La cordillera mendocina vuelve a ser el epicentro de un debate profundo sobre el uso del suelo, los recursos naturales y los modelos de desarrollo económico. En esta oportunidad, el departamento de San Carlos, históricamente reconocido como un bastión antiminero y cuna de la resistencia legislativa, se encuentra en el centro de una controversia territorial singular.
Por un lado, la superficie es el lienzo elegido por personalidades del ámbito empresarial para consolidar un refugio ecológico y de conservación. Por el otro, el subsuelo despierta el interés corporativo a través de solicitudes de exploración metalífera que reavivan tensiones políticas e históricas largamente debatidas en la provincia.
Dos conceptos en tensión: La utopía verde frente a la fiebre extractiva
El territorio sancarlino encapsula una contradicción geográfica evidente y compleja. En la superficie, se apunta hacia una visión idílica y de baja intervención humana. Emprendimientos de perfil turístico y residencial como Wamani, impulsados por referentes del sector tecnológico como el empresario Martín Varsavsky junto a socios locales y extranjeros, buscan erigir un santuario natural de preservación y exclusividad en pleno Valle de Uco. Esta perspectiva prioriza el resguardo hídrico de la cuenca, la protección paisajística y el desarrollo sustentable, blindando el entorno de actividades industriales pesadas.
En contraposición, registros recientes de exploración minera conocidos como: “Sofía 1” y “Mía 1”, solicitados por Gustavo y Marcelo Sued a través de la firma Sued Mining S.A.S., abarcan una superficie superior a las 17.000 hectáreas.
Estos pedidos, situados geográficamente a escasos siete kilómetros de los límites de la Reserva Laguna del Diamante, rozan una zona de alta sensibilidad hídrica y ambiental. Mientras los inversores de la superficie conciben el lugar como un refugio de baja escala, quienes solicitan el subsuelo observan en el mismo cordón montañoso un potencial estratégico para la extracción de cobre y minerales críticos.
El marco legal y la escisión entre superficie y recursos
Uno de los aspectos jurídicos más complejos que expone este conflicto está vinculado con la histórica disociación normativa que rige en la legislación argentina. Ser titular de la superficie de un terreno no genera de manera automática derechos sobre los recursos minerales o hidrocarburíferos alojados en el subsuelo. Los cuales pertenecen originariamente al Estado.
No obstante, esta superposición de intereses obliga a que los superficiarios y los actores mineros tengan que negociar. Este escenario ya tiene antecedentes de convivencia y litigio en otros puntos de la geografía mendocina, como por ejemplo en la reserva privada de Villavicencio.
En este contexto, el propio Martín Varsavsky manifestó públicamente su posición al enterarse de los cateos, señalando que carece de intenciones de desarrollar actividades extractivas en sus tierras y que, si pudiera, prohibiría la minería en Wamani.
Sin embargo, la normativa vigente impide vetar de hecho un proceso de solicitud si el área se encuentra vacante y habilitada para el registro catastral minero.
Un archivo político que incomoda al oficialismo
La aparición de estos proyectos en San Carlos altera el libreto diseñado por la administración provincial para la reactivación de la industria minera. Actualmente, el auge mendocino se concentra principalmente en los distritos Minero Occidental en Malargüe y Norte en Las Heras, dejando deliberadamente al Valle de Uco fuera de las zonas prioritarias de impulso ejecutivo.
A principios de los años 2000, la disputa por la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante, impulsada mediante la ley 7422 bajo el impulso de referentes como el entonces legislador Alfredo Cornejo, buscó proteger el valor hídrico y paisajístico frente al avance de cateos mineros previos.
Aquellos litigios judiciales, que incluyeron reclamos del propio Ejército Argentino ante la Corte Suprema, precedieron a la sanción de la emblemática ley 7722, configurando el mapa de restricciones que hoy define la política ambiental de la provincia.
Desafíos de convivencia en la cordillera mendocina
En definitiva, el caso de San Carlos demuestra que la transición hacia una nueva matriz productiva en Mendoza no está libre de fricciones conceptuales profundas. La coexistencia entre el turismo de alta gama, la preservación ecológica y la exploración metalífera plantea un interrogante sobre el ordenamiento territorial.
Las autoridades provinciales deberán navegar con cautela administrativa y política para equilibrar el respeto por las normativas ambientales vigentes, el derecho a la propiedad superficial y las expectativas de desarrollo que despierta el subsuelo cordillerano en plena era de reactivación minera.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.