El Ministerio de Producción remitió el plano de mensura de las 110 hectáreas al Tribunal de Tasaciones, para fijar su valor fiscal. La provincia aclaró la arquitectura financiera del predio: adelantará obras clave, pero exigirá la devolución del capital al privado que gane la concesión.
Un paso clave en un poyecto a largo plazo
El proyecto para poner en marcha la Zona Franca de Jáchal dio un paso decisivo en su engranaje legal. Tras culminar la reconstrucción técnica de los planos de mensura sobre las 110 hectáreas destinadas al complejo, el expediente fue remitido formalmente al Tribunal de Tasaciones de la Provincia para determinar la valuación fiscal del inmueble. El procedimiento es el requisito indispensable para que el Estado provincial asigne el presupuesto definitivo y habilite a la Fiscalía de Estado a iniciar el juicio de expropiación que otorgará la posesión del terreno.
En paralelo a la instancia judicial, la administración provincial definió la ingeniería económica que sustentará el predio. Para evitar demoras en los plazos de ejecución, el Estado gestiona la solicitud de financiamiento de las obras iniciales de infraestructura mediante fondos de la minería, aunque fijó una premisa estricta: los recursos no constituirán un subsidio a fondo perdido, sino un adelanto financiero que el futuro operador privado deberá devolver al erario público.
«Son terrenos muy viejos, campos de gente que ha vivido tal vez hace un siglo allá y estaban muy flojitos de papeles, entonces lo tuvimos que reconstruir. Un apellido era Llandera, que me parece que tiene descendientes en Mendoza, pero no sabemos si se van a presentar o no al juicio».
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Tasación y expropiación: el saneamiento de las 110 hectáreas
Al tratarse de terrenos antiguos que carecían de mensura actualizada, la provincia debió contratar a un profesional agrimensor de la zona para rehacer los planos y someterlos a la verificación técnica de la Dirección de Hidráulica y la Dirección de Geodesia y Catastro.
“Para el plano de mensura que contratamos a un agrimensor de Jáchal. Para hacerlo de modo correcto fue a Hidráulica para que revise si en el terreno no hay bajadas de crecientes, entre otras posibles dificultades. Eso se demoró como dos meses. Luego pasó a Catastro y se salvaron algunas observaciones. Hoy ya tenemos plano de mensura”, detalló el secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alfredo Aciar a ACERO Y ROCA.
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«Con este plano de mensura se va al Tribunal de Tasaciones para que diga cuánto vale. Luego a Hacienda para que haga la imputación presupuestaria que la ley ordena y, con el presupuesto asignado, se le manda el expediente al fiscal de Estado para que inicie el juicio de expropiación”, explicó el funcionario sobre los pasos que quedan. El objetivo central del proceso judicial radica en obtener la posesión judicial del predio para permitir el ingreso de maquinaria pesada. Según el esquema trazado por el Ejecutivo, la titularidad legal definitiva y la aparición de eventuales herederos o reclamantes privados se dirimirán en los tribunales sin paralizar los trabajos en el terreno.
El esquema financiero: gestión ante fondos mineros con devolución obligatoria
La estrategia de infraestructura contempla la ejecución de un proyecto ejecutivo articulado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Planificación. Mientras se definen los renders finales del portal de acceso, cerramientos y calles internas, la provincia presentó el presupuesto preliminar ante el Comité del Fideicomiso Veladero para evaluar el acompañamiento financiero en la ejecución de los trabajos preliminares.
“La provincia no tiene por qué hacer las obras de construcción y operación de la Zona Franca, eso es responsabilidad de la empresa que gane la licitación. Pero si esperamos a licitar para recién hacer la obra, se va a demorar. Entonces, cuando nos den el acto de posesión, pensamos entrar a hacer obras por cuenta y orden del futuro concesionario”, sostuvo Aciar.
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El mecanismo estipula tres vías contractuales para que el operador privado restituya los fondos anticipados por el Estado:
- Reembolso en efectivo: Pago directo del capital en cuotas estipuladas en el pliego de concesión.
- Compensación de infraestructura: Ejecución de obras complementarias de valor equivalente dentro del predio.
- Ajuste del canon y tarifario: Descuentos o incrementos en el canon concesional que la empresa abonará a la provincia, o regulación de las tarifas de alquiler de galpones cobradas a las industrias que se instalen.
Los tres ejes en paralelo y el rol del Municipio de Jáchal
El avance del complejo industrial requiere el encaje simultáneo de tres procedimientos:
- El frente judicial local: La finalización de la tasación formal y la obtención de la posesión del terreno a través de la Fiscalía de Estado.
- El frente de infraestructura: La aprobación del proyecto ejecutivo y la solicitud de asistencia financiera ante los fideicomisos mineros.
- El frente regulatorio nacional: La validación del Reglamento Operativo de Funcionamiento ante la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, documento clave que acompañará el pliego de licitación pública internacional.
“El reglamento operativo es muy relevante porque es lo que se puede hacer o no dentro de la Zona Franca. Ese expediente va a Nación, que tiene que avalar que el reglamento esté dentro de la ley nacional. Cuando todos esos procesos lleguen a término, la Zona Franca estará funcionando”, expresó Aciar.
Una vez adjudicado el predio y en fase de explotación, la fiscalización diaria no quedará a criterio exclusivo de la empresa privada. La gobernanza del espacio estará custodiada por un Comité de Vigilancia con integración estatal y municipal. Junto con el operador definirán qué empresas entran y cuáles no, y aprobarán las tarifas que la empresa cobrará a los privados. A su vez, la empresa no podrá subir los precios sin que lo apruebe el comité.
La llegada del expediente de la Zona Franca de Jáchal al Tribunal de Tasaciones marca la salida del proyecto de su fase meramente declarativa para ingresar en su etapa de ejecución administrativa y financiera. La combinación de un juicio de expropiación ágil junto con un esquema de financiamiento puente con reembolso obligatorio busca sortear las históricas demoras burocráticas que paralizaron la iniciativa durante décadas.
La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación debe convalidar el reglamento operativo en los plazos previstos, así, la provincia quedará en condiciones de licitar un polo logístico e industrial clave para el desarrollo minero del norte sanjuanino, respaldado por un esquema de recupero que preserva el patrimonio público estatal.
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Periodista especializado en minería, ambiente, ciencia y economía. Desde San Juan, cubre la actividad minera con mirada crítica y enfoque en sus impactos, oportunidades y protagonistas, buscando explicar los procesos detrás de cada proyecto y acercar información rigurosa a la comunidad.