El gobernador Marcelo Orrego y la empresa Vicuña Argentina sellaron un acuerdo que garantiza una inversión anticipada de 250 millones de dólares. El convenio otorga previsibilidad fiscal al sector minero y asegura financiamiento para obras clave antes de la producción.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
San Juan recibirá 250 millones de dólares de Vicuña Argentina (BHP/Lundin Mining) para obras hídricas y viales. El pacto resuelve conflictos legales de 2022, fija regalías al 3% y un aporte adicional del 1,5%. Los fondos serán auditados mediante un fideicomiso público provincial.
Un giro estratégico hacia la previsibilidad minera
En una jornada que redefine el vínculo entre el Estado y la industria extractiva, el Dr. Marcelo Orrego calificó el entendimiento con la operadora Vicuña Argentina como un «día histórico para San Juan». Por primera vez en la trayectoria productiva local, un proyecto minero desembolsará un aporte económico de magnitud sistémica años antes de extraer el primer kilo de roca comercializable. Este capital, que asciende a 250 millones de dólares, no está sujeto a variaciones del mercado ni a promesas futuras; es, en palabras del mandatario, un «compromiso firmado de carácter fijo no reembolsable ni compensable».
Para los sanjuaninos, este movimiento significa «ganar tiempo» al desarrollo. La empresa, una alianza estratégica entre los gigantes globales BHP y Lundin Mining, busca con este paso consolidar el marco de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Al respecto, Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp, destacó que «proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo». El acuerdo no solo inyecta liquidez, sino que despeja el horizonte legal de una controversia que la compañía mantenía en sede administrativa desde el año 2022, permitiendo que la provincia y la empresa miren hacia el mismo lado.
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Desglose técnico del fideicomiso y regalías
Según el comunicado oficial de Vicuña Argentina, se establece la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto. Este porcentaje se aplicará tanto a las propiedades mineras actuales como a las futuras dentro del alcance del acuerdo, brindando una certeza fiscal inédita para el Proyecto Vicuña, que engloba a los depósitos Josemaría y Filo del Sol.
Adicionalmente, se reglamentó una contribución del 1,5% sobre las ventas brutas, según lo estipulado originalmente en la DIA. Este flujo de fondos, sin embargo, tiene una hoja de ruta clara: el pago comenzará recién en el sexto año de operaciones, proporcionando una fuente anual de financiamiento para infraestructura que se suma a las regalías ordinarias. Como gesto de buena fe y para acelerar el desarrollo regional, la empresa aceptó realizar el pago anticipado de 250 millones de dólares, el cual se prevé que se complete a finales del cuarto trimestre de 2026. Este capital se integrará a un nuevo fideicomiso destinado exclusivamente al desarrollo de infraestructura pública.
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El respaldo global de Lundin y BHP
La solidez de este acuerdo es el resultado de un gobierno que, según Marcelo Orrego, «no se quedó esperando» y salió a buscar inversiones en un proceso de negociación que duró más de año y medio. Las mesas de diálogo recorrieron los centros neurálgicos de la minería mundial, desde la feria PDAC en Toronto (Canadá) hasta reuniones en Vancouver, Nueva York, Santiago de Chile y Buenos Aires.
La participación activa de los accionistas de BHP y de Lundin Mining fue determinante para sellar la confianza en el rumbo institucional de la provincia. En este sentido, la empresa valoró la creación de «reglas claras» y un «diálogo institucional» que permite inversiones de gran escala en Argentina. Como parte de este ecosistema de inversión, la operadora también confirmó que ejecutará con fondos propios obras complementarias vitales, como la línea eléctrica y el corredor norte, específicamente el tramo de ruta entre Agualasto y el sitio minero.
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Transparencia y control del capital público
Un aspecto que el gobernador remarcó con énfasis para la tranquilidad de la sociedad civil es la trazabilidad de los recursos. Los fondos no se diluirán en la burocracia estatal, sino que serán «administrados, auditados y ejecutados por el Estado Provincial» bajo los procedimientos de contratación pública vigentes. El fideicomiso asegura que cada dólar tenga un destino específico y auditable.
El Ejecutivo enviará el acuerdo a la Cámara de Diputados para su ratificación por ley. Por su parte, la provincia se ha comprometido a no imponer contribuciones adicionales de naturaleza análoga, garantizando que este marco represente la obligación definitiva derivada de la DIA. Esta seguridad jurídica es lo que Orrego define como la «base sobre la que se construye la confianza» con los inversores internacionales.
Impacto territorial y obras proyectadas
El destino de los 250 millones de dólares impactará directamente en la competitividad de San Juan. Las obras viales, hídricas y de saneamiento proyectadas no son solo para el beneficio de la mina; están diseñadas para fortalecer el desarrollo agroindustrial, turístico y energético de la región. Es una visión integral que busca la diversificación económica y la generación de empleo genuino.
El gobernador también tuvo un gesto humano al agradecer a las autoridades de la empresa por haber accedido a modificar sus agendas para firmar el acuerdo en San Juan. Originalmente, el acto iba a realizarse en Nueva York, pero se postergó debido al duelo provincial por los trágicos hechos del 29 de julio en Valle Fértil. Esta cercanía y respeto por la realidad local refuerzan el vínculo territorial de la compañía.
Una proyección hacia el nuevo modelo minero
El acuerdo entre San Juan y Vicuña Argentina marca un cambio de paradigma en la gobernanza de los recursos naturales. Al desacoplar el beneficio social y de infraestructura del inicio de la producción comercial, se rompe la inercia de proyectos que tardan décadas en derramar beneficios tangibles. La clave del éxito no residirá únicamente en la transferencia de los fondos a finales de 2026, sino en la capacidad técnica del Estado para transformar ese capital en obras que sobrevivan a los ciclos mineros. San Juan ha pasado de ser un actor pasivo a un socio estratégico que prioriza la infraestructura como cimiento de su soberanía económica.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.