El presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio del departamento Iglesia (AITURIC) cuestiona el modelo actual de licencia social y propone transformar la actividad en un proceso técnico medible. Advierte que sin licitaciones públicas y arraigo efectivo, la riqueza de las minas seguirá fluyendo hacia San Juan capital o el exterior, dejando solo deudas sociales en la zona de influencia.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Tras 20 años de minería, el departamento de Iglesia persiste como el más pobre de la provincia. Víctor Alberto Grau propone sustituir la «licencia social» abstracta por un contrato auditado con puntaje por empleo local y radicación física, evitando que el capital emigre sin generar infraestructura ni desarrollo humano genuino en el territorio.
El modelo africano en el corazón de los Andes sanjuaninos
Según el análisis de Víctor Alberto Grau, existen dos espejos donde mirarse a nivel global. Por un lado, el modelo de Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Noruega (donde el desarrollo es integral) y, por otro, el modelo de África (representado por Mozambique o Tanzania) donde el pozo minero convive con la miseria extrema. «Bien, ese es el modelo al cual nosotros nos estamos acercando» asegura Grau con crudeza.
Esta situación se fundamenta en la carencia de lo que él denomina un contrato social, un término que en los países líderes de la industria reemplaza a la ambigua «licencia social». En esos lugares, el pueblo determina bajo qué condiciones quiere la actividad, exigiendo que la construcción y el arraigo se realicen en el lugar donde está la mina, y no a cientos de kilómetros. Según el representante de AITURIC, en la actualidad, la licencia social en Argentina es un concepto abstracto definido unilateralmente por las empresas mineras, quienes la miden únicamente por la ausencia de conflictos sociales o piquetes.
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«Lo que está instalado en iglesia es el pozo, el agujero, donde sacan el mineral, nada más, porque las oficinas están todas en San Juan (…) tenemos que tratar la licencia social como un activo»
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La licencia social como activo o pasivo auditable
«En la ciudad de San Juan se lucen obras de gran envergadura como la Ruta 40 o la Circunvalación, en el departamento iglesiano (donde se extrae el oro que alimenta a la provincia) no se ha hecho nada significativo«, sentencia el dirigente.
El fracaso del arraigo y el caso de las empresas «disfrazadas»
El departamento cuenta con 9.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 1.000 personas se encuentran desocupadas o en condiciones laborales irregulares. Es una cifra alarmante considerando que el universo de trabajadores reales oscila entre los 2.000 individuos. La solución, según el dirigente, no es compleja pero requiere voluntad política y empresarial para que los proveedores de servicios se radiquen físicamente en la zona y no solo mantengan un domicilio fiscal ficticio. En este sentido, denuncia la existencia de empresarios de la capital o del exterior «disfrazados de iglesianos» que declaran domicilios inexistentes para captar negocios sin dejar beneficios en la comunidad.
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Licitaciones públicas: el fin de los «kiosquitos» internos
Otro punto neurálgico del reclamo de AITURIC es la opacidad en las contrataciones de las operadoras mineras. Dado que el recurso mineral es un bien público, Grau sostiene que las licitaciones deben ser abiertas y públicas, similares a las del Estado. «Se decide quién gana y quién pierde en una habitación. No hay un puntaje claro» cuestiona sobre los procesos actuales donde las empresas locales compiten en desventaja y sin devoluciones técnicas sobre sus ofertas.
La propuesta técnica consiste en un sistema de puntajes, así el desarrollo del proveedor local sería inevitable. Mientras Iglesia espera desde hace 20 años por un Parque Industrial que nunca llega. Es paradójico que departamentos como Albardón, Angaco o Jáchal (este último con el proyecto Gualcamayo) tengan o proyecten sus parques, mientras que la zona que albergará seis minas de clase mundial (incluyendo Barrick, Vicuña, TMT y Fortescue) siga en el abandono institucional.
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La propuesta de AITURIC pone sobre la mesa que la minería por sí sola no genera desarrollo si no existe un marco institucional que obligue a la radicación de valor en el territorio. Si se lograran implementar licitaciones transparentes y un contrato social auditable, el departamento podría triplicar su población y consolidar un ecosistema económico autónomo en apenas un lustro. De lo contrario, Iglesia seguirá siendo el espejo del modelo extractivista más rancio, donde la riqueza se exporta y la precariedad se vuelve el único legado para las generaciones futuras.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.