Con la confirmación de Vicuña en el RIGI, la minería de San Juan entra en una zona de promesas y tensiones. José Silva (CADEMI) y Fernando Godoy (CAPRIMSA) advierten que los 9.700 millones de dólares no deben crear un enclave aislado.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Mientras el RIGI blinda la inversión de BHP y Lundin Mining por 30 años, los proveedores locales exigen que la ley de desarrollo minero provincial no sea anulada. Silva pide «compromisos extraordinarios» y Godoy apela al Artículo 124 para defender el recurso sanjuanino frente al marco federal.
El blindaje del RIGI: entre la previsibilidad y el riesgo de exclusión
La llegada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al proyecto Vicuña ha generado un sismo en la gremial empresaria sanjuanina. Para José Silva, presidente de CADEMI, la noticia es importante por la previsibilidad, pero advierte sobre la asimetría de beneficios. «Desde CADEMI entendemos que los beneficios extraordinarios que recibe un proyecto de esta magnitud deben venir acompañados de compromisos extraordinarios con las comunidades donde se desarrolla«, sentenció el dirigente.
Por su parte, Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, aunque apoya el RIGI para dar seguridad jurídica, pone el foco en el costo social. «La licencia social es muy importante y en esto primero San Juan«, enfatizó, alineándose con posturas técnicas como la de Flavia Royón en Salta. El temor compartido es que el éxito se mida solo en toneladas de cobre y no en el fortalecimiento de la estructura productiva local.
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El mito de la «igualdad de condiciones» en la competencia global
Uno de los puntos más críticos del RIGI es la garantía de igualdad en «precio y calidad». Para Silva, esto es una falacia técnica si se considera quiénes son los jugadores. «Hablar de igualdad de condiciones cuando una empresa local compite contra grupos económicos con décadas de experiencia es desconocer la realidad», disparó el titular de CADEMI. Según su visión, el desarrollo de proveedores no puede quedar librado al azar del mercado.
Fernando Godoy es aún más crudo en su diagnóstico sobre la competitividad: «No creo que estemos a la altura, mucho menos de los gobiernos trasandinos, como Chile, Perú, mucho menos de China, donde se subsidia». Sin embargo, su propuesta no es la rendición, sino la estrategia. El foco de CAPRIMSA es trabajar en «alianza, consorcio, etcétera, para trabajar integrándonos a la minería» en lugar de perder los recursos.
El Artículo 124 frente al avance federal
Ante la creación del registro REPROMIN por parte del Ejecutivo provincial, surge la duda de si las mineras judicializarán la ley local por considerarla una traba. Godoy es tajante: «No creo que se judicialice, el artículo 124 de la Constitución Nacional dice que por derecho constitucional los minerales son de San Juan«. Para él, la provincia está facultada para tomar las medidas necesarias para defender su patrimonio.
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En esta misma línea, Silva cuestiona la voluntad política más allá de los papeles. «La verdadera pregunta es si existe voluntad de que las oportunidades lleguen efectivamente a las empresas locales o si vamos a seguir viendo cómo gran parte de la riqueza generada termina concentrándose fuera de la provincia«, advirtió. Para CADEMI, si una minera ve como una «traba» el promover proveedores locales, se debe discutir qué tipo de desarrollo se está construyendo.
Del discurso a la orden de compra: Llntegración real en Vicuña
A pesar de que existen 245 empresas vinculadas al proyecto, de las cuales 150 son sanjuaninas, las firmas extranjeras mantienen el dominio de los contratos críticos. José Silva es escéptico frente a la «diplomacia corporativa»: «El desarrollo local no se mide por la cantidad de reuniones realizadas. La verdadera integración se mide en órdenes de compra y contratos adjudicados«.
Godoy eleva el tono al hablar del rol de las cámaras en este ecosistema. «Nadie quiere ser antiminero. Queremos estar dentro del negocio minero, pero no como si fuéramos actores secundarios. Somos actores principales«, afirmó con contundencia. Para el presidente de CAPRIMSA, el diálogo debe trascender los deseos y consolidarse en un esquema donde el Estado ejerza un «liderazgo con orden piramidal«.
El modelo de transparencia: licitaciones por las cámaras
Una propuesta concreta de CAPRIMSA para asegurar la transparencia es retomar el modelo aplicado con Veladero. «Las licitaciones pasan por la cámara, este es el mejor resultado porque otorga prolijidad, honestidad y permite trabajar con previsibilidad«, explicó Godoy. Esta metodología busca evitar que las oportunidades se diluyan en procesos cerrados y garantizar certidumbre a la gremial empresaria.
Silva coincide en que la radicación física es la clave para que la inversión de 9.700 millones de dólares no sea una «burbuja». «Necesitamos que las empresas se radiquen en las comunidades mineras, que abran oficinas operativas, talleres, centros logísticos y bases de trabajo en Iglesia«, exigió el titular de CADEMI. El objetivo es que la infraestructura que quede sea el verdadero legado del cobre.
De la escucha a la integración
Sobre el cambio de actitud del CEO de Vicuña, quien anteriormente fue crítico de las leyes de proveedores locales, Silva mantiene su postura: «No alcanza con escuchar a las comunidades; hay que integrarlas al desarrollo«. Para CADEMI, una mina de clase mundial debe, obligatoriamente, impulsar comunidades de clase mundial.
La licencia social, según los dirigentes, ya no se compra con marketing. «No se construirá con discursos ni presentaciones corporativas. Se construirá cuando los vecinos de Iglesia puedan ver que el crecimiento de la minería también es el crecimiento de su comunidad«, concluyó Silva.
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El RIGI ha blindado los números de las multinacionales, pero ha dejado a la intemperie la seguridad de las pymes locales. La tensión entre el Artículo 124 y el marco federal no es un mero tecnicismo legal; es la frontera entre una provincia que exporta riqueza y una que construye futuro. Si Vicuña no logra que sus órdenes de compra hablen con tonada sanjuanina, los 9.700 millones de dólares serán recordados solo como una cifra en un balance extranjero, mientras la cordillera guarda el silencio de una oportunidad perdida.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.