La jornada del jueves amaneció convulsionada en el sector minero local. La noticia sobre la paralización del transporte en el yacimiento de oro Hualilán llegó temprano a los despachos del Ministerio de Minería de San Juan. Fue la propia empresa operadora la que notificó formalmente al Gobierno provincial sobre una orden tajante que congeló las operaciones por tiempo indeterminado.
Lo que contractualmente debió ser una decisión técnica, interna y reservada, se convirtió rápidamente en un secreto a voces que sacudió la paz social que caracterizaba al proyecto metalífero ubicado en Ullum. Detrás del argumento logístico, en el sector ya se habla abiertamente de una feroz guerra de poder.
Una puja corporativa que golpea la licencia social
Durante años, el equipo local de Hualilán trabajó para construir una sólida licencia social sustentada en tres pilares: el apoyo constante a los proveedores locales, el desarrollo sostenible y el arraigo con la comunidad. Por eso, la noticia cayó como un balde de agua fría en la región cuyana. Lejos de percibirse como un parate temporal por cuestiones técnicas o climáticas, en el entorno del yacimiento se respira un clima de intervención y pulseada entre los accionistas.
El desembarco de los nuevos socios extranjeros y nacionales se hizo sentir desde el primer minuto, marcando la cancha con una agresiva lógica corporativa. La puja de intereses entre el capital financiero ingresante y los equipos que venían desarrollando el día a día del yacimiento generó un cuello de botella que terminó por congelar las tareas de exploración y mantenimiento en el terreno.
Los jugadores en disputa: Wall Street contra el territorio
El conflicto en Hualilán enfrenta dos modelos de gestión irreconciliables. Por un lado, el bloque corporativo global liderado por el influyente empresario canadiense Peter Marrone (ex Yamana Gold), el magnate del Real Estate Eduardo Elsztain y el ejecutivo técnico Yohann Bouchard. Por el otro, el equipo gestor histórico de la junior australiana Challenger Gold, cuya cara visible en la provincia es la abogada sanjuanina Sonia Delgado.
Es este contexto hay que considerar que Peter Marrone es un financista internacional, «tiburón» de la minería global. El ejecutivo no viene a hacer relaciones públicas locales, sino a maximizar los números técnicos del yacimiento, buscar los U$S 85 millones necesarios para la expansión y preparar la empresa para las ligas financieras.
La disputa estalló cuando la nueva mesa directiva decidió, de forma vertical y centralizada, congelar el transporte de mineral hacia la planta de Casposo (donde se procesa el material). Esta medida pasó por encima de la conducción local, que ya había articulado minuciosos esquemas de compre local y logística con las pymes mineras sanjuaninas.
La estrategia del «desgaste técnico»
Según pudimos averiguar la estrategia detrás del freno operativo es que los nuevos dueños quieren poner a sus propios jugadores en los puestos clave, y para eso necesitan desplazar a la conducción actual. Hacer pública la suspensión por supuestas fallas técnicas es la excusa perfecta para desgastar la gestión local y apurar los cambios operacionales.
De confirmarse esta lectura, la pausa no respondería a una falta de viabilidad económica del yacimiento, el cual cuenta con reservas de oro y plata altamente rentables, sino a una maniobra netamente política para arrebatar el control del timón empresarial.
Tensión en la cadena de valor y las pymes en vilo
Este tipo de conflictos societarios estira peligrosamente los plazos de un proyecto que venía a paso firme para convertirse en la próxima mina en producción de la provincia. La parálisis frena el ritmo de las campañas de perforación y dilata las inversiones en infraestructura crítica, un factor que la comunidad mira con lupa ante la necesidad de reactivación económica.
Mientras las oficinas corporativas definen el rumbo financiero, en el yacimiento reina la incertidumbre. Las pymes subcontratadas, que invirtieron fuertemente en equipamiento, maquinaria y flotas de vehículos para cumplir con las exigencias de Hualilán, temen quedar atrapadas en medio del fuego cruzado de los accionistas. Ante este panorama gris, las fuerzas vivas vinculadas al yacimiento exigen un reclamo unánime: que la operadora emita un comunicado oficial, transparente y con plazos claros de reactivación.
El frente sanjuanino se abroquela detrás de Sonia Delgado
A pesar de la lógica inquietud, la crisis consolidó un fuerte frente común en la provincia. Representantes políticos, entidades gremiales y cámaras de proveedores locales manifestaron a nuestro medio su respaldo a la figura de Sonia Delgado. Para el entramado productivo local, Delgado representa la única garantía de arraigo y compromiso con los intereses de la región.
Existe un consenso generalizado respecto al temor de que una conducción centralizada desde Buenos Aires o el exterior termine por romper los lazos vecinales y los esquemas de compre local que costó años consolidar. Las fuerzas vivas defienden que el futuro de la mina debe seguir comandado por quienes conocen el territorio de primera mano.
El rol del Gobierno ante un escenario clave
El Gobierno de San Juan monitorea el minuto a minuto de la situación con extrema prudencia. El conflicto estalló luego de la esperada reinauguración de la planta de Casposo, el eslabón logístico clave donde Hualilán procesa su mineral.
En el Ejecutivo saben perfectamente que el liderazgo minero de la provincia depende de la seguridad jurídica, pero también de la paz social. Las autoridades esperan que la interna societaria se resuelva puertas adentro con la mayor celeridad posible. La meta final es que Hualilán vuelva a encender sus motores, pero sin perder la fuerte identidad local que la transformó en un proyecto emblemático para los sanjuaninos.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.