El crecimiento de los proyectos mineros empieza a exigir algo más que abogados preparados para litigar. Prevención laboral, compliance, seguridad, gestión territorial y relaciones comunitarias aparecen como nuevas capas de una práctica jurídica cada vez más integrada.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La escala de la minería en San Juan exige una transformación en los servicios jurídicos: el paso del litigio reactivo a la prevención integral. El asesoramiento a operadoras y proveedores se reconfigura hoy en torno a cinco ejes: derecho laboral preventivo, compliance corporativo, capacitación interna, gestión de riesgos y desarrollo territorial comunitario.
Durante décadas, buena parte del ejercicio jurídico empresario se organizó alrededor de una lógica conocida: aparece el conflicto, llega la consulta y comienza la defensa. Para el abogado Emilio Moyano, la escala que puede alcanzar la minería en San Juan obliga a revisar ese esquema. “La decisión maduró al constatar una transformación profunda en las exigencias del mercado corporativo sanjuanino”, explicó.
Desde su perspectiva, un modelo concentrado en “resolver el conflicto una vez judicializado” resulta insuficiente frente a compañías que necesitan sostener operaciones continuas, coordinar proveedores y responder a exigencias laborales, organizacionales y regulatorias cada vez más complejas.
Del litigio reactivo a la anticipación del conflicto
Moyano sostiene que las empresas empiezan a priorizar “asesoramiento preventivo, capacitación permanente y acompañamiento estratégico para minimizar riesgos legales y fortalecer internamente su estructura organizacional”.
En este sentido, la minería profundiza esa necesidad porque una operación involucra cronogramas, contratistas, personal, documentación y estándares de cumplimiento que funcionan de manera interrelacionada. Según el abogado, el auge de proyectos de mayor escala y el crecimiento de proveedores locales fueron “la señal inequívoca de que las empresas no pueden permitirse parálisis operativas por contingencias legales evitables”.
En vez de esperar el pleito, el abogado empieza a trabajar previamente sobre contratos, reglamentos internos, auditorías, protocolos y procedimientos capaces de detectar riesgos antes de que escalen. “No estructuramos estas áreas para ‘ganar juicios”, explicó Moyano al describir una lógica orientada a reducir la aparición de conflictos mediante acciones preventivas.
Los ejes que redefinen el asesoramiento en torno a la mina
Según relata el abogado, para dar respuesta a los estándares corporativos actuales, «el acompañamiento legal a empresas y contratistas puede articularse en dimensiones operativas»:
- Derecho laboral preventivo: Implementación de auditorías periódicas, revisión contractual exhaustiva y diseño de reglamentos internos orientados a neutralizar contingencias antes de que deriven en reclamos.
- Capacitación y formación técnica: Actualización continua de mandos medios y personal en legislación laboral, régimen disciplinario, normativas de higiene y seguridad, y funcionamiento práctico del sistema de ART en alta montaña.
- Consultoría organizacional y compliance: Auditorías de gestión documental, estandarización de manuales de procedimientos y adecuación a los protocolos de cumplimiento exigidos por las compañías matrices.
- Desarrollo territorial e inversión social: Lectura del entorno social fuera del campamento, que incluye diagnósticos territoriales, mapeo de actores clave y articulación de programas de diálogo y relacionamiento comunitario.
- Práctica sectorial minera: Asistencia legal continua enfocada en la especificidad de los contratos mineros, permisos operativos y el seguimiento preventivo de la actividad en terreno.
Frente a este escenario, Moyano plantea que la actividad demanda una transición profunda: superar la figura del abogado generalista tradicional para consolidar esquemas multidisciplinarios de consultoría jurídica, técnica y organizacional capaces de dialogar con las gerencias operativas.
Laboral y compliance: las principales brechas preventivas
“La mayoría de los profesionales del derecho se concentran únicamente en la defensa ante demandas de despido o accidentes una vez que el problema ha estallado”, consideró. Puntualmente, una de las principales brechas que observa está en la falta de cultura de auditoría laboral y compliance. Es decir, revisar con anticipación cómo funciona una empresa, qué obligaciones debe cumplir, dónde existen desvíos y qué documentación podría transformarse posteriormente en una contingencia.
A esto suma la ausencia o debilidad de procedimientos internos. Según su diagnóstico, las compañías internacionales trasladan exigencias documentales y corporativas hacia su cadena de valor, lo que obliga a proveedores locales a ordenar manuales, protocolos y sistemas de cumplimiento.
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Por qué conocer el Código de Minería ya no alcanza
“Conocer el Código de Minería y la legislación de fondo es apenas el punto de partida; resulta totalmente insuficiente para la práctica real”, planteó. Desde esa perspectiva, la abogacía minera en San Juan empieza a exigir conocimientos que van más allá de las normas específicas del sector.
Uno de ellos es la gestión del conflicto, liderazgo y comunicación interna. En organizaciones donde conviven personal propio, contratistas y distintos niveles de responsabilidad, comprender dinámicas de negociación y prevención de fricciones pasa a formar parte del asesoramiento.
Por su parte, higiene, seguridad y riesgos del trabajo aparecen como otro eje. Según Moyano, se necesita conocer “el funcionamiento práctico de las ART y las regulaciones preventivas específicas de la actividad minera y de alta montaña, ya que se suele ignorar la aplicación proactiva de normas de higiene y seguridad para evitar accidentes y enfermedades laborales».
Por otra parte es importante considerar el componente territorial. “La viabilidad de un proyecto minero depende tanto de la ley escrita como de su legitimidad social”, sostuvo. Por eso es determinante incorporar conocimientos sobre diagnóstico territorial, participación ciudadana, mapeo de actores y relaciones comunitarias.
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El rol legal dentro de la mesa de decisiones
Para Moyano, el cambio de paradigma es claro:
“Los estudios líderes dejarán de medir su éxito por la cantidad de pleitos activos en los tribunales”.
En su lugar, prevé un mayor peso del asesoramiento corporativo permanente y de la consultoría vinculada con proyectos específicos. Bajo ese modelo, la empresa no recurriría al abogado solamente después de recibir una demanda, sino durante la elaboración de procedimientos, contratos y decisiones internas.
El segundo cambio estaría en la posición del profesional dentro de la organización. “El abogado ya no será un consultor externo al que se llama ante una emergencia; será un asesor estratégico integrado en la mesa de decisiones de las empresas”, señaló.
Moyano considera que los esquemas de asesoramiento mensual y consultoría permiten construir relaciones más prolongadas con los clientes y disminuir la dependencia de ingresos ligados exclusivamente al litigio.
Si la actividad minera escala en San Juan, la especialización profesional probablemente ya no se defina únicamente por conocer la legislación del sector. También dependerá de la capacidad para anticipar contingencias, comprender la lógica empresarial, trabajar con otras disciplinas y participar de las decisiones antes de que el problema termine convertido en un expediente judicial.
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Periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en Comunicación Política y Medios Digitales. Se desempeña, desde hace más de 8 años, en periodismo, comunicación digital y gestión de redes sociales. Actualmente forma parte de Acero y Roca, medio especializado en la actualidad minera. Su trayectoria combina el trabajo periodístico con la comunicación estratégica y la creación de contenidos.