El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó hoy la medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de la Ley 27.804. Esta normativa, sancionada en abril, flexibiliza el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares para permitir el desarrollo de proyectos mineros estratégicos.
El juez Juan José Baric determinó que la provincia de La Pampa no logró demostrar un daño actual y concreto, marcando un precedente fundamental para la industria, remarcado en su el auto emitido que: “No resulta admisible una pretensión de inconstitucionalidad basada en la incertidumbre sobre posibles daños ambientales”, sostuvo el magistrado.
Precedente judicial: Por qué el fallo de Santa Rosa protege la división de poderes
La resolución judicial fue contundente respecto a la validez de las leyes nacionales. Según el magistrado, frenar una normativa del Congreso con efectos en todo el territorio implicaría una «interferencia inadmisible» sobre la división de poderes. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y diversas fundaciones ambientales, habían solicitado el amparo alegando riesgos ecológicos.
No obstante, el juez Baric se apoyó en el caso “Thomas” de la Corte Suprema, subrayando que ningún magistrado tiene la facultad de suspender la vigencia de una ley de forma generalizada.
Además, destacó que los demandantes impugnaron la norma de manera abstracta, sin identificar glaciares específicos afectados ni actividades mineras puntuales que generen un perjuicio inminente.
Récord exportador: El impacto económico detrás del alivio judicial
Este alivio judicial llega justo cuando el sector minero atraviesa un ciclo de expansión sin precedentes. Durante el año 2025, las exportaciones del sector metalífero alcanzaron un récord histórico de US$ 6.056 millones, lo que representó un incremento del 30% respecto al año anterior. Esta cifra ya equivale al 7% de las exportaciones totales de la Argentina.
Este veredicto de Baric expone una marcada contradicción en los tribunales federales. Mientras el juez pampeano optó por la prudencia institucional, en abril de 2026 el juez Claudio Marcelo Vázquez, de Río Gallegos, dictó una medida inversa: suspendió la reforma en Santa Cruz basándose en el «principio precautorio».
Nota relacionada. Leé también: Frenazo judicial a la reforma de la Ley de Glaciares: Santa Cruz suspende los cambios
Esta disparidad de criterios revive la histórica puja entre la autonomía provincial para proteger sus recursos y la facultad del Congreso para legislar marcos nacionales, dejando al sector minero en un limbo legal que, según los especialistas, solo podrá ser unificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sin embargo, las proyecciones para 2026 son todavía más ambiciosas. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estima que se superarán los US$ 9.000 millones en exportaciones. Este salto está traccionado principalmente por el litio, cuya producción se triplicó en los últimos tres años, pasando de 35.000 a 116.100 toneladas de carbonato equivalente.
Los 13 proyectos que esperan la consolidación de la Ley 27.804
La nueva Ley de Glaciares es vista como un complemento necesario para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hasta la fecha, se han presentado al menos 13 proyectos mineros bajo este esquema, sumando una inversión total declarada de US$ 42.000 millones.
Entre los desarrollos más destacados que ya obtuvieron aprobación se encuentran:
- Los Azules: Proyecto de cobre en San Juan.
- Rincón: Emprendimiento de litio en Salta.
- Diablillos: Extracción de plata en la zona de Salta y Catamarca.
Por otro lado, existen seis proyectos de gran escala en espera que concentran el mayor potencial inversor. El más relevante es Vicuña, en San Juan, que bajo la alianza de BHP y Lundin prevé una inversión de US$ 18.104 millones. También se destaca El Pachón, de la empresa Glencore, con una inversión estimada en US$ 9.500 millones.
Incertidumbre legal: La disparidad de criterios que definirá la Corte Suprema
Pese a este primer triunfo para el sector, el conflicto legal está lejos de terminar. El amparo ambiental colectivo fue declarado procedente y el Estado Nacional dispone de cinco días para presentar un informe detallado.
En el ámbito industrial se da por sentado que el expediente escalará hasta la CSJN, donde se espera que se resuelvan definitivamente las diversas impugnaciones presentadas en distintas jurisdicciones del país.
Desde el Gobierno Nacional sostienen que la ley 27.804 respeta plenamente los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Estos artículos regulan la protección ambiental y garantizan el dominio provincial sobre los recursos naturales, una postura que la Procuración del Tesoro defenderá activamente en los tribunales.
La importancia del marco jurídico para el inversor
Para las empresas del sector, la estabilidad normativa es el factor determinante para concretar desembolsos millonarios. El fallo de Santa Rosa envía una señal de previsibilidad al mercado, en un contexto donde los precios internacionales del oro y la plata se mantienen en niveles elevados. La industria minera aguarda ahora que los tiempos judiciales acompañen el calendario de inversión para evitar que los grandes proyectos se demoren por incertidumbre legal.
En conclusión, este primer pronunciamiento a favor de la nueva Ley de Glaciares representa un respiro para la minería sustentable. Mientras los proyectos avanzan en provincias como San Juan, Salta y Catamarca, el país se posiciona para convertir a la minería en uno de los pilares de su recuperación económica y generación de divisas.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.