La Legislatura de San Juan encara un debate de alto impacto fiscal: la actualización de la captura de renta en los nuevos proyectos mineros. Con la presentación del Expediente N° 1493, el diputado provincial Franco Aranda (Frente Renovador), propone un sistema de regalías móvil, diseñado para oscilar al ritmo de los ciclos económicos del mercado internacional de minerales, poniendo en agenda parlamentaria las regalías mineras San Juan.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El diputado Franco Aranda presentó un proyecto de ley en la Legislatura de San Juan para modificar la Ley Provincial N° 716-M. La propuesta introduce un esquema de regalías progresivo (del 3% al 5%) aplicable exclusivamente a proyectos nuevo. Esto excluye a los que operan bajo RIGI o estabilidad fiscal previa, con el fin de captar renta en ciclos de bonanza sin ahogar la inversión.
La lógica de la flexibilidad: cuando el mercado dicta la norma
La minería no es una industria estática; su rentabilidad depende de precios volátiles. El proyecto de Aranda se sustenta en la facultad provincial, emanada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, para gestionar sus recursos naturales, y utiliza el marco habilitante del Artículo 103 de la Ley Nacional N° 27.743.
La filosofía central de esta iniciativa es el pragmatismo fiscal. Según los fundamentos del documento presentado ante la Cámara de Diputados, el Estado provincial debe tener la capacidad de adaptar su recaudación a la salud financiera de los proyectos.
En diálogo con Acero y Roca, Aranda clarificó la intención de la medida: «Permite que en épocas de bonanza se pueda obtener más regalías, sin salirse de la ley, y en épocas de crisis bajar el porcentaje para cuidar las inversiones y el trabajo de la gente». Este enfoque busca, en teoría, evitar el escenario de «suma fija» que a menudo deja a la provincia con ingresos limitados cuando el valor de los minerales se dispara, pero también evita imponer cargas tributarias insostenibles cuando el contexto económico global se contrae.
Seguridad jurídica: la línea roja con el RIGI y la estabilidad fiscal
Una de las dudas que más inquietud genera en el sector minero es la previsibilidad a largo plazo. La minería requiere inversiones de capital intensivo que se amortizan en décadas; por ende, cualquier cambio en las reglas de juego es mirado con lupa por los inversores internacionales.
El proyecto de Aranda aborda este riesgo de manera frontal a través de la incorporación del Artículo 9 BIS a la Ley Provincial N° 716-M. Este apartado es, en esencia, un blindaje para la seguridad jurídica. Según el texto del proyecto, los proyectos que gocen de estabilidad fiscal bajo la Ley Nacional N° 24.196 o que estén adheridos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) (según Ley Provincial N° 2.671-I), quedarán exentos de este nuevo esquema variable.
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Al ser consultado sobre la aplicabilidad del nuevo tributo a proyectos ya consolidados o con contratos vigentes. El legislador: «No… a quienes ya están adheridos al RIGI se les mantienen las condiciones».
Esta distinción es crucial. El mercado entiende que cambiar las condiciones «a mitad de partido» es letal para la reputación de cualquier jurisdicción minera. Al aislar a los proyectos existentes y bajo RIGI, la propuesta intenta acotar el debate a la nueva generación de inversiones que aún deben estructurar su hoja de ruta financiera y legal.
El camino parlamentario: entre el consenso y la voluntad política
El proyecto ya cumplió con el trámite administrativo de entrada y aguarda su turno en la sesión ordinaria para tomar estado parlamentario y ser girado a las comisiones correspondientes. El desafío de Aranda no es solo técnico, sino profundamente político.
El legislador reconoció que el tratamiento depende de la construcción de consensos. «Dependerá de la voluntad del oficialismo de tratarlo», admitió el diputado, quien también mencionó que en sus conversaciones informales con diversos sectores «los que hablé están de acuerdo». Sin embargo, el sector privado minero suele mantener una postura de «observación vigilante». Hasta la fecha, según Aranda, «hasta ahora no tengo las repercusiones formales de las cámaras empresariales».
El éxito de esta propuesta recae en la reglamentación técnica que deberá elaborar el Poder Ejecutivo. El proyecto otorga al Gobierno un plazo de 120 días para fijar las tablas de progresividad y los parámetros objetivos (como cotización de precios de referencia e impacto socio ambiental) que dictarán cuánto paga cada proyecto.
Este es, quizás, el punto de mayor fricción potencial: definir qué constituye un ciclo de «bonanza» y cómo se auditará ese cumplimiento de manera transparente, sin generar arbitrariedad burocrática.
El futuro de la renta minera en San Juan
La propuesta de Franco Aranda coloca a San Juan en una encrucijada estratégica. Si bien la intención de capturar mayor renta pública durante los picos de precios internacionales es un mandato político loable y necesario para financiar el desarrollo provincial, la clave del éxito radicará en la finura de su implementación.
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La industria minera global es experta en calcular riesgos. Si la «progresividad» se percibe como una incertidumbre constante, el capital podría migrar hacia jurisdicciones con reglas más estáticas, aunque menos tentadoras en el papel. Por el contrario, si San Juan logra reglamentar este esquema con parámetros objetivos, transparentes y predecibles, podría estar sentando un precedente de modernidad fiscal: un modelo donde el Estado no solo cobra, sino que acompaña el éxito de los proyectos mineros, asegurando que la riqueza del subsuelo se transforme, efectivamente, en bienestar para la comunidad sin poner en riesgo la competitividad que tanto costó construir.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.