Un estudio que integró 33 investigaciones publicadas entre 2000 y 2025 confirmó que los residuos de la antigua Mina Gonzalito en Río Negro, continúan liberando plomo, cobre y zinc al ecosistema marino. El informe técnico destaca la necesidad urgente de unificar protocolos de monitoreo ambiental.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Científicas del CONICET y universidades nacionales determinaron que la Bahía San Antonio presenta concentraciones de metales de origen industrial debido a pasivos mineros abandonados hace 40 años. El drenaje ácido transporta plomo y zinc hacia la fauna local, afectando principalmente a invertebrados marinos en la zona intermareal
Análisis técnico de los pasivos mineros históricos
La actividad minera en la región cesó hace cuatro décadas, sin embargo, los depósitos de residuos químicos y escorias de fundición permanecen expuestos a la intemperie. Según la revisión sistemática liderada por Erica Giarratano, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), estos desechos funcionan como una fuente activa de transferencia de metales hacia las marismas y el agua de mar. El equipo, que incluyó a especialistas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, analizó la evolución de estos componentes en un área de 3.000 kilómetros de costa.
En las declaraciones recogidas por un medio patagónico, Giarratano explicó que «la bahía de San Antonio mantiene desde hace décadas un problema silencioso: los residuos de una mina abandonada, generados entre 1960 y 1980, todavía filtran metales al ambiente marino». Este proceso se intensifica con las precipitaciones, que generan un drenaje ácido capaz de movilizar los metales hacia las zonas bajas del ecosistema.
Concentraciones registradas y biomarcadores de impacto
Los datos técnicos recolectados en el Depósito de ganga de la Mina Gonzalito, ubicado en el cruce a Las Grutas, muestran valores significativos en las muestras de suelo que sirven como fuente de contaminación. Se registraron niveles de Zinc de hasta 22.150 µg/g, Cobre hasta 11.574 µg/g y Plomo alcanzando los 24.150 µg/g. Como estos contaminantes están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad.
Las mediciones en organismos arrojaron datos concretos para la gestión ambiental:
- Cangrejos: Registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: Muestran una severa acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.
- Pingüinos, delfines y ballenas: Detectaron principalmente concentraciones de plomo, cobre y zinc
Del puerto a la planta ALPAT: los otros focos bajo la lupa
El informe no se limita al pasivo minero, sino que evalúa otras actividades antrópicas en la zona. Se menciona el funcionamiento de la empresa ALPAT (Álcalis de la Patagonia) y las operaciones del Puerto de San Antonio Oeste. En el sector portuario, la preocupación técnica radica en la presencia de hidrocarburos y el uso histórico de TBT (tri-butil-estaño) en pinturas antifouling, el cual ha causado casos de imposex (deformaciones sexuales) en caracoles de la especie Buccinanops globulosum con incidencias de entre el 24% y el 71%.
Asimismo, el documento del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (IBMP) señala debilidades en el manejo de residuos sólidos urbanos e industriales, que sumados a los efluentes líquidos sin tratamiento completo, impactan negativamente sobre el Canal del Indio.
De la tesis científica al drama sanitario: 65% de los chicos con plomo en sangre
Las conclusiones científicas publicadas recientemente por el CONICET no hacen más que ratificar un peligro que la comunidad local viene denunciando desde el siglo pasado. Los pasivos mineros quedaron abandonados en la zona conocida como La Estanciera tras el cese de la empresa Geotécnica S.A, que dejó escorias a cielo abierto. Si bien originalmente los desechos se volcaban a unos siete kilómetros de la localidad, la expansión del casco urbano terminó absorbiendo el área afectada, exponiendo de forma directa a los habitantes.
A raíz de esto, las alertas se encendieron inicialmente en 1995 de la mano de la Fundación Inalafquen, pero el verdadero punto de inflexión social ocurrió en 2005. En aquel entonces, la tesis de una bióloga detectó niveles alarmantes de metales pesados en los mejillones de la bahía, lo que impulsó la creación de la Multisectorial por el plomo en San Antonio Oeste. La confirmación del impacto humano llegó poco después con un estudio epidemiológico dirigido por el Ministerio de Salud de la Nación en niños de entre 5 y 8 años: la muestra arrojó que cerca del 65% de los menores analizados presentaba niveles de plomo en sangre muy superiores a los límites aceptables.
Escuelas rellenadas con tierra contaminada y un fallo que desliga a la Nación
Lejos de avanzar hacia una solución definitiva, el conflicto por los pasivos ambientales sumó capítulos de extrema gravedad institucional. Durante 2025, el municipio de San Antonio Oeste intentó avanzar con planes de urbanización sobre terrenos que aún no recibieron remediación alguna, una maniobra que fue frenada en los tribunales gracias a un recurso presentado por la Multisectorial.
A pesar de este revés judicial, las autoridades locales volvieron a quedar bajo la lupa meses más tarde. Según denunció Andrea Otero, integrante de la Multisectorial, en declaraciones radiales a La Korneta: «El municipio extrajo material de una cantera contaminada (…) para rellenar tierras en frente de la Escuela 161, a la vuelta del Hospital de San Antonio y a la vuelta de otros dos secundarios». Entonces nosotros lo que decimos es que el problema de la contaminación con metales pesados es el problema de salud más grave que tiene San Antonio desde hace décadas».
“Se detectó la presencia de metales pesados desde los microorganismos hasta las ballenas, y se ratificó el foco de contaminación por los residuos mineros en la Bahía de San Antonio. Es un problema de salud muy grave, es un problema silencioso, porque esos residuos siguen filtrando al ambiente marino, siguen volando, entonces nos siguen afectando la salud. Las autoridades no se preguntan qué pasa con la salud de quienes vivimos aquí“, fustigó Otero, remarcando que ni la provincia ni la municipalidad hacen nada por continuar las tareas de remediación.
Un fallo judicial deja en el limbo los fondos para la remediación
Para colmo, el panorama técnico de cara al cierre de 2026 se complejizó tras una sentencia judicial. El juez federal Hugo Greca determinó que el Estado nacional ya no es responsable de continuar con el financiamiento del plan de remediación, basando su decisión en un acuerdo previo firmado entre el municipio de San Antonio, la provincia de Río Negro y la Nación. De esta manera, la gestión de un pasivo que incluye no solo plomo, cobre y zinc, sino también otros metales críticos como el arsénico y el cadmio, queda en un limbo administrativo.
El bache metodológico: urge instalar estaciones permanentes de monitoreo
En el cuerpo de su investigación publicada en la revista Environmental Research, las autoras Mónica Noemí Gil, Gabriela Malanga y Erica Giarratano subrayaron que la dispersión de los datos previos y las metodologías heterogéneas utilizadas por diferentes laboratorios a lo largo de un cuarto de siglo representaron la principal traba para comparar con exactitud cómo ha evolucionado la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Para la industria y las autoridades del 2026, el desafío no radica solo en identificar los focos, sino en implementar protocolos técnicos estandarizados que permitan una remediación auditable de una de las regiones costeras más importantes del país.
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