El especialista Leonardo Olivieri analiza las claves para transformar la actividad extractiva en un motor de innovación. Propone políticas públicas para integrar proveedores locales, universidades y comunidades, garantizando que el valor perdure tras el cierre de mina
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Leonardo Olivieri sostiene que para evitar economías de enclave en Argentina, es vital conectar la demanda minera con capacidades locales. Mediante seis ejes de política pública, se busca que la industria funcione como traccionadora de tecnología, conocimiento y gobernanza institucional, fortaleciendo el tejido productivo regional.
El desafío de superar la economía de enclave en la región
Para evitar que los grandes proyectos operen como islas de riqueza, es fundamental comprender la naturaleza del sector minero. Esta actividad se caracteriza por ser intensiva en capital, tecnología e infraestructura, con elevadas inversiones iniciales y una fuerte integración en cadenas globales de valor. Según explica Leonardo Olivieri, especialista en Relaciones Institucionales, el riesgo de las economías de enclave radica en la escasa articulación con la economía local, la dependencia de proveedores externos y una limitada transferencia tecnológica.
El objetivo no debe ser aislar a la minería de las redes mundiales, sino conectar dichas cadenas con las capacidades productivas del territorio. En este sentido, la minería debe actuar como una empresa ancla o tractora que estimule rubros como la metalmecánica, logística, ingeniería, software y automatización. «El derrame, entonces, no debe ser considerado automático. Debe construirse a partir de las capacidades reales del territorio». Para lograrlo, San Juan requiere de competitividad sistémica, lo que implica que una empresa local no es competitiva solo por su cercanía a la mina, sino por poseer infraestructura, financiamiento y capacidad de innovación.
«El objetivo no es que todo el valor de la minería quede necesariamente en el territorio, algo poco realista en una industria global, sino conseguir que una proporción creciente del valor asociado a bienes, servicios, conocimiento e innovación pueda ser capturada y acumulada localmente»
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Proveedores locales: Entre la compra directa y el desarrollo tecnológico
Existe una distinción técnica fundamental entre la simple compra local y el verdadero desarrollo de proveedores. Que una operadora adquiera insumos en la zona no asegura la creación de capacidades productivas permanentes. El propósito central es que los proveedores incrementen su productividad y sofisticación tecnológica.
En la economía industrial, las economías de escala y los costos de transacción suelen favorecer a los proveedores internacionales, quienes ya cuentan con certificaciones y capacidad financiera. «Por eso, una política que simplemente obligue a comprar localmente puede ser insuficiente e incluso contraproducente si los proveedores locales no están preparados para responder a las exigencias del sector». El Estado y las instituciones deben intervenir para cerrar esa brecha de capacidades.
El especialista ejemplifica con casos como el de Australia con su ecosistema Mining Equipment, Technology and Services (METS) o Canadá demuestran que la articulación entre la industria, las universidades y los centros tecnológicos es el camino para generar autonomía respecto a la extracción propiamente dicha. En este esquema, las instituciones actúan como nodos de una red territorial de conocimiento, vinculando la demanda de las grandes corporaciones con el potencial de los proveedores locales.
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Gobernanza de redes y la licencia social como capital relacional
La gestión de proyectos complejos requiere de un enfoque de gobernanza en redes, donde los recursos y conocimientos están distribuidos entre múltiples actores. Olivieri cita los aportes de Klijn y Koppenjan para explicar que ninguna entidad posee por sí sola la capacidad de resolver los problemas territoriales. El Estado aporta regulación, la universidad el conocimiento científico, y las comunidades brindan legitimidad y conocimiento territorial.
Bajo esta mirada, la licencia social para operar trasciende el trámite formal o la comunicación institucional para convertirse en capital relacional. No se trata de una autorización jurídica estática, sino de un nivel de aceptación, confianza y legitimidad que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida de la mina. «La confianza, en cambio, puede reducir incertidumbres y facilitar la cooperación». La conflictividad, por el contrario, aumenta los costos de transacción y genera riesgos para las inversiones de largo plazo.
Para que este activo estratégico sea real, se precisan mecanismos de diálogo, transparencia y participación. La comunidad debe integrar una agenda amplia que abarque empleo, capacitación, ambiente y desarrollo futuro. Solo cuando los beneficios son tangibles para la población, la minería se percibe como una mejora efectiva en las oportunidades locales.
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Nadie se salva solo
Para Erik-Hans Klijn y Joop Koppenjan, autores citados por el entrevistado en el apartado anterior, ningún actor o nivel del Estado posee por sí solo los recursos, la información ni la autoridad para resolver problemas complejos, como los desafíos territoriales. Los problemas del territorio cruzan fronteras institucionales, por lo que exigen la cooperación de múltiples actores interdependientes.
La interdependencia de recursos
- Dispersión de recursos: Ninguna entidad tiene todo lo necesario (dinero, legislación, conocimiento técnico o apoyo social) para actuar en solitario.
- Necesidad de intercambio: Los actores públicos, privados y sociales deben negociar e intercambiar recursos para lograr soluciones efectivas.
- Superación de la jerarquía: El viejo modelo de mandar desde una sola autoridad central ya no funciona en la gestión del territorio.
Las dimensiones de la complejidad
- Complejidad sustantiva: Hay desacuerdos sobre la naturaleza misma del problema territorial y sus causas científicas o técnicas.
- Complejidad estratégica: Los distintos actores persiguen intereses propios, metas contradictorias y estrategias divergentes que chocan entre sí.
- Complejidad institucional: Existen reglas de juego, normas y límites burocráticos diferentes que fragmentan la capacidad de respuesta.
La gobernanza en red
- Acción colectiva: Los resultados públicos nacen de la interacción y la adaptación mutua dentro de redes de actores.
- Gestión de redes: Se requiere coordinar el diálogo y generar confianza para destrabar conflictos y alcanzar acuerdos viables.
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Seis líneas de política pública para una estrategia integral
Atraer inversiones es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. Para transformar la riqueza mineral en capacidades productivas permanentes, se deben implementar al menos seis líneas estratégicas de acción institucional:
- Redes permanentes de gobernanza territorial: Espacios institucionalizados para planificar infraestructura e innovación.
- Desarrollo de proveedores: Programas que incluyan financiamiento, asistencia técnica y digitalización.
- Investigación y Desarrollo (I+D): Enfoque de las universidades en problemas reales como la gestión del agua y la eficiencia energética, con aplicaciones transversales.
- Formación de recursos humanos: Capacitación que evite la especialización excesiva para asegurar la empleabilidad en otros sectores.
- Fondos de desarrollo territorial: Uso de la renta minera para financiar infraestructura productiva y diversificación.
- Planificación del cierre de mina: Transformar la renta en capacidades que perduren cuando el recurso agotable se termine.
Esta orientación requiere un cambio en el referencial de política pública, término acuñado por Pierre Muller y Bruno Jobert.
Si el referencial se limita a ver la minería como fuente de regalías, las políticas serán acotadas. En cambio, si se interpreta como una oportunidad de desarrollo de capital humano y tecnológico, la gestión adquiere otra profundidad. «La pregunta no debería ser simplemente cuánto derrame puede producir la minería, sino: ¿Que derrames son razonablemente posibles en este territorio y qué capacidades necesitamos construir?».
La transición de una lógica puramente extractiva a una de desarrollo territorial es una decisión política y empresarial que define el futuro de la provincia. La minería en Argentina tiene el potencial de ser una plataforma de crecimiento, pero su éxito real no se hallará en las estadísticas de exportación, sino en la solidez de las instituciones y la sofisticación de los proveedores que queden arraigados en el suelo sanjuanino. La apuesta es transformar un recurso finito en un motor de conocimiento infinito para la región.
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Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.