Rodolfo Aballay, titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, respalda el nuevo marco regulatorio provincial. Advierte que sin datos históricos consolidados, el mayor logro será unificar los criterios de contratación para proyectar la industria de los próximos 30 años, que apunta se logre con la Ley de Desarrollo Local Minero: Jáchal apoya la normativa para ordenar operadoras
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El gobierno de San Juan presentó el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero. Las cámaras empresariales apoyan la iniciativa porque busca estandarizar las contrataciones de las empresas mineras, promoviendo la capacitación técnica y priorizando a los proveedores locales que demuestren verdadera competitividad en el territorio.
El origen de la Ley de Desarrollo Local Minero y la necesidad de reglas claras
La presentación formal del proyecto en los departamentos de Iglesia y Jáchal marca un punto de inflexión para la cadena de valor sanjuanina. La normativa, impulsada por los ministerios de Minería y Producción bajo la gestión de Marcelo Orrego, busca que la inversión minera tenga un impacto medible en el territorio. Para los actores locales, esto representa el fin de una etapa de incertidumbre.
Según explica Rodolfo Aballay, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, este texto normativo no surgió de un día para el otro.
«Los integrantes de las cámaras de proveedores de servicios mineros de la provincia fuimos convocados hace más de un año por el gobierno para conocer la problemática del sector».
En base a ese diagnóstico exhaustivo, se avanzó en la confección de los 23 artículos que componen la ley. La urgencia de impulsar este proyecto en el contexto actual radica en la necesidad imperiosa de establecer un marco regulatorio previsible. «Creemos que impulsarla en este momento aporta claridad, ordenando lo que hoy se hace de acuerdo al criterio de las operadoras, pero también abarca a exploradoras y empresas contratistas», afirma Aballay. Este punto es vital: la ley no solo mira a las minas en producción, sino a toda la base piramidal de la industria.
Capacitación y competitividad: la exigencia de la Ley de Desarrollo Local Minero
El espíritu de la nueva legislación se apoya en metas progresivas, un detalle que el sector proveedor mira con pragmatismo. No se trata de imponer contrataciones forzadas, sino de generar las condiciones para que las pymes de Jáchal puedan competir con estándares internacionales.
Aballay es directo respecto a los desafíos técnicos que enfrentan en la práctica diaria. «Nosotros pensamos que todo no se puede, pero con gestión y trabajo coordinado es más fácil», sostiene. Para ilustrar el escenario, el referente local pone sobre la mesa un caso práctico que grafica el déficit de mano de obra calificada: «Si no hay suficientes topógrafos, hay que trabajar para formarlos y que de acá a 2 años existan más profesionales en esa área».
La mirada está puesta en la sostenibilidad del ecosistema minero a largo plazo. «La ley tiende a ordenar mirando al futuro para los próximos 30 años», subraya el dirigente empresario.
El vacío de datos: por qué no hay pisos ni techos de contratación local
Al momento de exigir datos auditables, métricas duras o porcentajes mínimos de contratación, la realidad golpea con una falencia estructural del sistema provincial anterior. Preguntarle a la cámara jachallera por un «piso» de facturación local revela el problema de fondo que la Ley de Desarrollo Local Minero viene a solucionar.
«Hasta acá no hay un piso o un techo porque no hay información», sentencia Aballay sin rodeos. El titular de la entidad apunta directamente a las herramientas que nunca funcionaron como debían:
«El RUPEN (Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras) nunca fue reglamentado y hoy no hay dónde verificar lo que verdaderamente queda en las empresas de la comunidad y de la provincia».
Esta falta de auditoría histórica impidió medir con exactitud cuánto del capital invertido permeaba realmente en la economía regional. Por ello, desde Jáchal entienden que «la ley viene a ordenar y después su reglamentación aportará lo que le pueda faltar a la misma».
El fin de los criterios dispares en la minería sanjuanina
Durante años, las barreras de entrada para el proveedor jachallero dependían, en gran medida, de la voluntad corporativa de cada empresa operadora. Cada proyecto minero establecía sus propios pliegos, exigencias y tiempos de pago, lo que dejaba a las pymes locales a merced de una asimetría comercial difícil de sortear.
Consultado sobre cómo impactará esta herramienta normativa en el corto plazo, Aballay resume el sentimiento del sector: «La herramienta viene a ordenar lo que hoy se maneja a criterio, por sí, todos diferentes«. La estandarización de los procesos no sólo brindará seguridad jurídica a los inversores, sino que le otorgará previsibilidad financiera a las pequeñas empresas de la región que necesitan planificar la compra de equipos o la contratación de personal.
El respaldo institucional y el debate legislativo
De cara al tratamiento en la Legislatura provincial, el gobierno ya cuenta con el visto bueno de uno de los actores territoriales más relevantes. «La cámara va a acompañar», confirma Aballay, adelantando la postura oficial de los proveedores de Jáchal.
En un contexto donde la licencia social y el desarrollo económico deben ir de la mano, el acompañamiento empresario es fundamental. «Pensamos que todos nuestros representantes quieren lo mejor para las empresas y los trabajadores de la provincia», concluye el presidente de la cámara.
La implementación de la Ley de Desarrollo Local Minero no es una solución mágica, sino la arquitectura inicial de un puente que estuvo roto durante décadas. La confirmación de que no existen datos fidedignos sobre la participación local histórica desnuda una falla sistémica que San Juan ya no puede permitirse si busca consolidarse como el polo cuprífero de Sudamérica. El éxito de esta normativa no se medirá en la cantidad de artículos aprobados en la Legislatura, sino en la capacidad técnica que demuestre el Estado para auditar, en la voluntad de las operadoras para abrir su cadena de valor, y en el nivel de profesionalización que logren las pymes jachalleras e iglesianas. La competitividad ya no es un eslogan de responsabilidad social empresaria; a partir de ahora, será la única moneda de cambio válida en la cordillera.
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Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.