El presidente de AITURIC advierte que la asimetría fiscal del 50% condena a los proveedores de Iglesia. Denuncia que, tras 20 años de minería y 90.000 millones de dólares extraídos, el departamento sigue sumido en un 70% de pobreza. Esto acentúa la crisis de proveedores mineros.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Alberto Grau, líder de AITURIC, tilda de «absurda» la nueva ley provincial ante el avance del RIGI. Con una carga impositiva del 50%, los locales no pueden competir con firmas extranjeras. Exige dejar de usar regalías para clientelismo y construir la infraestructura que Iglesia necesita para dejar de ser pobre.
El laberinto semántico de la ley y la trampa de lo local
La reciente convocatoria del Ministerio de Minería para discutir la Ley de Desarrollo Local no dejó conformes a los representantes del sector productivo en el norte sanjuanino. Alberto Grau, presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC), fue tajante al señalar que la norma nace con vicios de origen que perjudican directamente al territorio donde se asientan los proyectos.
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Para Grau, el espíritu de la ley puede ser loable, pero su redacción es técnica y políticamente deficiente. «La ley presenta graves errores de redacción, de conceptos y de semántica con la palabra local. Eso genera una ambigüedad terrible», explicó el dirigente. El nudo del conflicto radica en que la normativa establece categorías que diluyen la prioridad del departamento afectado. Según el titular de AITURIC, en el caso del proyecto Vicuña, la ambigüedad permite que la Ciudad de San Juan termine siendo «local uno» o «local cero», desplazando a Iglesia a una segunda instancia de prioridad.
Además del problema terminológico, la carga administrativa que se pretende imponer a las operadoras mineras parece desconectada de la realidad operativa. Grau describió un panorama de «burocracia absurda y espantosa» que obligaría a las empresas a montar departamentos de auditoría interna permanentes solo para informar al Estado sus contrataciones. «A las empresas les va a salir mucho más caro que pagar una multa de 6 millones de pesos. Yo creo que van a dejar adelantadas las multas para que no les rompan la pelota», sentenció con dureza.
El choque frontal con el RIGI y una ley provincial inaplicable
La implementación del RIGI a nivel nacional ha cambiado las reglas del juego, dejando a la legislación provincial en una posición de extrema debilidad jurídica. Alberto Grau no dudó en calificar el intento de avanzar con una ley local como una maniobra «demagógica» que busca calmar a los proveedores sin ofrecer soluciones reales.
«Es inaplicable esa ley en el marco del RIGI. Lo único que va a generar son litigios y conflictos», advirtió. El razonamiento de AITURIC es simple: si un proyecto como Vicuña ya tiene garantizado un marco legal nacional por inversiones de 18.000 millones de dólares, la provincia no puede imponer condiciones que colisionen con esos derechos adquiridos. «Es absurdo. Primero nos pedían que nos adhiriéramos al RIGI y ahora que salió, vienen y dicen que vamos a hacer una ley provincial. Para eso no adhieras«, reclamó Grau a las autoridades.
Esta falta de sintonía normativa deja a los proveedores locales en un limbo legal donde las promesas de «cupos» se desvanecen ante la realidad de los contratos internacionales, como ocurrió con la adjudicación del campamento a la firma PowerChina.
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La asimetría fiscal es el verdadero muro para competir
Uno de los puntos más críticos del testimonio de Grau es la desmitificación de la «falta de competitividad» de los sanjuaninos. Frente a los dichos de José Luis Morea, Country Director de Vicuña, quien cuestionó públicamente por qué los argentinos no son más competitivos, el presidente de AITURIC puso sobre la mesa datos contundentes sobre la presión impositiva.
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«Nosotros ante el RIGI tenemos una diferencia de precio porque ellos no pagan impuestos y nosotros sí», denunció. Mientras que una pequeña o mediana empresa de Iglesia enfrenta una carga impositiva cercana al 50%, las empresas extranjeras o aquellas bajo regímenes especiales operan con un 19% o 20%. «En servicios específicos como el alquiler de camionetas, esta brecha del 30% hace que sea imposible ganar una licitación por precio, aun cuando la calidad del servicio sea igual o superior».
Grau fue claro: «Todo lo demás es competitivo. El problema es el enorme impuesto que nosotros pagamos«. Para el sector, hablar de competitividad sin abordar la reforma fiscal es una forma de «demagogia» que ignora deliberadamente las reglas de juego desiguales que asfixian al empresariado local.
El fracaso del modelo con 70% de pobreza en Iglesia
Quizás el dato más doloroso y revelador de la entrevista sea el balance social tras dos décadas de explotación minera intensiva en el departamento. A pesar de los 20 años de presencia de Barrick y la salida de aproximadamente 90.000 millones de dólares en metales, Iglesia no ha logrado despegar.
«Seguimos con un 70% de pobreza. Iglesia es un departamento pobre y eso no es culpa de la minera, es culpa de los políticos», disparó Grau. El dirigente denunció una falta total de visión estratégica por parte de la intendencia y el gobierno provincial, señalando que la plata de las regalías se mantiene en «plazos fijos para generar intereses que luego se usan para comprar bolsas de comida y comprar votos».
Para AITURIC, el desarrollo real requiere infraestructura que hoy es inexistente: Iglesia no cuenta con una terminal de ómnibus adecuada, carece de un parque industrial, de un aeropuerto y de la planificación necesaria para que su población, hoy de 10.000 habitantes, pueda triplicarse y generar un ecosistema económico sostenible.
Un futuro sin esperanza de cambio inmediato
Hacia el cierre de la charla, el tono de Alberto Grau se tornó sombrío respecto a lo que resta del año. Con una agenda marcada por la incertidumbre y reuniones que califica como carentes de una «intención genuina de escuchar«, el optimismo es un recurso escaso en el norte sanjuanino.
«No guardo muchas esperanzas de que esto cambie porque veo todo con un criterio muy poco estudiado, muy fanatizado», confesó. El eje de lucha de AITURIC seguirá siendo la exigencia de definiciones claras y una visión de Estado que trascienda el cortoplacismo electoral. Para los proveedores, la «suerte de tener una cordillera de metales valiosos» se convierte en una oportunidad perdida si no se sabe cómo trabajarlo con una estrategia que incluya a los propios sanjuaninos.
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La reflexión final de Grau resuena como una advertencia para toda la industria: sin licencia social basada en el desarrollo real y no en el asistencialismo, el conflicto será la única constante en la minería de San Juan
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.