Por David Balderrama
Emiliano Muñoz explica el sistema de concesión legal y la importancia de la regularización dominial para evitar litigios millonarios, asegurando que el Estado provincial garantiza la propiedad del subsuelo sin necesidad de expropiaciones forzosas en el territorio sanjuanino.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La minería en San Juan opera bajo un sistema de concesión legal, donde el Estado es dueño del subsuelo. Los escribanos aseguran la trazabilidad de títulos para proteger inversiones extranjeras, facilitando la convivencia con el superficiario y eliminando riesgos de paralización por títulos irregulares o antiguos
La arquitectura jurídica detrás de los yacimientos de oro y cobre
En un escenario donde San Juan se posiciona como el motor del cobre argentino, la llegada de capitales por los recientes descubrimientos exige garantías. La labor del escribano, a menudo reducida a la certificación de firmas, es en realidad un componente estructural y un aliado estratégico en proyectos de alta inversión y largo plazo.
Según explica el escribano y abogado Emiliano Muñoz, la intervención notarial es lo que permite que un proyecto sea sólido, trazable y oponible a terceros. Esta solidez documental no es un simple trámite, sino que forma parte del activo mismo del proyecto.
«Un proyecto minero atraviesa múltiples etapas, desde el cateo hasta la explotación y transferencia. En cada una de ellas, se celebran actos jurídicos que deben ser sólidos, trazables y oponibles a terceros»
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El sistema de concesión legal: el Estado como dueño del subsuelo
Una de las mayores precisiones técnicas que aporta Muñoz en su análisis es el funcionamiento del sistema minero en la República Argentina. A diferencia de otros regímenes, aquí se aplica el mecanismo de la concesión legal.
«Todo lo que hay debajo de la tierra, es decir, todos los minerales, todo aquello que se encuentra en el subsuelo, es del estado, en este caso el estado de la provincia de San Juan». Esto significa que cualquier interesado en explorar debe solicitar un permiso de cateo ante la autoridad minera. Sin embargo, la seguridad jurídica depende de que el territorio donde se realice la actividad tenga su aspecto dominial jurídico en condiciones.
El permiso de cateo o exploración es un derecho legal y administrativo otorgado por el Estado provincial que da exclusividad para buscar y estudiar minerales en un terreno determinado, sin hacer propietario al buscador del suelo ni permitir la extracción comercial de minerales.
Qué implica el cateo
- Exclusividad técnica: Nadie más puede explorar en esa misma área mientras el permiso esté vigente.
- Prohibición de extracción: No se pueden extraer ni vender minerales; el fin es netamente de investigación.
- Plazo limitado: Se otorga por un tiempo fijo estipulado por ley.
Cómo se obtiene en San Juan
El trámite se gestiona de manera formal ante la autoridad minera provincial (Ministerio de Minería) bajo los lineamientos del Código de Minería y la ley local. Los pasos y requisitos principales son:
- Presentación de solicitud: Completar los formularios oficiales por triplicado con datos personales, legales y el objetivo de la petición.
- Delimitación del área: Indicar las coordenadas exactas de los vértices del terreno solicitado.
- Programa mínimo de trabajos: Acompañar un plan técnico de exploración que detalle las inversiones estimadas y los equipos a usar.
- Pago de canon: Presentar la constancia del pago provisional del canon de exploración correspondiente a las unidades de medida pedidas.
- Verificación de prioridad: La orden de llegada y registro de la solicitud en la mesa de entrada determina la prioridad del derecho.
Desmitificando la expropiación: la convivencia con el superficiario
Existe una confusión recurrente sobre si el Estado debe expropiar tierras privadas para permitir la minería. Muñoz explica que en la actividad minera, el Estado no lleva a cabo una actividad expropiatoria. «En este caso la expropiación propiamente dicha no sería necesaria, ya que el Estado es propietario de todo lo que es minerales».
Lo que ocurre es que el Estado concede a un particular la autorización para extraer minerales, pero ese minero debe interactuar necesariamente con el superficiario, (el dueño de la superficie). Dado que los campamentos, las instalaciones y todo el desarrollo material se asientan sobre la corteza terrestre, la comunicación con el titular registral, el poseedor o los herederos es una obligación legal.
Títulos antiguos y el desafío de las «Mercedes Reales»
En zonas rurales de San Juan, es común encontrar inmuebles con títulos que datan de siglos atrás, conocidos como Mercedes reales. En estos casos, donde el titular original puede haber fallecido hace décadas, el rol del escribano se vuelve detectivesco. Debe analizar escrituras, antecedentes y situaciones de dominio que afecten el área inmobiliaria.
Si el titular no existe, el proceso debe seguirse a través de sus herederos judicialmente declarados. «Eventualmente ante una situación irregular o de propietario desconocido y demás, será la autoridad minera la que deba garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de esa exploración en ese inmueble».
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Riesgos de omitir el asesoramiento y el camino a la digitalización
Para el capital extranjero, la fe pública del sistema notarial argentino es un requisito excluyente para otorgar ejecutabilidad a los instrumentos y facilitar el financiamiento internacional. Omitir este asesoramiento especializado puede derivar en litigios millonarios debido a la deficiente identificación del derecho minero o la falta de verificación de inhibiciones.
El principal desafío actual, según señala Muñoz, no es la falta de leyes, sino la necesidad de aplicarlas con agilidad. Las demoras administrativas y la falta de integración digital generan una incertidumbre que podría resolverse simplificando procesos y digitalizando circuitos. «La solidez documental es parte del activo del proyecto», y esa solidez hoy demanda una respuesta estatal más veloz.
La seguridad jurídica en la minería de San Juan no se agota en la firma de un contrato; es un proceso continuo que une la geología con la arquitectura jurídica. Mientras el Estado mantenga su rol como dueño del subsuelo y garante de la concesión legal, la figura del escribano seguirá siendo el puente indispensable para que el dueño de la tierra y el inversor minero convivan sin conflictos. En una industria de largo aliento, asegurar la legalidad de los yacimientos es, en última instancia, blindar el futuro económico de toda la provincia.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.