El gobierno presentó en Pismanta los lineamientos del proyecto de ley de desarrollo minero. Las tres cámaras del departamento lo apoyaron, pero coincidieron en la misma crítica: si no se redefine qué es «local», la ley nace con conflictos incorporados.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Este lunes 27 de abril, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción llevaron su proyecto de ley de desarrollo minero al Nodo Pismanta de Iglesia. Las cámaras CAPRESMI, AITURIC y CADEMI estuvieron presentes. Todas apoyan la iniciativa. Todas tienen la misma advertencia: el concepto de «local» mezcla la provincia con la comunidad, y eso es un problema de base que hay que corregir antes de que el texto llegue a la Cámara de Diputados.
El orreguismo finalmente se movió. Este lunes 27 de abril, a las 10 de la mañana, el Nodo Pismanta de Iglesia fue el escenario de la primera presentación territorial del proyecto de ley de desarrollo minero. Convocada por el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la charla reunió a autoridades provinciales, al diputado departamental Federico Cordero, concejales y referentes de las principales cámaras empresariales del departamento.
No estuvo ningún ministro. Sí estuvieron autoridades de las secretarías de ambas carteras. Y sí estuvieron las cámaras que llevan años reclamando exactamente esto: una ley que garantice que la riqueza que sale de Iglesia se quede en Iglesia.
El resultado fue un apoyo generalizado con una advertencia unánime.
Lo que presentó el gobierno
Según relató Gabriel Paredes, miembro de CAPRESMI, la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia, la presentación fue ordenada y participativa. Las autoridades explicaron paso a paso los puntos más relevantes del proyecto mediante un flyer. Después hubo intercambio de opiniones con cámaras, autoridades y personas no asociadas.
«Fueron claros en que lo harán con respecto al municipio para despegar a Iglesia del resto de San Juan, siempre que no afecte intereses de Jáchal por el tema Veladero.» — Gabriel Paredes, CAPRESMI
El proyecto plantea porcentajes de mano de obra y bienes y servicios que las empresas deberían cumplir una vez promulgada la ley. Este es un punto importante, que se aclarará cuando se presente el proyecto. Autoridades mencionaron metas no cupo obligatorios, y acá hay que ver que pasa, si hay obligación o premio para el que cumpla. Según Paredes, el gobierno mencionó un 80% para mano de obra y un 60% para contratación de bienes y servicios. Esos números generaron debate. Las cámaras anotaron sus posiciones y el gobierno se comprometió a llevarlo al equipo legal para trabajar las modificaciones.
No hay fecha de presentación oficial todavía.
El problema de base: ¿qué es «local»?
Las tres cámaras llegaron al mismo punto crítico por caminos distintos. La ley mezcla dos conceptos que no son lo mismo: la provincia de San Juan y la comunidad directamente impactada por los proyectos mineros. Y esa confusión, advierten, puede vaciar de contenido todo lo que el proyecto promete.
José Silva, presidente de CADEMI —la Cámara de Proveedores Mineros Jóvenes de Iglesia— lo planteó con claridad política:
«La ley fija porcentajes de empleo y compras locales, pero en la práctica termina considerando como ‘local’ a toda la provincia, sin garantizar cuánto de eso realmente queda en la comunidad directamente impactada».
Para Silva, el camino es definir «local» como Zona de Influencia Directa. Si no se hace así, el concepto pierde sentido. CADEMI se comprometió a trabajar con las demás cámaras del departamento para consensuar un documento que será canalizado a través del diputado Deguer.
Paredes, desde CAPRESMI, fue en la misma dirección pero con una propuesta más específica. La cámara rechaza la terminología de «anillos» y propone un criterio más concreto: que se tome el 100% de lo que pueda ofrecer Iglesia en mano de obra y servicios antes de salir a buscar en otro lado.
«Nuestro pedido es que se tome un 100% de lo que pueda existir en Iglesia en mano de obra y servicios. Quizás ese 100% de Iglesia no llegue a ocupar ni el 1% de lo que el proyecto necesite en total, pero lo que haya en el departamento debe usarse todo primero.» — Gabriel Paredes, CAPRESMI
El ejemplo que usó Paredes es tan simple como contundente: si hay 10 panaderías en Iglesia que cumplen con todos los requisitos, las 10 tienen que trabajar. No 6, no 8. Las 10.
Grau: «Error semántico grave» y un instituto que no existe
La voz más dura fue la de Víctor Grau, presidente de AITURIC —la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio, la cámara más antigua del departamento.
Grau no solo cuestionó la definición de «local». Fue más lejos:
«Se está intentando considerar como ‘local’ a toda la provincia de San Juan. Esto es un error conceptual profundo. Lo local no se define hacia adentro, se define desde el territorio de impacto directo hacia afuera. Iglesia es local. Luego viene el área de influencia, después la provincia, y luego el resto».
Para Grau, el segundo problema es el arraigo. No alcanza con que las empresas operen desde afuera. Necesitan instalarse en Iglesia con infraestructura real: oficinas, galpones, inversión concreta, contratación local, consumo dentro de la economía del departamento.
Y hay un tercer punto que Grau califica de inaceptable: en más de 20 años de actividad minera en Iglesia, no existe un instituto de formación minera en el departamento. «No se puede pretender desarrollo si no se forma a la gente para participar de ese desarrollo«, señaló.
Su propuesta incluye además un sistema de puntaje para licitaciones que valore el arraigo, la infraestructura instalada, el empleo local generado y la integración con la comunidad. Y una licencia social medible y auditable que forme parte del proceso de evaluación en cada licitación.
Apoyo con condiciones
Las tres cámaras fueron claras: apoyan la iniciativa. Nadie salió a torpedear el proyecto. Pero el apoyo tiene condiciones.
José Silva lo resumió mejor que nadie: «Acompañamos la decisión del gobierno de avanzar con una ley de desarrollo minero. Ahora bien, una buena iniciativa necesita una buena redacción. Si la ley no define cómo se prioriza a la Zona de Influencia Directa, corre el riesgo de nacer con conflictos incorporados».
El gobierno escuchó. Tomó nota. Y se fue sin dar fecha de presentación para el proyecto. El proyecto todavía tiene que llegar a la Cámara de Diputados. Antes de eso, hay correcciones que hacer. Y las cámaras de Iglesia ya avisaron que van a seguir de cerca cada palabra.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.