La Agrupación Cordillera de los Andes se movilizó frente a la Legislatura para exigir una ley que garantice la contratación de sanjuaninos. Dejaron un petitorio pero no fueron atendidos. Horas después, el Ministerio de Minería ingresó el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, con metas del 80% de empleo local y un crédito fiscal transferible para las empresas que cumplan.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Mineros desempleados protestaron sin ser atendidos. En la siesta, el gobierno presentó la ley de desarrollo minero con metas del 80% de empleo local y 60% de compras provinciales. Incluye un crédito fiscal transferible para empresas que cumplan. La agrupación evalúa endurecer las medidas.
La Agrupación Minera Cordillera de los Andes volvió a las calles. Desde las 9:30 de la mañana de este martes, un grupo de trabajadores desempleados se concentró frente a la Legislatura de San Juan. El pedido era el mismo que vienen reiterando desde su creación, hace casi un año: una ley que garantice la contratación de trabajadores locales en los proyectos mineros.
Paralelamente, mientras ellos reclamaban, el gobierno provincial ultimaba los detalles del proyecto que horas más tarde ingresaría a la Cámara de Diputados. La ley que pedían estaba, paradójicamente, a punto de llegar.
De hecho, al momento en que los miembros de la agrupación ya se retiraban, el Ministerio de Minería ingresó formalmente el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero.
La frustración de la Agrupación Cordillera ante las puertas cerradas de la Legislatura
En diálogo con Acero y Roca, David Suárez, referente de la agrupación, relató la jornada. “Nos venimos esta mañana para presentar el escrito que habíamos acordado la semana pasada. Designamos a tres representantes para que lo presentaran. No recibimos respuesta porque no había gente que pudiera recibir el pedido, pero dejamos el escrito en la secretaría general de la Legislatura.”
La frustración era evidente. “La gente de la agrupación nos ha manifestado que quiere que realicemos una medida de fuerza mucho más importante”, advirtió.
Giro político en la siesta: ingreso formal del proyecto a la Cámara de Diputados
Según el comunicado oficial del gobierno, “el nombre es deliberado: no es una ley de proveedores, es una ley de desarrollo”. La iniciativa establece, por primera vez en la historia de San Juan, reglas claras y medibles para que los grandes proyectos mineros contraten trabajadores y proveedores locales.
Los tres ejes del proyecto: metas progresivas de contratación y compre sanjuanino
El proyecto se sostiene sobre tres ejes:
1. Empleo local: las empresas mineras y sus principales contratistas deberán alcanzar progresivamente el 80% de trabajadores sanjuaninos, con prioridad para los departamentos de influencia directa del proyecto.
2. Compras locales: el 60% del monto anual de adquisiciones de bienes, obras y servicios deberá orientarse a proveedores sanjuaninos, siempre que exista oferta competitiva en condiciones de mercado.
3. Planificación y transparencia: las empresas deberán publicar sus planes de demanda con cronogramas estimados, para que los proveedores puedan prepararse. También deberán presentar un análisis de brechas entre lo que necesitan y lo que hay disponible en la provincia.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó en el comunicado oficial: “La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo. Eso es exactamente lo que esta ley viene a garantizar.”
Incentivo estratégico: cómo funcionará el premio al cumplimiento mediante crédito fiscal
El proyecto incluye un capítulo que este medio ya había anticipado en notas anteriores. Se trata del “premio al cumplimiento” (Artículo 16).
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Las operadoras que alcancen simultáneamente el 80% de empleo local y el 60% de compras locales recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible. Ese certificado podrá ser cedido a las pymes proveedoras mineras para que cancelen impuestos provinciales.
El mecanismo es ingenioso: a cambio de más trabajo y más compras para sanjuaninos, el gobierno provincial renuncia a una parte de los ingresos fiscales, pero incentiva la radicación de empresas y la creación de un ecosistema productivo. El crédito fiscal, además, es transferible, lo que significa que una gran minera que cumpla las metas puede cederlo a una pyme local para que esta reduzca su carga impositiva.
Filtros estrictos de arraigo para evitar las oficinas de conveniencia en la provincia
La ley crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN). Solo las empresas inscriptas allí serán consideradas “proveedores locales” a los efectos de las metas.
Los requisitos son exigentes: domicilio operativo real en la provincia, tributación local, y que al menos el 80% de su personal sea sanjuanino. También exigen antigüedad mínima de 24 meses para proveedores de la comunidad de influencia y 12 meses para el resto de la provincia.
El objetivo es evitar las “oficinas de paso” o los domicilios fiscales de conveniencia. Para ser considerado local, hay que operar realmente en San Juan.
Las grietas del proyecto: justificaciones técnicas que abren el debate con los gremios
El proyecto no impone cupos obligatorios ni restricciones contrarias a la libre competencia, según lo trascendido. Este medio, hasta el cierre de esta edición no accedió al proyecto original que se presentó. Las empresas pueden justificar técnicamente el incumplimiento de metas si demuestran que no existe oferta local competitiva en precio, calidad o disponibilidad.
Ese es, precisamente, el punto que preocupa a los manifestantes. “Si hubieran tenido cumplimiento con mano de obra local desde un principio, se hubiera aceptado. Pero sabemos que nos dan la espalda muchas veces y siguen contratando gente de afuera”, denunció Suárez.
Ausencias en la vereda: el apoyo empresario que se diluyó en los mensajes
En la previa de la manifestación, varios integrantes de la agrupación recibieron contactos de supuestas cámaras empresariales que iban a apoyarlos. Algunos empresarios mineros difundieron la convocatoria por mensajes. Pero a la protesta, ninguno apareció.
Escenario parlamentario y advertencia de medidas de fuerza en las rutas de San Juan
El proyecto ya está en la Cámara de Diputados. El oficialismo confirmó que cuenta con consenso transversal y que será tratado en los próximos días. La ley abroga la anterior Ley 1208-M, que nunca fue implementada, y establece plazos de entre 60 y 90 días para que las empresas presenten sus planes iniciales. Pero para la Agrupación Cordillera de los Andes, la ley no es suficiente si no va acompañada de hechos concretos. “Después vamos a ir a Casa de Gobierno y nos vamos a solicitar al señor Emilio Achem si nos puede atender para entregarle un petitorio”, adelantó Suárez.
La advertencia está lanzada: “La gente nos está pidiendo cortes, medidas más contundentes. Todavía no hemos adoptado la postura de La Rioja, pero depende de lo que nos digan las autoridades.”
El gobierno tiene la ley. La próxima semana dirá si el diálogo se abre o si se vuelve a escuchar el reclamo en las rutas.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.