El Primer Tribunal Ambiental de Chile acogió la demanda diaguita contra la prospección minera El Alto de Barrick Mining. La acción judicial busca anular de forma definitiva la luz verde ambiental del proyecto, asestando hoy un revés clave con impacto directo en el futuro de la cordillera.
La cordillera de los Andes vuelve a ser el escenario de una batalla legal y comunitaria que amenaza los planes de expansión de uno de los gigantes del oro mundial. Ayer, miércoles 15 de julio, el panorama para la multinacional Barrick Mining Corporation sufrió un revés clave del otro lado de la frontera, con implicancias directas para la lectura geopolítica y el desarrollo de proyectos binacionales. El Primer Tribunal Ambiental decidió acoger a trámite la reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena Diaguita El Corral de la Alta Cordillera contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Esta acción busca anular de manera definitiva la luz verde otorgada al proyecto prospección minera El Alto, controlado por la filial de Barrick, Compañía Minera Nevada SpA.
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El conflicto por la herencia de Pascua Lama
La controversia se desató tras la aprobación, a principios de este año, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Atacama. Con nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el organismo gubernamental otorgó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el proyecto. La planificación de Barrick contemplaba iniciar las obras de construcción y perforación durante el segundo semestre de este 2026, con una inversión estimada de 35 millones de dólares y una vida útil proyectada de dos años.
Sin embargo, la localización del proyecto encendió las alarmas de inmediato. La iniciativa se ubica en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, a escasos kilómetros del clausurado y emblemático proyecto Pascua Lama. Para las comunidades locales, la maniobra de Barrick representa un intento encubierto de mantener un pie firme en la rica reserva de metales preciosos sin cumplir con las obligaciones de retiro definitivo impuestas por la justicia.
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En su presentación judicial, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera argumenta que las actividades propuestas para la prospección son incompatibles con la clausura definitiva de Pascua Lama. Consecuentemente, denuncian que existe un «fraccionamiento» ilegal del proyecto al tramitar de forma separada la DIA de exploración y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la fase de cierre de la antigua mina. Los demandantes recuerdan que en 2021 la Corte Suprema ya declaró ilegales unos sondajes de prospección idénticos que la empresa pretendió ejecutar en la misma zona.
La batalla por el agua del río Huasco y los glaciares
El otro flanco de resistencia contra la multinacional involucra de manera directa a la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus afluentes, la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, la Municipalidad de Alto del Carmen y los regantes del Tramo 1 del río. Para la actividad agrícola del valle de Atacama, el agua dulce que desciende de los glaciares y de la criósfera cordillerana es el recurso más preciado de subsistencia.
La comunidad objeta que Barrick haya considerado gran parte del área de influencia del nuevo proyecto como «infraestructura existente», una figura técnica que, según los denunciantes, impidió que el Servicio de Evaluación Ambiental evaluara con rigurosidad los potenciales impactos sobre los glaciares, los ecosistemas de alta montaña y el patrimonio arqueológico de la región.
Asimismo, sostienen que por la envergadura de los trabajos, el proyecto debió ingresar al sistema de evaluación mediante un Estudio de Impacto Ambiental de fondo, que incluyera por ley un proceso formal de consulta indígena a la comunidad diaguita.
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Radiografía técnica de la prospección minera El Alto
A pesar de la resistencia comunitaria, Barrick defendió la viabilidad técnica y el bajo impacto de sus operaciones proyectadas. El diseño de la campaña de exploración se estructuró bajo los siguientes parámetros:
- Inversión total: 35 millones de dólares.
- Ubicación: Comuna de Alto del Carmen, a 150 kilómetros al suroriente de Vallenar, justo en el límite con la provincia argentina de San Juan.
- Área del proyecto: Habilitación de 43 plataformas que abarcan una superficie estimada de 212 hectáreas, con un área efectiva de intervención de obras de 5,04 hectáreas.
- Operación técnica: Perforación tipo diamantina mediante la ejecución de 62 sondajes destinados a delimitar las reservas y recursos metálicos de la zona.
- Temporadas de trabajo: Concentradas en dos temporadas de explotación estival (de septiembre a mayo) para evitar los meses más crudos del invierno cordillerano.
- Impacto laboral: Generación de aproximadamente 75 empleos temporales por período de campaña, priorizando el reclutamiento local.
El laberinto administrativo y el recurso de cautelar
Aunque el director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, admitió inicialmente a trámite las reclamaciones ciudadanas y suspendió temporalmente el avance del proyecto, la posterior desestimación de los recursos por parte de la autoridad administrativa obligó a las comunidades a acudir a la vía judicial directa.
La gran preocupación para las oficinas de Barrick radica en la medida cautelar solicitada de manera paralela por la comunidad diaguita. Los demandantes exigieron formalmente al Primer Tribunal Ambiental la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental mientras se tramita el juicio de fondo. De otorgarse esta medida cautelar, el proyecto minero quedará congelado a la espera de un veredicto definitivo que podría demorar meses, o incluso años, sepultando los planes de la empresa de encender las perforadoras este verano.
El derrame sobre los proyectos de San Juan
La paralización de la prospección minera El Alto no es un hecho aislado que solo debe preocupar a las autoridades chilenas; su onda expansiva cruza la cordillera de manera directa hacia la provincia de San Juan. La geología andina no reconoce fronteras geopolíticas, y el futuro de grandes yacimientos de cobre y oro de la región, como la reestructuración conceptual de lo que alguna vez se pensó como el megaproyecto binacional Lama-Pascua, depende críticamente de la estabilidad legal de ambos lados de la montaña.
Por el contrario, el endurecimiento de la justicia ambiental chilena frente a las corporaciones extranjeras marca una pauta de lo que será el estándar de control para cualquier futuro intento de integración física o logística cordillerana. El avance del nacionalismo de recursos y la defensa activa del agua y el territorio por parte de las comunidades originarias configuran un nuevo tablero minero donde las declaraciones felices de las gacetillas corporativas ya no bastan para mover una sola roca.
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