó que la iniciativa aborda barreras estructurales que limitaron la inversión en los últimos años, especialmente en materia de certeza jurídica y tiempos de ejecución.
El factor Argentina: Chile no quiere ceder el liderazgo
No es casualidad que este proyecto vea la luz en pleno auge del modelo minero argentino. Los analistas coinciden en que Santiago ha tomado nota del interés global que despiertan las provincias de San Juan, Catamarca y Salta. Por ello, este marco busca fortalecer la posición de Chile en un momento donde Perú y Argentina también pelean por capturar la renta minera global.
A pesar del optimismo del oficialismo chileno, la reforma enfrenta un camino sinuoso en el Congreso, donde el Gobierno no cuenta con mayoría propia. Se anticipan debates intensos, ya que la oposición y sectores críticos advierten sobre riesgos en la recaudación fiscal y cuestionan que los beneficios se concentren en las empresas de mayor escala. No obstante, la consigna en los pasillos de La Moneda parece ser una sola: modernizarse o ver cómo los dólares cruzan la cordillera hacia territorio argentino.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.