El Consejo Asesor del EPRE validó la estrategia provincial ante el ENReGE. Exigen acuerdos de mitigación para que el proyecto Vicuña acceda a la línea de 500 kV sin perjudicar a los usuarios sanjuaninos ni desfinanciar la infraestructura pública.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El pasado miércoles 8 de julio, intendentes y diversos sectores sociales de San Juan apoyaron formalmente al E.P.R.E. en su postura ante el ENReGE. El objetivo es regular el acceso a la red de 500 kV del proyecto Vicuña, evitando que el sector privado capture gratuitamente la capacidad eléctrica financiada por la provincia
Soberanía energética y el modelo de desarrollo para el proyecto Vicuña
El Consejo Asesor de Acompañamiento del E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) sesionó para tratar un tema crítico para el futuro sanjuanino. La reunión, motivada por la inquietud de municipios y organizaciones civiles, se centró en la solicitud de acceso y ampliación de la red de transporte de 500 kV vinculada a la primera etapa del desarrollo del proyecto Vicuña.
La postura oficial no es una negativa al progreso, sino una exigencia de equidad. Los sectores presentes manifestaron su «voluntad irrenunciable en apoyo a la Minería para el pronto inicio de los proyectos mineros». Sin embargo, este apoyo está condicionado a la transparencia técnica. El E.P.R.E. desarrolló los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos que sostienen una oposición formal, la cual solo será levantada si la empresa minera suscribe Acuerdos de Mitigación. Esta medida busca asegurar que el crecimiento de la gran industria no se traduzca en una degradación del servicio para el usuario residencial o el pequeño comerciante que, durante décadas, sostuvo el sistema.
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El respaldo de la ciencia y los estándares globales de regulación
Uno de los puntos más sólidos de la jornada fue la presentación del estudio técnico realizado por el Instituto de Energía Eléctrica (perteneciente a la UNSJ y al CONICET). Este organismo independiente validó el enfoque de mitigación propuesto por la provincia, enmarcándolo en las mejores prácticas regulatorias de países líderes en minería como Chile, Perú, Australia, Canadá, EE.UU. y el Reino Unido.
De acuerdo con las conclusiones del Consejo, la propuesta local es «técnicamente sólida, económicamente equitativa y plenamente fundamentada». La evidencia recolectada por los expertos científicos demuestra que permitir un acceso irrestricto a la red no es un derecho absoluto. Según se dejó constancia en el acta, el libre acceso no puede facultar a un agente privado para «capturar de hecho y gratuitamente la capacidad remanente de una infraestructura pública que fue financiada históricamente con fondos provinciales y de los usuarios en sus facturas de electricidad». Este argumento técnico-económico es la piedra angular de la defensa sanjuanina ante los organismos nacionales.
Consenso social y político por la minería responsable
La convocatoria fue masiva y representativa del arco social de la provincia. Estuvieron presentes los intendentes de los departamentos de Jáchal, Calingasta, Ullúm e Iglesia, junto a diputados provinciales de Sarmiento y representantes de entidades gremiales como la CGT San Juan y el Sindicato Luz y Fuerza. La presencia de figuras como Adolfo Ibaceta, representante de CASEMICA (Cámara Minera de Calingasta), subraya que incluso los sectores vinculados directamente a la actividad comprenden la necesidad de un marco regulatorio justo.
Además de los sectores productivos, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Amas de Casa, el Centro de Ingenieros de San Juan, la Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables sumaron su voz. Todos coincidieron en que la defensa de los derechos adquiridos por los usuarios de San Juan es prioritaria. La estrategia no busca obstaculizar la inversión, sino garantizar que la infraestructura existente, que tiene un límite físico de transporte, no sea saturada por un solo actor en detrimento de los planes de expansión de otros sectores económicos locales.
El futuro del transporte eléctrico y la resolución del ENReGE
El Consejo de Acompañamiento acordó realizar un seguimiento estricto de la evolución del caso, a la espera de la Resolución final que debe emitir el ENReGE (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad). La expectativa es que el organismo nacional tome en cuenta el respaldo unánime de las fuerzas vivas de la provincia y la solidez de los estudios de la UNSJ.
En términos de proyección, este conflicto técnico-legal definirá cómo se integrarán los grandes proyectos mineros a la matriz energética nacional sin descapitalizar a las provincias. La infraestructura de 500 kV es un activo estratégico; su gestión eficiente determinará si San Juan puede sostener un desarrollo armónico donde la minería de gran escala conviva con la industria vitivinícola, el comercio y el bienestar doméstico. La clave reside en los acuerdos de mitigación: quien consume la capacidad de transporte debe invertir para que el sistema siga siendo funcional para todos.
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La firmeza de San Juan en esta instancia no es un acto de proteccionismo ciego, sino una evolución necesaria en la gobernanza de recursos. Al alinear la política energética con estándares internacionales y el aval de la UNSJ, la provincia está estableciendo que el desarrollo minero del siglo XXI no puede financiarse con el ahorro histórico de los contribuyentes. El resultado de esta disputa en el ENReGE sentará un precedente jurídico para todo el territorio nacional respecto al uso de las capacidades remanentes en redes de alta tensión.
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