La Asamblea Jáchal No Se Toca presentó un pedido ante la Cámara de Diputados para que transforme en ley provincial la ordenanza municipal que protege el acuífero Pampa del Chañar. Solicitó un informe urgente sobre la posible prospección minera en el lugar. La aprobación en bloque del temario a través de una moción del oficialismo y la falta de «rescate» por parte de los legisladores sepultaron el pedido.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Asamblea Jáchal No Se Toca ingresó formalmente un expediente a la Cámara de Diputados para solicitar que la Ordenanza Municipal N.º 3172 sea elevada a ley provincial de protección hídrica. Según la Asamblea, una moción para saltear la lectura del Orden del Día derivó en que la nota quedara archivada «A Conocimiento» en la Secretaría Legislativa, sin giro a comisiones. Finalmente, fue enviada al archivo. El reclamo formal se presentó en simultáneo ante el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y el Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto.
El reclamo ciudadano para blindar por ley provincial el acuífero Pampa del Chañar y frenar el avance del proyecto minero Nuevo Panacán llegó al recinto de la Cámara de Diputados de San Juan. Este fue derivado al archivo sin debate. A través del Expediente N.º 2243-2026, la Asamblea Jáchal No Se Toca solicitó al Poder Legislativo elevar a rango de norma provincial la Ordenanza Municipal N.º 3172 de Jáchal. La misma establece una protección cartográfica absoluta que prohíba actividades extractivas sobre la zona de recarga de la principal reserva de agua dulce del departamento.
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La presentación formal, ingresada el 8 de septiembre de 2026 bajo la firma del asambleísta Faustino José Esquivel. Sumado al al patrocinio del abogado Horacio Rodríguez del Cid, exigió además la aplicación del Artículo 149 de la Constitución Provincial. Este mecanismo faculta a los diputados a requerir un informe urgente y documentado al Ministerio de Minería sobre el Expediente N.º 1100-000293-2026, correspondiente al proyecto Nuevo Panacán.
Sin embargo, según relatan desde la asamblea, el trámite parlamentario quedó sellado durante la 10.ª Sesión Ordinaria. Al inicio del debate, el diputado Gustavo Usín presentó una moción para omitir la lectura del Orden del Día y dar por aprobado el temario impreso en las bancas. En esa nómina oficial, la Presidencia de la Cámara le había asignado previamente a la solicitud de Jáchal el destino administrativo «A Conocimiento». Esta figura implica que el documento se toma por recibido en la Secretaría Legislativa, pero no se deriva a comisiones de trabajo como Minería, Ambiente o Asuntos Municipales.
Los reclamos de la presentación formal: ley provincial e informe técnico
El Expediente N.º 2243-2026 señaló el procedimiento de participación ciudadana instrumentado por la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. La autoridad minera provincial otorgó un plazo de cinco días hábiles.
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Frente a esto, la presentación de la Asamblea exigió un abordaje legislativo integral con tres requerimientos centrales:
- Elevación de la normativa municipal a Ley Provincial: Transformar en norma provincial la Ordenanza Municipal N.º 3172 de Jáchal para otorgar blindaje cartográfico georreferenciado a la zona de recarga del acuífero Pampa del Chañar y la subcuenca del río Las Carretas. Articulando esta protección con las ordenanzas históricas 2694 (Programa Agua Segura) y 2814 (Creación del Procurador Municipal Ambiental).
- Pedido de informes oficial (Art. 149 CP): Exigir al Ministerio de Minería la entrega del expediente completo N.º 1100-000293-2026, los dictámenes técnicos emitidos, las coordenadas oficiales de las perforaciones y el estado de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- Citación de organismos técnicos e inspección territorial: Convocar a las autoridades del Instituto Nacional del Agua (INA), OSSE, INPRES y la Secretaría de Ambiente. Además de constituir una comisión especial para realizar una verificación física en el departamento Jáchal antes de cualquier resolución.
«Resulta imperioso que la Cámara de Diputados requiera un informe urgente y documentado al Poder Ejecutivo sobre el estado de tramitación del expediente ‘Nuevo Panacán’. Garantizando que no se apruebe ninguna Declaración de Impacto Ambiental sin la debida fiscalización técnica y la transformación de la Ordenanza 3172 en una ley provincial de protección hídrica», sostuvo Faustino Esquivel en la presentación dirigida al cuerpo legislativo.
El pedido no se limitó al edificio de la Legislatura. Copias de idéntico tenor fueron entregadas formalmente en la Mesa de Entradas de la Gobernación, dirigidas al gobernador Marcelo Orrego; al despacho del vicegobernador y presidente de la Cámara, Fabián Martín; y ante la Defensoría del Pueblo, organismo a cargo de Pablo García Nieto. Esto para exigir la tutela de los derechos colectivos ambientales de la comunidad jachallera.
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«Requerimos la citación de los titulares del Ministerio de Minería, la Secretaría de Ambiente, OSSE, el INA y el INPRES. Así como la constitución de una comisión especial que efectúe una inspección territorial en Jáchal antes de emitir cualquier dictamen», remarcó el letrado Horacio Rodríguez del Cid en el texto ingresado a la Cámara.
¿Qué es Nuevo Panacán?
El proyecto denominado Nuevo Panacán comprende una solicitud de permisos de prospección y exploración minera que abarca una extensión de 60.000 hectáreas situadas en el departamento Jáchal. El área de los pedimentos solicitados se superpone en un 53% con sectores de la cuenca hídrica departamental. Incluyendo áreas de amortiguación y zonas asociadas al escurrimiento subterráneo hacia la Pampa del Chañar.
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Las actuaciones administrativas tramitadas en el expediente minero provincial revelan que el emprendimiento está registrado a nombre de la firma NUEVO PANACAN. Constituida mediante la figura jurídica de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) y representada técnicamente por el geólogo Julián Maidana.
A través de esta figura, la empresa presentó el correspondiente Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero con el objetivo de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilite las etapas de perforación y muestreo de suelo. Según la Asamblea, la falta de un estudio de impacto ambiental acumulativo y la velocidad del trámite administrativo fue lo que motivó su reclamo ante las autoridades provinciales.
Preocupación por la reserva hídrica de Jáchal
El foco de la preocupación comunitaria y técnica radica en la vulnerabilidad de este sistema hidrológico. Esto frente a eventuales perforaciones de prospección o requerimientos de bombeo de agua en la zona de recarga del acuífero Pampa del Chañar y la subcuenca del río Las Carretas. Esta reserva subterránea constituye la principal fuente de abastecimiento de agua potable e irrigación agrícola para la población del departamento.
El propio expediente cita los informes técnicos RR-653 e IT-421 elaborados por el Instituto Nacional del Agua (INA). Los mismos caracterizan al acuífero como un sistema hidrológico libre, altamente vulnerable a procesos de contaminación externa y carente de series hidrogeológicas actualizadas.
El archivo del expediente bajo la carátula «A Conocimiento» deja a la Legislatura sin intervención directa sobre los controles de la cuenca. La tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental sigue su curso en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. La Asamblea evalúa acudir a la Corte de Justicia de San Juan invocando los estándares del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) para solicitar una medida cautelar de protección sobre las fuentes hídricas de Jáchal.
Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. Desde San Juan, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.