Mientras San Juan concentra las miradas globales y exhibe la madurez de sus proyectos en etapas avanzadas, Mendoza apura el paso para no quedar fuera del radar inversor. El especialista Raúl Rodríguez desmenuza cómo el nuevo esquema distrital busca esquivar trabas políticas y brindar seguridad jurídica en el distrito minero Malargüe.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Mendoza intenta reactivar la exploración de cobre mediante el Distrito Minero Occidental en Malargüe, un modelo de zonificación que agrupa proyectos para facilitar los permisos. En paralelo a la Expo San Juan, el abogado Raúl Rodríguez asegura que esta herramienta respeta la Ley 7.722 y busca frenar la histórica volatilidad política cuyana.
El contraste regional: San Juan cosecha, Mendoza busca sembrar
En plena efervescencia de la Expo San Juan Minera, el escenario cuyano evidencia dos realidades opuestas. Mientras la provincia anfitriona se posiciona como el faro del cobre en Argentina, su vecina del sur organiza la 3ra Jornada Malargüe Distrito Minero en un intento contrarreloj por recuperar terreno tras décadas de estancamiento.
Para Raúl Javier Rodríguez, abogado especialista en Derecho Minero y asesor de empresas, la diferencia entre ambas jurisdicciones no es casualidad, sino un «fenómeno de causa-efecto». La realidad sanjuanina es «el claro reflejo del sostenimiento de su matriz normativa y la decisión política de promover la exploración como actividad previa y necesaria para el descubrimiento de nuevos yacimientos».
En contrapartida, el letargo mendocino tiene raíces profundas. Rodríguez es categórico al afirmar que durante los casi veinte años de vigencia de la Ley 7.722, la ausencia de la actividad en la agenda de los pasados gobiernos derivó en una nula actividad exploratoria y, lógicamente, en la inexistencia de nuevos desarrollos. «San Juan puede exhibir estos avanzados proyectos, porque justamente durante esas dos décadas desperdiciadas por los mendocinos, nuestros vecinos apostaron a la exploración».
Compatibilidad legal y el fantasma de la 7722
El mayor interrogante para los inversores internacionales que hoy miran a la región de Cuyo es la seguridad jurídica frente al activismo antiminero. El diseño del Distrito Minero Occidental se presenta, en los papeles, como un escudo procedimental.
Ante la consulta sobre la robustez legal del modelo frente a posibles amparos o embates judiciales, el autor del Código de Procedimiento Minero de Mendoza Comentado descartó grises normativos. El caso de Malargüe «cumple con el marco jurídico vigente y no contradice ni se aparta de las restricciones establecidas en la ley 7.722». Por este motivo, el especialista subraya que «no se advierten en este caso potenciales embates contra el mismo fundadas en incumplimientos a dicha ley».
Agrupar para destrabar: la estrategia procedimental
El esquema de zonificación no viene a resolver un defecto técnico de las leyes mendocinas, sino un profundo cuello de botella burocrático y político. Rodríguez explica que el freno a la industria no era «un problema netamente procesal, sino más bien una ausencia de política provincial que impulsara, a proyectos ya presentados, a obtener su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental».
La actual administración provincial optó por agrupar los permisos para facilitar su abordaje. Esta estrategia de agruparlos regionalmente ha «facilitado el tratamiento conjunto no sólo dentro de la administración provincial sino también en la crítica etapa de la ratificación legislativa ordenada por el artículo 3 de la ley 7.722«.
Este hito procedimental, de consolidarse, sienta un precedente vital para las empresas: lograr que las licencias de exploración sean sostenibles «independientemente de las variaciones gubernamentales o los cambios de signos políticos».
La inversión en exploración como único termómetro real
Más allá del entusiasmo gubernamental y de las jornadas técnicas en el Centro de Convenciones Thesaurus, el mercado exige métricas comprobables. Sobre el debate de si el formato de «Distrito» debe mantenerse como política de Estado a largo plazo, el especialista advierte que es un «resorte de la política», aunque desde una óptica técnica, lo ideal sería que «cada proyecto tenga su propia agenda y realice sus esfuerzos e inversiones para poder obtener los permisos necesarios para desarrollarse sin depender para ello de la asistencia o planificación del Estado».
La consolidación del modelo mendocino no se medirá en discursos. El éxito del Distrito Minero Malargüe será dictado exclusivamente por la inyección de capital en terreno. Más que los indicadores legales, lo que determinará la eficacia será «la inversión en trabajos de exploración y el conocimiento geológico de la zona». Solo la perforación efectiva, el avance real de los proyectos y el flujo de caja operativo funcionarán como «el principal sostén y argumento defensivo para resistir potenciales embates o especulaciones políticas que tiendan a detenerlos».
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.