La licencia social para operar dejó de ser un concepto asociado exclusivamente a la actividad minera para convertirse en un activo estratégico que atraviesa la relación entre empresas, Estado y comunidades. La investigadora del CONICET Margarita Moscheni Bustos explica por qué la confianza no se obtiene mediante acciones aisladas, sino a través de un proceso permanente de construcción social.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La doctora Margarita Moscheni Bustos, investigadora del CONICET y del IISE-FACSO-UNSJ, sostiene que la licencia social no constituye una autorización informal que una empresa obtiene una sola vez, sino un proceso continuo de construcción de confianza, donde intervienen las comunidades, el Estado, la transparencia institucional y el comportamiento empresarial.
La licencia social trasciende la aprobación de un proyecto
En los últimos años, la expresión licencia social para operar comenzó a ocupar un lugar central en los debates sobre minería. Aunque no forma parte de una autorización legal ni de un procedimiento administrativo, su influencia resulta determinante para la continuidad de numerosos proyectos extractivos alrededor del mundo.
Para la Margarita Moscheni Bustos, Directora Maestría en Políticas Públicas y Territorio, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la licencia social debe entenderse como una construcción colectiva que excede ampliamente las políticas tradicionales de responsabilidad social empresaria.
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Una respuesta a un nuevo escenario
«Las empresas interpretan siempre más como una estrategia comercial o empresarial si se quiere, que está orientada a sostener la licencia social para operar«, señaló la investigadora. Esta estrategia responde a que «las empresas extractivistas se ven obligadas a implementar la responsabilidad social empresaria porque la opinión pública dominante generalmente no es buena.»
A su entender, las discusiones públicas sobre el impacto ambiental, el empleo local y la participación de proveedores regionales han modificado el escenario en el que operan las compañías mineras. Además, sostuvo que los mercados financieros internacionales incorporan cada vez con mayor frecuencia criterios vinculados a la sostenibilidad y la aceptación social al momento de evaluar inversiones en proyectos extractivos.
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Responsabilidad empresaria como estrategia de desarrollo
Durante la entrevista, la investigadora diferenció la responsabilidad social empresaria de una verdadera estrategia de desarrollo sostenible «Hay mucha evidencia escrita que los proyectos mineros en la Argentina tienen políticas de responsabilidad socioempresarial que siguen siendo de mitigación y de compensación de impactos que ya se han producido y no hay una integración real de lo social y de lo ambiental en la ecuación económica financiera de estas empresas«
«El punto más débil sigue siendo, a lo largo de todas las décadas de actividad minera en la Argentina, la generación de capacidades locales que permitan, en un largo plazo, a las comunidades donde se desarrollan esos proyectos extractivistas sostenerse por sí mismas.»
En ese sentido, explicó que muchas comunidades depositan expectativas en las empresas para resolver necesidades vinculadas con infraestructura, salud o educación, especialmente cuando perciben limitaciones en la capacidad del Estado para garantizar esos servicios. Sin embargo, aclaró que esa situación puede generar relaciones de dependencia difíciles de sostener en el tiempo y que, desde su análisis, no reemplazan políticas públicas de desarrollo.
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«Es un proceso. No es un certificado que uno tiene de una vez y para siempre«, explicó la entrevista sobre la licencia social. «La base de todo es lo que las comunidades creen, lo que las comunidades sienten, perciben y opinan. Es literalmente un intangible.»
Según su análisis, la velocidad con la que actualmente circula la información, especialmente mediante plataformas digitales y redes sociales, transformó la forma en que las comunidades reaccionan frente a acontecimientos vinculados con la actividad minera. En consecuencia, sostuvo que las empresas enfrentan el desafío permanente de sostener relaciones de confianza mediante mecanismos de transparencia, diálogo y rendición de cuentas, más allá del cumplimiento de los requisitos legales.«No solo es importante ganarse esa licencia, sino que hay que mantenerla.»
Desde la perspectiva de Moscheni Bustos, la licencia social no depende de un único factor, sino de un conjunto de variables que interactúan de manera diferente en cada territorio. Por ese motivo, considera que no existen recetas universales para obtener la aceptación de una comunidad.«Una variable importante es cómo funciona la política en cada provincia. Si vos tenés un sistema político institucional que permite varias voces, mayor control sobre las decisiones y mayor control social«.
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A ello sumó otro elemento que considera determinante: la estructura económica de cada provincia. «Las provincias que tienen varias actividades económicas tienen más margen para poner límites a la minería sin afectar su estructura económica.» Otro componente relevante está relacionado con la distribución de los beneficios económicos que genera la actividad.
El peso de las instituciones
La profesional sostuvo que la participación de proveedores locales y el desarrollo de empresas regionales constituyen elementos observados por las comunidades al momento de valorar el impacto de un proyecto. Asimismo, mencionó que la credibilidad de la información ambiental, la transparencia de los informes técnicos y la existencia de procesos de participación pública también influyen en la construcción de confianza.
«El principal factor que lleva a una comunidad a confiar en una empresa es que la empresa reconozca públicamente que necesita esa confianza para operar y que exista un mecanismo de rendición de cuentas transparente.»
«En la Academia todos sabemos que el acceso a la información es tan importante como saber procesar esa información, pero también conocer los procedimientos de construcción de esos datos.»
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Para la investigadora, un proyecto puede cumplir con las exigencias administrativas previstas por la legislación vigente y, aun así, enfrentar cuestionamientos sociales.«La normativa legal te fija un piso y la aceptación social es un techo que cada una de las comunidades define por sí misma«, apuntó. A partir de distintos casos registrados en provincias argentinas, sostuvo que la existencia de autorizaciones legales no implica necesariamente que una comunidad otorgue legitimidad al desarrollo de un emprendimiento extractivo.
El desafío de construir confianza en una industria cada vez más observada
La minería enfrenta un escenario en el que el desempeño técnico y económico ya no resulta suficiente para garantizar la continuidad de los proyectos. La creciente demanda de información, la participación ciudadana y los estándares internacionales vinculados a la sostenibilidad incorporan nuevas variables que influyen sobre la legitimidad de la actividad. En ese contexto, el análisis desarrollado por la investigadora Margarita Moscheni Bustos aporta una mirada académica sobre un concepto que adquiere cada vez mayor relevancia para el sector: la licencia social, entendida como un proceso permanente de construcción de confianza entre empresas, comunidades y Estado, cuya solidez dependerá de la capacidad de sostener relaciones transparentes y de largo plazo.
Periodista especializada en minería y desarrollo productivo, enfocada en la cobertura de la industria, la innovación tecnológica y la formación de talento en San Juan y la región. Genero contenidos que conectan el ámbito académico, empresarial y social, con una mirada técnica, territorial y estratégica.