La industria minera estatal chilena está en plena tensión enfrentando uno de sus momentos más complejos debido a la confirmación de graves anomalías operativas.
Una detallada auditoría interna llevada a cabo por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) dejó al descubierto que las cifras de producción correspondientes al cierre del año dos mil veinticinco fueron infladas artificialmente.
Los informes técnicos revelaron que se registraron de manera irregular cerca de veintiséis mil ochocientas setenta y cinco toneladas métricas finas (tmf) de cobre que no cumplían bajo ningún punto de vista con los estándares exigidos para ser consideradas producto terminado. De este modo, los analistas determinaron que las jefaturas asociaron improcedentemente unas veinte mil toneladas de óxidos de la División Chuquicamata y otras seis mil ochocientas setenta y cinco toneladas de arsenito de calcio de la División Ministro Hales.
Estos volúmenes, que en realidad correspondían a material en proceso y requerían tratamientos posteriores, representaron nada menos que el dos por ciento de la producción total anual de la compañía. La maniobra provocó que se dieran por cumplidas metas institucionales que jamás se alcanzaron en la realidad, derivando de inmediato en el pago indebido de asignaciones millonarias.
El impacto financiero y la histórica devolución masiva de fondos
A partir de la obligatoria corrección de los registros oficiales de almacenamiento de metal fino, la estatal dispuso un masivo e inédito proceso de restitución económica. La medida afecta de manera directa a seis mil trescientos veintidós trabajadores y altos ejecutivos de las faenas del norte y de la Casa Matriz, quienes deberán reintegrar a las arcas públicas un monto global estimado en 14.3 millones de dólares.
Según datos proporcionados por la alta administración de la empresa, la devolución significa un descuento promedio cercano a los dos millones de pesos chilenos por cada empleado afectado (equivalente a casi 2.230 dólares).
Frente a la encrucijada legal de ejecutar estos cobros sin vulnerar la legislación laboral vigente, la presidenta del comité de auditoría, Tamara Agnic, detalló que la recolección de los recursos variables se realizará con gradualidad y estricto apego a derecho.
Por consiguiente, la restitución se implementará mediante descuentos mensuales parcelados que en ningún caso podrán exceder el quince por ciento de las remuneraciones líquidas de los operarios, evitando así la parálisis total de los ingresos familiares pero garantizando el recupero del patrimonio estatal.
Cruces de declaraciones y tensión en los campamentos mineros
Como era previsible, la resolución encendió las alarmas en el sector laboral y provocó reacciones cruzadas inmediatas entre los gremios y las autoridades nacionales. Desde el poder Ejecutivo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, catalogó el hecho como inaceptable y remarcó el impacto institucional: «Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco». El secretario de Estado enfatizó que el mandato otorgado por el presidente José Antonio Kast a las nuevas autoridades de la estatal apunta firmemente a recuperar de manera total la transparencia y el control de los procesos operativos.
Por su parte, los representantes de los trabajadores salieron a desmarcarse rápidamente de las responsabilidades directas del fraude contable. Dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata y Ministro Hales emitieron duros comunicados de prensa advirtiendo que los operarios de base cumplieron con sus turnos de trabajo habituales y que las decisiones de balancear las toneladas corresponden exclusivamente a la plana mayor.
«Los trabajadores no nos hemos embolsado ni un peso que no merecemos tener; si hay errores, no son de los trabajadores», manifestaron con vehemencia las bases sindicales.
A pesar de aceptar el trasfondo ético de recalcular los bonos si las metas no eran reales, las agrupaciones se declararon en estado de alerta permanente para vigilar que los descuentos no vulneren los contratos colectivos.
En paralelo, la estatal contrató a KPMG, una de las firmas auditoras de mayor envergadura a nivel mundial, para investigar acusaciones de ascensos irregulares otorgados por dirigentes gremiales en la División Chuquicamata, lo que habría generado incrementos salariales no justificados.
Consecuencias penales, despidos y el impacto en los mercados
Las derivaciones de este escándalo corporativo ya traspasaron las fronteras de la propia minera y escalaron al ámbito penal. Tras finalizar las primeras indagatorias internas, la estatal procedió a la desvinculación inmediata de un alto gerente del área de presupuestos y aplicó severas amonestaciones institucionales a otros siete profesionales implicados en la cadena de aprobaciones obligatorias.
Paralelamente, el directorio formalizó una denuncia ante el Ministerio Público para que la Fiscalía evalúe la eventual existencia de delitos asociados a fraudes, administración desleal o alteración maliciosa de información pública de mercados.
Para los expertos del sector, el falseo de los balances genera un daño reputacional severo que afecta directamente la confianza de los compradores globales y los inversores internacionales. Al tratarse de la mayor productora de cobre del mundo, cualquier inconsistencia en los reportes técnicos enciende las alarmas en los mercados de metales de Londres y Nueva York, ya que altera las proyecciones reales de oferta física del metal.
En este sentido, la nueva mesa directiva de la compañía tiene el desafío inmediato de reestructurar los mecanismos de fiscalización de inventarios para demostrar que los números de la estatal vuelven a ser completamente transparentes y confiables.
Acefalía en plena crisis: fin del mandato del Presidente del Directorio de Codelco
En plena crisis de la estatal chilena, Máximo Pacheco, Presidente del Directorio de Codelco y director en Nova Andino Litio (la sociedad conjunta creada entre Codelco y la empresa SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama), terminó su mandato de cuatro años al frente de la entidad, despidiéndose este lunes con un video interno.
Su salida deja una vacante que ya comenzó a ordenarse institucionalmente tras confirmarse que el economista Bernardo Fontaine asumirá la presidencia del directorio. El nuevo liderazgo enfrenta una gran incertidumbre tanto en la plantilla como en la estructura directiva de la corporación.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.