El ministro de Producción criticó la decisión de Vicuña pero la justificó en la legalidad. Advirtió que “no puede pasar solo por números” y apostó a la ley de desarrollo local como herramienta. El diputado Deguer, en declaraciones previas a este medio, alertó que la licencia social “pende de un hilo”.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El ministro Fernández criticó la adjudicación del campamento de Vicuña a PowerChina, pero la justificó en la legalidad. Dijo que la ley de desarrollo minero será la herramienta para evitar estas situaciones. Advirtió que el gobierno no volverá a la “minería a dedo” del pasado. El diputado Deguer, en declaraciones previas a este medio, había alertado que la licencia social en Iglesia es frágil y que las empresas deben entender que la confianza se gana con hechos.
El revuelo por la adjudicación del campamento de Vicuña al consorcio PowerChina (con la firma santafesina RAFA S.A.) llegó hasta los despachos del Ministerio de Producción. En diálogo con Acero y Roca, el ministro Gustavo Fernández fue contundente: “Claramente no ha sido una buena noticia la decisión que ha tomado Vicuña”, admitió. Pero a renglón seguido, justificó el marco legal de la operación. “Es una decisión tomada en el marco de la ley y en el marco del derecho que tiene la empresa a elegir libremente sus proveedores. En eso no hay nada que cuestionar.”
“No puede pasar exclusivamente por una decisión de números”
El ministro, sin embargo, fue más allá del formalismo legal. Señaló que este tipo de decisiones deberían incorporar otras dimensiones. “En este tipo de decisiones hay que incorporar la dimensión social, la dimensión del desarrollo local. Son temas muy sensibles, sobre todo en una etapa inicial como la que está transcurriendo la minería del cobre.”
La crítica de Fernández no es menor. Su cartera incluye Producción, Trabajo e Innovación. Es decir, el desarrollo productivo local está bajo su órbita. Y la decisión de Vicuña, que dejó afuera a empresas sanjuaninas con oferta técnica superior pero sin capacidad de competir en precio con un gigante subvencionado, golpeó de lleno las expectativas del sector.
La herramienta que viene: la ley de desarrollo local minero
Fernández puso todas las fichas en la Ley de Desarrollo Local Minero que el Ejecutivo acaba de enviar a la Legislatura. Según explicó, la norma obligará a las empresas a dar previsibilidad y transparencia en sus contrataciones.
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“Una de las principales críticas que está recibiendo la empresa es la falta de previsibilidad, la falta de información a tiempo y oportuna sobre este tipo de contrataciones. Nosotros, a través de los planes de empleo y los planes de desarrollo de proveedores, un eje central que tiene de requerimiento para las empresas es que informen cuáles van a ser los paquetes de demanda que van a tener a lo largo del proyecto”, detalló.
De esta manera, los proveedores podrán prepararse con anticipación y el gobierno podrá diseñar herramientas de acompañamiento (certificación de calidad, financiamiento). “Esta información a tiempo, esta previsibilidad, la transparencia en las convocatorias son temas que una vez que tengamos la ley sancionada (de desarrollo minero) nos van a poder ayudar a limitar este tipo de situaciones”, aseguró.
El lado positivo: Vicuña acelera
El ministro también encontró un aspecto favorable en la polémica. “La buena noticia es que claramente Vicuña está decidido a avanzar rápido con su proyecto. Una de las variables que ha tenido en cuenta para elegir a esta empresa china es también la capacidad de entregarle rápidamente la solución de construcción del campamento.”
Para Fernández, eso confirma que la provincia “ha ingresado ya en esta etapa de definiciones que tanto veníamos reclamando”. El problema, insistió, es el equilibrio. “Estamos contentos de que avancen rápido, pero deben avanzar también buscando un equilibrio con los aspectos sociales y de desarrollo local. De lo contrario, a largo plazo no ayudan a hacer crecer la licencia social.”
Transparencia institucional: el rechazo oficial al viejo modelo de contrataciones dirigidas
Consultado sobre si el gobierno podía hacer algo para revertir o modificar la decisión, Fernández fue taxativo. Recordó las malas experiencias del pasado. “Cada vez que el gobierno en el pasado ha intervenido en las decisiones de contratación de las empresas, tampoco los resultados han sido buenos. Lo que hemos tenido son gobiernos que han intervenido, pero en favor de los amigos.”
Para el ministro, cualquier intervencionismo abre un costado “muy discutido y muy criticado. Hemos tenido una minería que se ha desarrollado a dedo, donde han participado algunos proveedores, pero por el dedo largo del Estado. En muchos casos se ha hablado de sospechas sobre el direccionamiento de los contratos mineros.”
La decisión del gobierno, entonces, es clara: “Nosotros como gobierno no queremos entrar en ese juego. Inmiscuirse con nombres propios en las decisiones de las empresas no es un proceso transparente. De hecho, es parte de los errores que no tenemos que volver a cometer.”
La herramienta, insiste, es la transparencia. “Por eso la ley propone que la minería funcione con la luz prendida. Prenderle la luz a la actividad, conocer lo que la actividad va a demandar, comprometer objetivos, y que esos objetivos sean la herramienta sobre la cual el gobierno sí pueda evaluarlos.”
Advertencia desde las comunidades: la frágil estabilidad de la licencia social en Iglesia
Mientras Fernández justificaba la no intervención y apostaba a la ley futura, el diputado Gustavo Deguer (Bloquismo, presidente de la Comisión de Minería, oriundo de Iglesia) había anticipado semanas atrás, en declaraciones a Acero y Roca, un diagnóstico mucho más crudo sobre la relación entre las mineras y las comunidades.
Deguer no se refirió específicamente a PowerChina en esa entrevista, sino a la actitud general de Vicuña. Pero sus palabras resuenan con fuerza en el contexto de esta polémica. “La licencia social pende de un hilo y eso no le sirve a la provincia, no le sirve a Iglesia y mucho menos le sirve a las empresas”, advirtió el diputado.
Deguer, que es pro minero y ha apostado siempre a la actividad, trazó un paralelo con el pasado.
“Traemos siempre a la mesa a Veladero, que es algo que ya pasó, que nos ha servido como enseñanza. En estos 20 años hemos aprendido. Para mucha gente está preparada. Cuando pasan estos acontecimientos, causan un malestar que por ahí está bien.”
Su crítica apuntó a una incoherencia que observa en la dirigencia empresarial local. “Yo no logro entender mucho a muchos que ocupan cargos importantes. Son sanjuaninos los que provocan este tipo de situaciones que a la provincia no les sirven. Si tuviéramos gente de otro lado, podríamos decir -‘no… fueron los otros’-. Pero son las mismas personas de acá, que tiran para otro lado en vez de que hacer posible que lleguen los beneficios a su provincia y a su gente.”
Deguer expresa que existe la percepción generalizada de que las empresas no escuchan a los representantes de las comunidades donde operan.
El contrapunto: diagnóstico compartido, soluciones diferentes
Tanto Fernández como Deguer coinciden en el diagnóstico: la decisión de Vicuña generó malestar y la licencia social está en riesgo. Fernández apuesta a la ley como herramienta de previsibilidad y transparencia a futuro, sin intervenir en el contrato ya firmado. Deguer, alerta que la paciencia de la comunidad se agota y que los dirigentes empresariales locales tienen responsabilidad directa en esta situación.
La ley, cuando sea sancionada, obligará a las empresas a informar sus planes de demanda con anticipación. Pero el campamento de PowerChina ya está en marcha. Para los proveedores locales y los trabajadores de Iglesia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿la próxima licitación será diferente?
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.