El escenario minero e industrial de la Argentina sumó un capítulo decisivo. A través de sus canales oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador autorizó el ingreso del megaproyecto Vicuña al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El emprendimiento, gestionado por la alianza entre la firma australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, prevé un desembolso inicial de USD 9.700 millones, con la proyección de alcanzar los USD 18.000 millones en un plazo de diez años.
La iniciativa se posiciona como el desarrollo minero de mayor envergadura económica en la historia del país, ubicándose además entre los cinco principales proyectos de cobre a nivel global. Según las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda, la aprobación del esquema impositivo busca garantizar «más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos». Sin embargo, los términos de la concesión y las licitaciones otorgadas a empresas foráneas despiertan posturas encontradas respecto al verdadero beneficio para el entramado industrial nacional.
Los beneficios del RIGI y las tres fases establecidas para la explotación
La admisión de Vicuña bajo la figura legal de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) le concede a la corporación un paquete de exenciones fiscales que genera controversia. La normativa habilita una reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la quita de retenciones a partir del segundo año de ejecución y el levantamiento de los controles de capitales desde el tercer año. A esto se añade un blindaje de estabilidad fiscal y legal garantizado por 40 años. Los directivos de la empresa argumentaron que el régimen era una condición ineludible para radicar la inversión, señalando que “el RIGI es crítico, sin esa herramienta no habría proyecto”.
Por consiguiente, el plan de operaciones de la compañía se dividió en tres etapas consecutivas:
- Primera fase (2027-2030): Contempla la inyección de USD 7.100 millones enfocados en el depósito Josemaría para montar una mina a cielo abierto y su planta concentradora.
- Segunda fase: Prevé la incorporación de los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la escala de producción.
- Tercera fase: Proyecta la expansión de la planta y el desarrollo de sulfuros profundos, complementados con una planta desalinizadora de agua y ductos de transporte.
Proyecciones de exportación e impacto en el mercado de trabajo
En la etapa de régimen pleno, las estimaciones de producción anual de Vicuña se ubican en 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata. El volumen de exportación previsto asciende a USD 6.000 millones al año, un monto que iguala la facturación exterior total que registró toda la actividad minera argentina durante el año 2025.
Asimismo, las previsiones de la empresa respecto a la contratación de personal en la provincia de San Juan y la región de Cuyo establecen el siguiente esquema:
- Fase de construcción: Se estima la demanda de 12.000 puestos de trabajo directos.
- Fase operativa: El proyecto sostendría unos 5.000 empleos directos y 19.000 puestos indirectos.
La operadora calcula que el 90% de la mano de obra será de origen local. No obstante, analistas sectoriales siguen de cerca la proporción real de empleo calificado y el nivel de salarios frente al costo de vida regional. El director ejecutivo de la sociedad, Ron Hochstein, catalogó la aprobación como “una oportunidad transformacional para la Argentina”. Sin embargo, la dependencia de capitales transnacionales para la extracción de recursos estratégicos continúa siendo un foco de discusión abierta.
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